El silencio de Zapatero deja al Gobierno atrapado en su propio desgaste 

El aplazamiento de la declaración al 17 y 18 de junio convierte una crisis judicial en una trituradora política para el PSOE, el Gobierno y una izquierda que vuelve a pagar la factura de no dar explicaciones a tiempo.

UNA AGENDA REVENTADA POR UN SILENCIO

La política española ha quedado secuestrada por un caso que ya no ocupa una esquina del tablero, sino todo el tablero. El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero sigue en silencio público por decisión de su abogado, el Gobierno evita comentar los detalles de la investigación y, mientras tanto, el país entero mira una caja fuerte, unas joyas y un calendario judicial que se ha convertido en una máquina de desgaste. La declaración, prevista inicialmente para el 2 de junio, se retrasa ahora al 17 y 18 de junio. Dos semanas más. Dos semanas de ruido, sospecha, memes, tertulias, filtraciones y oposición oliendo sangre.

La imagen es demoledora. En el despacho de Zapatero aparecen joyas cuyo valor, según su entorno, estaría entre 30.000 y 50.000 euros, atribuidas a herencias y regalos en viajes al extranjero. La explicación puede ser cierta. La presunción de inocencia existe para algo. Pero políticamente el daño ya está hecho, porque cuando una crisis se llena de silencios, la derecha no necesita demostrar nada: le basta con administrar la sospecha. Y ahí el Gobierno ha vuelto a caer en la trampa de siempre: creer que no hablar es controlar el relato.

La Moncloa repite que no comenta detalles de una investigación judicial. Es una posición comprensible en términos institucionales, pero pobre en términos políticos. Porque el Ejecutivo no puede ser portavoz de Zapatero, claro. No conoce cada paso de su defensa ni puede responder por él. Pero tampoco puede fingir que esto no le afecta. Le afecta de lleno. Al PSOE, al Gobierno, a Pedro Sánchez y a una izquierda que lleva años defendiendo que la decencia pública no puede depender del carné de partido.

El problema no es solo judicial. Es moral, simbólico y político. Las y los ministros salen a hablar con una incomodidad visible, obligados a defender la presunción de inocencia de alguien que no habla y a proteger un legado que ahora queda sometido a una presión brutal. Félix Bolaños pidió en el Senado que se deje trabajar a la justicia y que no se condene a una persona que todavía no ha declarado. Elma Saiz defendió el “legado incuestionable” de Zapatero. Óscar López afirmó que sigue confiando plenamente en su inocencia. Todo eso puede sostenerse. Pero suena frágil cuando el protagonista principal guarda silencio.

LA IZQUIERDA NO PUEDE VIVIR DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

La presunción de inocencia es un derecho. No una estrategia de comunicación. No un refugio eterno. No una cortina detrás de la que esconder una crisis política que ya está bloqueando la agenda del Ejecutivo. La izquierda no puede exigir transparencia a los demás y luego conformarse con comunicados tibios cuando el problema le golpea en casa. Ahí empieza la demolición. No la que dicta un juez, sino la que fabrica el descrédito.

El retraso de la declaración ha caído como una losa en el Gobierno. Muchos esperaban que el 2 de junio empezara una nueva fase, quizá menos corrosiva. No será así. El nuevo calendario sitúa la comparecencia los días 17 y 18 de junio, justo en plena cumbre europea de Bruselas con Sánchez participando. La política exterior, la agenda social, los asuntos económicos, todo queda subordinado a la misma pregunta: qué va a decir Zapatero cuando se siente ante el juez.

Y mientras tanto, los socios miran con creciente impaciencia. Ernest Urtasun, ministro de Cultura y portavoz de Sumar, lo dijo sin rodeos: Zapatero debe una explicación a la sociedad española y cuanto antes la dé, mejor. El PNV aprieta por otro lado y vuelve a insistir en que la legislatura está agotada y que debe haber elecciones en 2026. El Gobierno responde que piensa agotar el mandato, que queda un año y dos meses de legislatura y que quien quiera tumbarlo puede intentar una moción de censura con PP y Vox. Patxi López lo resumió con crudeza: quien diga que esto se ha acabado, que pacte una moción con Vox.

La derecha, por supuesto, ya ha encontrado su festín. No necesita más. Tiene un expresidente socialista señalado en informes policiales como presunto líder de una organización criminal de tráfico de influencias, unas joyas en una caja fuerte y un Gobierno incómodo intentando no incendiarse. Ese es el combustible perfecto para quienes llevan años reduciendo la política a barro, sospecha y linchamiento. Pero sería un error monumental quedarse ahí. La derecha instrumentaliza. Sí. Pero la izquierda no puede limitarse a denunciar la instrumentalización cuando hay preguntas legítimas sin responder.

Emiliano García-Page ha dicho que muchos socialistas están “profundamente decepcionados” y ha pedido a Sánchez una moción de confianza o elecciones. No es inocente. Page siempre juega su propia partida. Pero cuando incluso dentro del PSOE se habla del “momento de mayor riesgo” para el partido en toda la democracia, conviene dejar de actuar como si todo fuera una tormenta mediática más. No lo es. Una crisis así no se desactiva con disciplina de partido, sino con verdad, claridad y responsabilidad pública.

Zapatero puede ser inocente. Puede que las joyas tengan una explicación limpia. Puede que los informes policiales sean discutibles. Puede que el auto no resista el paso de la instrucción. Todo eso está por ver. Pero la política no espera a la sentencia. La política se mueve con percepciones, símbolos y silencios. Y este silencio está costando demasiado caro.

Porque el problema de fondo es brutalmente simple: cuando las élites políticas piden paciencia a la ciudadanía mientras se reservan las explicaciones, la democracia se pudre un poco más. Y no hace falta que la derecha la empuje al abismo: a veces basta con que quienes prometieron regenerarla se queden callados mirando el calendario.