«Trataron de culparme por lo que pasó». Agresiones sexuales impunes en el Ejército de EE.UU. 

Cerca de 20.000 miembros del servicio militar o sus familiares aseguran haber sido agredidos sexualmente cada año, pero son muy pocos los que se atreven a denunciar.

En diciembre de 2018, Amy Marsh celebraba su primer aniversario en la Base de la Fuerza Aérea Travis, en el norte de California, EE.UU., donde se había ido a vivir con su esposo después de que fuese desplegado a la base en 2017.

Esa noche de celebración, tal y como relata a BBC News, hubo demasiado alcohol. Amy bebió demasiado y sus recuerdos son borrosos. Sabe que hubo un «after-party» y que su esposo la dejó a cargo del oficial que él consideraba su mentor, el militar de mayor rango que había sido su ejemplo y guía desde que se mudaran a la base.

El hombre la agredió sexualmente y fue tanto su trauma que decidió ocultar lo que había pasado durante dos meses, hasta que finalmente se lo dijo a su marido. Ambos hablaron con el capellán de la base y decidieron contarlo. A partir de ahí comenzó una investigación que duró aproximadamente dos años, pero al final no pasó nada.

Cada año se reciben miles de denuncias, tanto de hombres como de mujeres, que aseguran haber sufrido abusos y agresiones sexuales dentro de las bases militares del país y han aumentado un 50% desde 2016. Cerca de 20.000 miembros del servicio militar o sus familiares aseguran haber sido agredidos sexualmente cada año, pero son muy pocos los que se atreven a denunciar.

De hecho, en 2020 solo se reportaron un total de 7.816 denuncias de agresiones sexuales en las instalaciones militares del país, de las cuales, 6.290 involucraron a oficiales en activo y solo en 350 casos se acusó a los presuntos perpetradores de un delito, algo que ha llevado a las víctimas y los propios soldados a perder la confianza en el sistema de justicia militar.

Un problema endémico

El coronel Don Christensen, quien fuera Fiscal General de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y abandonara el cargo para defender a las víctimas de abusos sexuales dentro del Ejército, dijo a BBC Mundo que «es un problema de larga data para el que aún no se ha encontrado una solución efectiva».

«Por años, en las Fuerzas Armadas, los militares han estado más preocupados por proteger a los comandantes y los procesos que por traer justicia a las víctimas y condenar a los presuntos asaltantes. Por eso yo dejé mi puesto y me puse del lado de las víctimas», dice el también presidente de la ONG Protect Our Defenders (POD).

Según ha explicado también a BBC Mundo Andrew Morral, quien ha estudiado por décadas el tema para la Rand Corporation (un think tank que asesora al Pentágono), se trata de un fenómeno ampliamente extendido en la casi totalidad de las instalaciones militares del país, aunque hay lugares donde el riesgo de abusos sexuales es más alto.

Según el experto, «el riesgo de ser agredido sexualmente está correlacionado con la edad y el rango. Así, además de las mujeres, los miembros del servicio más jóvenes, los no casados y las minorías sexuales tienen un riesgo especialmente alto».

Morral ha señalado que casi la mitad de todas las agresiones sexuales en las bases militares se realizan contra personas que no se describen a sí mismas como heterosexuales, algo que podría tratarse de hechos relacionados con delitos de odio. «Este grupo parece tener un riesgo especialmente alto, ya que representan solo alrededor del 12% de la población militar, pero es a ellos a quien le ocurre el 50% de agresiones sexuales», explica.

Por ello, no es de extrañar que el ejército esté perdiendo un promedio de 8.000 personas al año debido a agresiones sexuales.

Sin consenso

Los expertos que han estudiado este tipo de agresiones sexuales no logran todavía comprender del todo sus causas y las relacionan con aspectos relacionados con la disciplina y buen orden dentro de las bases militares y hasta elementos culturales.

El consumo de alcohol dentro de las bases es también un factor contribuyente, ya que estuvo detrás del 62% de las agresiones a mujeres. Otra de las posibles causas es que hay un problema cultural con la misoginia en el Ejército y muchos hombres no creen que las mujeres pertenezcan al Ejército.

Los estudios realizados sobre el fenómeno sugieren que su impacto podría ser negativo para las Fuerzas Armadas como institución, y potencialmente, podría convertirse en un problema de seguridad nacional en un país que ha gastado más de 200 millones de dólares en la última década en esfuerzos de prevención, programas de educación y recursos para las víctimas de agresiones sexuales.

El sistema vigente otorga a los comandantes la autoridad para decidir cómo se imputará a una persona, si los cargos irán a juicio y otra gran cantidad de decisiones que en el sistema civil estadounidense toman los fiscales y los jueces.

El poder de los comandantes llegó incluso a poder anular la condena del jurado, aunque tras los esfuerzos de Christensen el Congreso les quitó esa autoridad en 2013. Sin embargo, todavía está en manos de los comandantes de la persona acusada de agredir sexualmente tomar la decisión de si existen evidencias para llevarla a juicio.

Otro de los obstáculos que se encuentran las víctimas es que frecuentemente se las disuade de informar o denunciar los abusos o se toma represalias contra ellas que pueden ser el fin de una carrera.

Una vida destruída

Lo que Amy no imaginaba era que esa noche cambiaría su vida, casi destruiría su matrimonio, terminaría la carrera militar de su esposo y les dejaría a ambos huellas que, tres años después, aún no han logrado superar de todo.

«A mí no me creyeron, trataron de culparme por lo que pasó. Y la carrera de mi marido quedó destruida. Nunca podrá hacer una carrera militar. Antes de esto, amábamos la vida militar y soñamos que podríamos haber hecho cosas increíbles, pero ya no hay posibilidad de eso», lamenta.

Para los agresores, todo es distinto. A juicio de Christensen, «tradicionalmente, los comandantes no han logrado responsabilizar verdaderamente a los oficiales superiores que acosaron sexualmente a subordinados y eso envía un mensaje a las personas de rango inferior de que la agresión sexual realmente no es gran cosa».

Y añade: «Entonces, cuando un general acosa sexualmente a un subordinado o a la esposa de sus subordinados o tiene una relación inapropiada con ellos, a menudo se les permite simplemente retirarse. Y eso envía un mal mensaje».

Amy recuerda que fue el caso del oficial que ella asegura que la agredió. Dejó de ser el militar de mayor rango, y tuvo que retirarse, pero aun así dejó el Ejército con honores.

A inicios de este mes, la comisión independiente creada por Joe Biden recomendó formalmente al secretario de Defensa Lloyd J. Austin III que las denuncias de agresión y acoso sexuales se transfieran a fiscales especiales fuera de la cadena de mando en el Ejército, sin embargo, dependerá del Congreso cambiar la ley militar.

El presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, Jack Reed, demócrata de Rhode Island, y el miembro de mayor rango de la misma, James Inhofe, republicano de Oklahoma, han bloqueado sistemáticamente la posibilidad de que el proyecto se discuta. En sus argumentos, aseguran que quitar a los comandantes el poder sobre estos casos obstaculiza el orden y la disciplina militar en las bases.

«Existe una vacilación tremenda en hacer algo opuesto a lo que quieren los altos mandos militares. Pero los datos han demostrado año tras año que el liderazgo militar no está abordando este problema de manera adecuada», dice Christensen.

«Los militares han pasado más tiempo luchando para mantener a los comandantes en control que combatiendo los abusos sexuales en sus filas. Mientras tanto, el número de agresiones sigue creciendo. Y eso es una vergüenza dentro de nuestras tropas», añade.

Mientras tanto, para las víctimas de abusos como Amy una solución a este problema es cada vez más urgente.