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El PP de Pablo Casado se niega a aceptar a la exdiputada Victoria Rosell y al magistrado José Ricardo de Prada como miembros del CGPJ
Después de más de dos años en funciones, el Gobierno y el PP deberían acordar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, sin embargo, la negociación, que aún sigue abierta, de momento no ha llegado a buen puerto.
La dirección del PP tenía muy clara cuál era su propuesta para pactar la renovación del Consejo General del Poder Judicial y era el veto a vocales propuestos por Unidas Podemos como el del magistrado José Ricardo De Prada, juez de la Gürtel decisivo en la sentencia que precipitó el final de Mariano Rajoy, y la exdiputada y actual delegada del Gobierno para la lucha contra la violencia machista Vicky Rosell.
Desde Unidas Podemos aseguran que lo pactado internamente con Sánchez es que al menos dos nombres del órgano de gobierno de los jueces cuenten como ‘cuota’ del socio minoritario y ese es el principal enquistamiento en este momento, aunque no el único. «No aceptamos vetos . Si pactan con el PP sin nosotros no van a tener nuestros votos cuando se vote», advertían fuentes del grupo confederal.
Moncloa está negociando con Génova en nombre del Gobierno de coalición. Félix Bolaño, secretario general de Presidencia, es el encargado de llevar a cabo las conversaciones por parte del Gobierno.
Tras haber cerrado el acuerdo para renovar RTVE ya rozando la campana, PP y PSOE han asegurado esta mañana que las negociaciones siguen en marcha. En el paquete, además del CGPJ están el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y la Agencia Española de Protección de Datos.
Los mensajes de Ignacio Cosidó de 2018
En 2018, el entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, alardeó en un foro de Whatsapp de senadores del PP de las ventajas que supone para el partido el reparto del CGPJ pactado con el PSOE.
En los mensajes, desvelados por El Español, Cosidó afirmaba que el PP debía estar muy satisfecho con el nombramiento de Manuel Marchena para presidir el CGPJ y el Tribunal Supremo por su capacidad para lograr consensos en el tribunal. «Y además controlando la Sala Segunda (del Tribunal Supremo) desde atrás y presidiendo la sala 61», añadió Cosidó.
Ahora, el PSOE deberá decidir si acepta el veto del PP o mantiene la presión. El pasado mes de octubre PSOE y Unidas Podemos registraban una proposición de ley orgánica para reformar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y evitar que el Partido Popular pueda seguir vetando la renovación del órgano judicial.
Las condiciones de Pablo Casado
En un escrito firmado por Adriana Lastra y Pablo Echenique se pretendía modificar la ley orgánica 6/1985 para que el Congreso y el Senado puedan elegir a los seis vocales del CGPJ que corresponden a cada cámara con mayoría absoluta en segunda votación, 48 horas después de una primera en la que se mantendría la mayoría de tres quintos. De prosperar este proyecto de ley quedaría eliminado el requisito de un consenso de los dos partidos mayoritarios para renovar la cúpula del Poder Judicial.
Pablo Casado se mostraba dispuesto a elegir a los nuevos vocales siempre que el Gobierno aceptase dos condiciones: que Podemos no estuviese en las negociaciones ni tuviese representantes en el CGPJ y que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, retirase la proposición de ley de reforma del órgano de gobierno de los jueces que pretende reducir de tres quintos a mayoría absoluta la elección de los doce vocales jueces.
En cuanto a la segunda de las condiciones, Sánchez decidió congelarla para dar una oportunidad a la negociación con Pablo Casado, que una vez pasadas las elecciones catalanas ha estado más cerca de prosperar que nunca.
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Netanyahu ya no disimula: Gaza se ocupa por porcentajes
Netanyahu ya no disimula. Gaza se está ocupando por porcentajes: primero el 52%, luego el 60%, ahora ordena avanzar hasta el 70% y, cuando el público le pide el 100%, responde con una broma: “vayamos en orden”.
Eso no es seguridad. Es desposesión administrada. Es convertir un alto el fuego en una coartada para encerrar a 2,1 millones de personas en cada vez menos territorio, mientras el mundo finge sorpresa ante una estrategia que lleva meses desplegándose delante de todos.
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Porque cuando una periodista sale así, cuando compañeras y compañeros lamentan públicamente las formas, cuando la plantilla tiene que defender su profesionalidad, la palabra independencia empieza a sonar menos a principio y más a decorado.
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