Una ONG británica ya acumula 7,6 millones de un fondo en Jersey ligado a Juan Carlos I 

El dinero procede de una fortuna oculta de 15 millones de euros que el rey emérito mantuvo fuera de España desde 1995 y cuyo origen sigue sin aclararse

La monarquía, otra vez mirando hacia Jersey

Otra vez Juan Carlos I. Otra vez una fortuna escondida. Otra vez una estructura financiera en una isla opaca. Otra vez millones circulando por bancos, trusts, paraísos fiscales, administradores, intermediarios y amistades de confianza. Y otra vez la misma pregunta flotando sobre la democracia española: ¿cuánto dinero tuvo fuera el anterior jefe del Estado, de dónde salió y por qué durante décadas nadie fue capaz —o nadie quiso— abrir del todo esa caja negra?

Lo cuenta El País: The JRM 2004 Trust, un instrumento financiero creado a principios de siglo en Jersey y vinculado al rey emérito, ha entregado dos nuevos donativos que suman tres millones de libras, unos 3,5 millones de euros, al British Council Refugee, una organización británica de ayuda a refugiados políticos. Con esas nuevas entregas, la ONG acumula ya 6,6 millones de libras, es decir, 7,6 millones de euros, procedentes de ese fondo.

Dinero que nació en la sombra, que se movió por territorios de baja transparencia, que nunca fue declarado a Hacienda y que durante años estuvo asociado al entonces jefe del Estado español, acaba ahora financiando una entidad benéfica británica. Refugiados políticos. Caridad. Atención social. Una salida limpia para una historia sucia. Muy sucia.

Una fortuna oculta desde 1995

El núcleo del caso es una fortuna de 15 millones de euros. Su origen, según la investigación, sigue siendo un enigma. No estamos hablando de una cuenta menor ni de un despiste administrativo. Hablamos de dinero mantenido oculto desde 1995 en las Islas Vírgenes Británicas y Jersey, con la ayuda de Manuel de Prado y Colón de Carvajal, el administrador que manejó buena parte de la fortuna exterior de Juan Carlos I durante su reinado.

En 2004, el entonces jefe del Estado decidió trasladar la titularidad de ese dinero a Joaquín Romero Maura, banquero en la City de Londres, historiador, profesor en Oxford y colaborador cercano de Prado. El movimiento recuerda demasiado a otro episodio ya conocido: la donación de 65 millones de euros a Corinna Larsen en 2012, dinero que Juan Carlos I había recibido en 2008 del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí y que se ocultaba en una fundación panameña con cuenta en el banco ginebrino Gonet & Cie.

No era un caso aislado. Era un patrón. Fondos fuera. Fundaciones fuera. Trusts fuera. Bancos fuera. España, mientras tanto, pagando la fiesta simbólica de una monarquía vendida como ejemplar, austera, constitucional, casi familiar. El cuento de siempre. El decorado de siempre. Y detrás, cuentas en paraísos fiscales.

“Sería embarazoso para la monarquía”

Según las actas de cumplimiento de los doce bancos por los que circuló la fortuna desde 2004, Romero Maura explicó a los responsables bancarios que Juan Carlos I le había entregado ese dinero en agradecimiento por sus servicios y porque temía que se conociera su existencia. Temía, concretamente, que dañara la reputación de la monarquía.

Ahí está todo. No era un problema de legalidad, de ética pública o de rendición de cuentas. El problema era la reputación. La fachada. La foto. Que no se supiera. Que el país siguiera tragando con la leyenda de la Transición impecable mientras el jefe del Estado movía millones por estructuras opacas.

Romero Maura, según los documentos citados, no devolvió el dinero. Desde el principio decidió que a su muerte lo cedería a una institución benéfica. Y Juan Carlos I, según testigos presenciales citados por El País, habría expresado recientemente su malestar por la gestión de Romero Maura de una fortuna que considera de su propiedad. Es difícil encontrar una imagen más cruda: el rey emérito molesto porque un dinero oculto, no declarado y colocado fuera del alcance de la Hacienda española haya terminado en manos de una ONG.

No se puede inventar mejor metáfora. Ni aunque se quisiera.

Cuatro donativos y millones que salen de la sombra

El British Council Refugee recibió el primer pago en 2023: 2,3 millones de libras, unos 2,65 millones de euros. En 2024 llegó otro donativo de 1,3 millones de libras, alrededor de 1,5 millones de euros. En 2025 entraron 1,5 millones de libras más, unos 1,7 millones de euros. Y en 2026 acaba de recibir otra cantidad idéntica: 1,5 millones de libras.

La suma total alcanza los 6,6 millones de libras. En euros, 7,6 millones. Todo por orden de los administradores del trust, después de que Romero Maura, fallecido en 2022, dejara su patrimonio a esta organización británica.

La ONG, con sede en Stratford, al este de Londres, no parece precisamente una gran maquinaria de poder. Según la información publicada, sus responsables tardaron seis meses en decidir si aceptaban la donación. Normal. No todos los días aparece en tu puerta un legado millonario procedente de un fondo de Jersey vinculado al rey emérito de España y con una historia que huele a cloaca financiera de Estado.

Prado, Simeón de Bulgaria y la pista suiza

La primera huella de esta fortuna aparece en dos trusts creados en 1995 y 1997 por Manuel de Prado y Colón de Carvajal: Tartessos y Hereu. En ambos, el beneficiario final era Juan Carlos I. El dinero procedía de Nadine Limited, una sociedad radicada en las Islas Vírgenes Británicas con cuenta en el Chartered Bank a nombre de Prado.

Según la versión recogida en la investigación, esa cuenta recibió supuestas donaciones de personas no identificadas que habrían apoyado a Juan Carlos I entre los años cincuenta y setenta. Pero el grueso de los fondos llegó en 1999: una donación de 9 millones de dólares, unos 7,7 millones de euros, ingresada por Simeón de Sajonia-Coburgo-Gotha, conocido como Simeón de Bulgaria, procedente de inversiones en JP Morgan de Suiza.

La monarquía española, la aristocracia europea, JP Morgan en Suiza, las Islas Vírgenes Británicas, Jersey, bancos privados, trusts y administradores discretos. No falta casi nada en el mapa de la opacidad. Solo falta que alguien, alguna vez, trate a esta trama con la misma dureza con la que se trata a cualquier ciudadano que debe 300 euros a Hacienda.

Pero claro. No todos los contribuyentes nacen inviolables.

El golpe de Estado como coartada

La justificación inicial de los trusts Tartessos y Hereu era, según explicó su administrador británico John Ruddy a los responsables de Cumplimiento de los bancos, apoyar a Juan Carlos I si era depuesto por un golpe de Estado. Esa era la coartada. Un colchón exterior para el rey si la situación política española se torcía.

La explicación puede sonar histórica, incluso novelesca. Pero los bancos no parecían especialmente tranquilos. La falta de información sobre el origen del dinero incomodó durante décadas a los gestores bancarios. Jersey Zedra Trustees decidió seguir administrando los fondos, aunque subió sus tarifas por el riesgo reputacional que implicaba el asunto.

En 2003, casi diez años después de que Juan Carlos I figurara como beneficiario exclusivo de esa fortuna, el entonces jefe del Estado se reunió con Romero Maura. Le dijo que la finalidad de los trusts ya no tenía sentido porque España era políticamente estable. Pero añadió algo mucho más revelador: si la opinión pública conocía la existencia de ese dinero, sería “embarazoso para la monarquía”.

Embarazoso. Qué palabra tan pequeña para tanto escándalo.

Casas en Londres, Périgord y una cuenta en Suiza

Romero Maura no solo dejó a la ONG los donativos procedentes del trust. También cedió dos viviendas, una en Londres y otra en el Périgord francés, con plazas de garaje, valoradas en otros cinco millones de libras, unos 5,8 millones de euros. A eso se suma el saldo de una cuenta en Suiza, según reconoce la organización y confirma una familiar del donante.

El banquero había incluido inicialmente como beneficiaria a su esposa, Gudrun Lawetz, ya fallecida. Más tarde añadió varias asociaciones benéficas. En 2017 incorporó al British Refugee Council. En distintas cartas dejó por escrito que, tras la muerte de ambos, quería que esa fortuna se destinara a fines caritativos y de atención social, especialmente a niños.

El contraste es brutal. El dinero que durante años orbitó alrededor de la Corona, lejos del control fiscal español, termina financiando ayuda social en Reino Unido. No porque el Estado español lo recuperara. No porque hubiera una reparación pública. No porque la Casa Real rindiera cuentas. Termina allí porque el banquero que recibió el dinero decidió no devolverlo y legarlo a una ONG.

La democracia española, mirando.

Anticorrupción archivó. La pregunta sigue viva

La Fiscalía Anticorrupción descubrió The JRM 2004 Trust durante las diligencias abiertas en 2020 sobre el rey emérito. La investigación se archivó al no encontrar en ese momento indicios que vincularan a Juan Carlos I con el trust “ni en su gestión ni en la capacidad para disponer de los fondos”. También señaló que en esa etapa el rey emérito no fue beneficiario ni recibió cantidades de sus cuentas.

Ese dato importa. Hay que decirlo. Pero no cierra el debate político ni ético, ni mucho menos. Porque la historia anterior sigue ahí: una fortuna oculta, no declarada, con origen desconocido, administrada durante años fuera de España y vinculada al anterior jefe del Estado. La justicia puede archivar una pieza. La realidad no desaparece por archivo.

Y la realidad es demoledora: durante décadas se vendió a Juan Carlos I como garante de la democracia mientras alrededor de su figura crecían fortunas opacas, amistades financieras, intermediarios internacionales y estructuras diseñadas para que el dinero no se viera. Para que no se tocara. Para que no se preguntara demasiado.

El problema no es solo Juan Carlos I

Reducirlo todo a un rey emérito con demasiadas amistades peligrosas sería cómodo. Muy cómodo. El problema es más profundo. Es una arquitectura de impunidad que protegió al monarca mientras reinaba, lo blindó después y sigue tratando cada nueva revelación como si fuera un accidente, una anécdota, una nota incómoda en la sección de España.

No lo es. Es el retrato de un régimen que construyó una parte de su legitimidad sobre el silencio. Silencio mediático durante años. Silencio político. Silencio institucional. Silencio fiscal. Silencio cortesano. Y cuando el silencio ya no aguanta, llega la explicación técnica, el archivo parcial, el matiz jurídico, la frase medida de Zarzuela o el habitual “eso pertenece al pasado”.

No. No pertenece al pasado. Pertenece al dinero. Y el dinero deja rastro.

El caso del fondo de Jersey ligado a Juan Carlos I vuelve a colocar delante del país una evidencia incómoda: la monarquía española no ha explicado de forma suficiente el patrimonio oculto del anterior jefe del Estado. No lo ha explicado ante la ciudadanía. No lo ha explicado políticamente. No lo ha explicado con transparencia democrática.

Y mientras no lo haga, cada nuevo millón que aparezca en Jersey, Suiza, Panamá o las Islas Vírgenes Británicas seguirá oliendo igual. A privilegio. A impunidad. A una Corona que pide respeto mientras arrastra una contabilidad que da vergüenza.

Porque el problema no es que una ONG británica reciba 7,6 millones. El problema es que ese dinero salga de una fortuna que España nunca controló, nunca conoció del todo y nunca pudo exigir como debía. El problema es que durante años nos dijeron que aquello era ejemplaridad.

Y era otra cosa.

Era una caja fuerte en la sombra.