Almería: un presidente del PP detenido por corrupción en plena crisis sanitaria andaluza 

El PP se hunde entre comisiones, obras amañadas y un deterioro institucional que ya no pueden ocultar

El partido intenta contener la hemorragia, pero la raíz está podrida.

LO QUE LA INVESTIGACIÓN HA SACADO A LA LUZ

La UCO ha necesitado casi cinco años para desenterrar lo que la derecha andaluza llevaba décadas enterrando bajo capas de clientelismo. La trama que ahora sale a la luz no es un descuido. No es una manzana podrida. Es un sistema organizado de adjudicaciones fraudulentas en la Diputación de Almería, un mecanismo aceitado desde hace años para enriquecer a unos pocos a costa del dinero público.

El presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, detenido el 18 de noviembre de 2025, es el último rostro de un engranaje que lleva nombres, fechas y cifras muy claras. Desde 2019 ocupaba el cargo. No era un recién llegado ni un sustituto de paso. Era el heredero directo del poder provincial del PP, sucesor del omnipresente Gabriel Amat, pieza histórica de un partido que ha convertido Almería en feudo, cortijo y fortaleza.

La investigación revela que Aureliano y varios cargos más (el delegado de Presidencia Fernando Giménez y el alcalde de Fines Rodrigo Sánchez entre ellas y ellos) habrían facilitado contratos amañados, obras incluidas, a cambio de comisiones. No hablamos de una sospecha vaga, hablamos de un proceso judicial que ya detalla tres posibles delitos: cohecho, malversación y blanqueo de capitales.

El caso de las mascarillas, que estalló en 2020 en pleno confinamiento, fue solo la primera grieta. Aquella adjudicación de más de 2 millones de euros para medio millón de FFP2, 250.000 guantes y 10.570 EPIs, a través de Azor Corporate Ibérica, ya dejó un rastro oscuro: sobres con 150.000 euros en el registro al entonces vicepresidente Óscar Liria. La Guardia Civil calculó que las mordidas podían llegar a 400.000 euros. Liria fue detenido en junio de 2021. Ahora sabemos que aquello era solo una fase.

La ampliación ordenada por el juzgado incluye diez registros simultáneos en domicilios, oficinas públicas y mercantiles. No es un malentendido: es una operación de gran escala. La investigación revela comunicaciones privadas, documentación requerida a Diputación y ayuntamientos y hasta medidas de aseguramiento patrimonial. Se han bloqueado cuentas, propiedades y vehículos. Cuando la Justicia actúa así, no lo hace por rumores.

La UCO y el juzgado han encontrado indicios suficientes para detener al presidente de la Diputación, al delegado del área, al alcalde de Fines y a tres personas más. Quienes no adjudicaban directamente los contratos habrían participado en el blanqueo posterior, canalizando dinero ilegal hacia el circuito legal.

EL PP ANDALUZ, ENTRE EL ESCÁNDALO Y EL MIEDO

Moreno Bonilla ha intentado reaccionar rápido. El PP suspende de militancia a Aureliano García, defiende su presunción de inocencia (una fórmula que ya suena a trámite) y coloca al frente del partido en Almería al consejero Ramón Fernández-Pacheco, hombre de máxima confianza del presidente andaluz.

La reacción no es una purga ética. Es un cortafuegos. Porque el escándalo estalla mientras la sanidad pública andaluza vive uno de sus momentos más críticos, con los cribados de cáncer paralizados y un deterioro que la ciudadanía siente cada día.

Fuentes del propio PP andaluz reconocen que lo ocurrido es “duro”. Y que suspender a Aureliano es una “buena reacción” (su forma de admitir que la investigación pinta muy mal). Pero también dicen algo más revelador: “Es pronto para saber todo lo que ha sucedido.” En traducción simultánea: temen que haya más.

Y cómo no temerlo en una provincia donde el PP ha gobernado la Diputación con mano de hierro, donde la red de poder se ha tejido durante décadas (y donde el caso Amat fue solo un aviso del tamaño real del problema).

La derecha que prometía gestión limpia y eficacia vuelve a lo de siempre: sobres, obras, empresas amigas y dinero público convertido en botín.

Mientras tanto, los y las almerienses lidian con servicios públicos en caída libre. Y en Andalucía, la pregunta crece: cuántas decisiones políticas, cuántos contratos, cuántos nombramientos están contaminados por la misma lógica de comisiones y amiguismo.

Lo que se investiga ahora no es un episodio aislado. Es la forma en que el poder se ha gestionado en Almería durante demasiado tiempo.