Alberto Rodríguez ha reclamado al Constitucional recuperar su escaño.
La defensa del exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, a quien se le retiró su escaño el pasado 22 de octubre a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo que le condenó por pegar, presuntamente, a un policía en 2014, ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra esa decisión de la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, de suspenderle como parlamentario.
En el texto, los abogados de Alberto Rodríguez exigen la «urgente suspensión cautelar» de esa retirada del acta entre duras acusaciones contra la presidenta del Congreso.
En el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, la defensa pide al Constitucional que le devuelva el escaño, y denuncia que retirarle el acta fue «una decisión unilateral, infundada y, por ende, arbitraria» de la presidenta del Congreso.
A Batet le acusan de haber «vulnerado» hasta siete derechos fundamentales de Rodríguez, así como los de los 64.000 votantes canarios que le eligieron como diputado por Santa Cruz de Tenerife. Los abogados sostienen, además, que la presidenta del Congreso «se inventó una causa, no prevista en la Ley, para privar de su escaño» a Rodríguez.
Para los abogados de Rodríguez, la polémica resolución por la que Batet anunció que suspendía de la condición de diputado a Alberto Rodríguez, que generó una importante tormenta política el pasado otoño, «es fruto de una gran arbitrariedad».
A juicio de la defensa, la decisión se adoptó «sin ninguna motivación, más allá de decir que se basa en la propia sentencia dictada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo».
El texto también considera que la presidenta del Congreso, «como jurista que es, bien debía conocer» que cuando se sustituye una condena de cárcel por una multa «la pena de prisión queda definitiva e irreversiblemente sustituida», por lo que «no existe ningún tipo de base» para retirarle el escaño.
«La multa fue pagada de manera inmediata por mi mandante con lo que ahí se agotó la ejecución de esta», añade el recurso. La pena, por tanto, «quedó extinguida inmediatamente por el pago de la multa que es en lo que se sustituyó la pena; a partir de ahí, ni tan siquiera cabría hablar de la duración de esta a los efectos de la accesoria de ‘inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena'».
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
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La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
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No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
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