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Dos trenes de alta velocidad, decenas de muertos y una pregunta incómoda que nadie quiere formular
La tarde del 18 de enero, a las 19:39 horas, dos trenes de alta velocidad descarrilaron en Adamuz (Córdoba). Al menos 24 personas murieron, 170 resultaron heridas leves, 75 fueron hospitalizadas y 15 permanecen en estado grave. Las cifras no son un apunte técnico. Son cuerpos. Son nombres. Son familias rotas en una línea ferroviaria que, según el propio Ministerio de Transportes, era una vía recta.
El tren Iryo 6189, que cubría el trayecto Málaga–Madrid, invadió la vía contigua tras descarrilar en un desvío de entrada. Por ella circulaba el Alvia 2384 de Renfe, con destino Madrid–Huelva. El choque fue inevitable. Las dos primeras unidades del Alvia salieron despedidas. En ese instante, la alta velocidad dejó de ser progreso para convertirse en devastación.
Entre las víctimas mortales se encuentra el maquinista del convoy de Renfe. Otras personas fallecidas viajaban en el tren de Iryo, donde iban 317 pasajeras y pasajeros. En el Alvia, 53 personas. Las cifras están ahí y no admiten maquillaje. La circulación ferroviaria entre Madrid y Andalucía quedó totalmente suspendida. Miles de personas quedaron atrapadas en estaciones, vagones detenidos o trayectos cancelados.
Las autoridades repiten que “se desconocen las causas”. El ministro de Transportes, Óscar Puente, afirmó que el suceso es “verdaderamente extraño” y subrayó que el tren de Iryo tenía cuatro años de rodaje, prácticamente nuevo. Esa insistencia en la novedad no tranquiliza. Inquieta. Porque si lo nuevo descarrila así, el problema no es la antigüedad, sino el modelo.
INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS, LÓGICA PRIVADA Y RESPONSABILIDADES PÚBLICAS
Adamuz no es solo un accidente. Es una grieta estructural. Durante años, la alta velocidad se ha presentado como un símbolo incuestionable de modernidad. Más competencia, más operadores, más eficiencia, se decía. Hoy, el balance es otro: fragmentación del sistema, externalización de responsabilidades y una cadena de decisiones donde nadie parece responder cuando todo falla a la vez.
La gestión de una infraestructura crítica no es un mercado cualquiera. No es telefonía, no es reparto a domicilio, no es una app. Es un sistema donde un error mínimo tiene consecuencias irreversibles. Cuando dos trenes se cruzan en una vía recta y acaban volcados, algo ha fallado antes. Y no hablamos solo de un tornillo, un sensor o un desvío. Hablamos de supervisión, de coordinación, de prioridades políticas.
Mientras los vagones volcaban, las y los pasajeros rompían ventanas con martillos de emergencia. Algunas personas quedaron atrapadas. Otras salieron por donde pudieron. Un trabajador de RNE describió el impacto “como un terremoto”. Se pidió ayuda por megafonía para encontrar personal sanitario entre el pasaje. La alta velocidad convertida en improvisación y supervivencia.
La respuesta de emergencias fue masiva y eficaz. UME, sanitarias y sanitarios, bomberas y bomberos, personal de protección civil, vecinas y vecinos de Adamuz ofreciendo mantas y agua. El despliegue fue ejemplar. Lo que falla casi nunca es la gente que sostiene el sistema desde abajo. Lo que falla es la arquitectura política que decide cómo se diseña, se recorta y se privatiza.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, confirmó las cifras de heridos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, suspendió su agenda. Los mensajes institucionales llegaron rápido. Las explicaciones estructurales, no. Se activaron teléfonos de atención, dispositivos psicológicos y comunicados solemnes. Todo necesario. Nada suficiente.
Porque la pregunta sigue en el aire: cómo ha podido pasar algo así. Y la respuesta no puede limitarse a un informe técnico que duerma en un cajón dentro de seis meses. No basta con decir que fue extraño. Extraño es un adjetivo. Las muertes no lo son.
La alta velocidad se vendió como orgullo país. Hoy, en Adamuz, ese relato se ha descarrilado. Cuando la seguridad compite con la rentabilidad, siempre pierde la seguridad. Y en una vía recta, sin margen para la excusa, lo que descarriló no fue un tren, fue una forma de gestionar lo público.
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