La Púnica vuelve a retratar el subsuelo político del PP madrileño 

La Audiencia Nacional envía a juicio a Francisco Granados, a otras 40 personas y a 79 empresas por una pieza que huele a suelo público, contratos amañados y poder convertido en botín.

OTRA PIEZA MÁS DE LA MISMA MAQUINARIA

La Audiencia Nacional ha abierto juicio oral contra Francisco Granados y otras 40 personas, además de 79 empresas, en la pieza 8 del caso Púnica. No hablamos de una anécdota perdida en el archivo judicial. Hablamos de una ramificación centrada en presuntas irregularidades cometidas entre 2003 y 2011 en adjudicaciones de suelo público de la Comunidad de Madrid a través de Arpegio y en infraestructuras vinculadas a Mintra, la entidad de Infraestructuras del Transporte de Madrid.

El juez Antonio Piña ha sentado en el banquillo al antiguo consejero madrileño, que fue una figura clave del PP de Madrid y secretario general del partido en la región. La Fiscalía Anticorrupción pide para él 42 años de cárcel. Cuarenta y dos. La cifra no necesita maquillaje. Es el retrato de una época en la que la administración autonómica parecía funcionar, presuntamente, como una máquina de adjudicar oportunidades a los de siempre mientras las y los contribuyentes pagaban la factura.

Los delitos que se atribuyen en esta pieza no son menores: prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude y falsedad documental. Todo el catálogo. Todo el manual. Todo lo que convierte una institución pública en una ventanilla privada para quienes saben a quién llamar, cuándo llamar y qué puerta tocar.

Granados no estará solo. En el procedimiento aparecen también empresarios como David Marjaliza y Javier López Madrid. Y ahí está una de las claves del asunto: la corrupción rara vez es una escena de un político metiendo la mano en una caja. Suele ser una red. Una arquitectura. Una alianza entre cargos públicos, técnicos, empresas y poder económico. El capitalismo de amiguetes no roba con pasamontañas. Roba con pliegos, adjudicaciones, modificados y despachos.

CONTRATOS, METRO Y EL NEGOCIO DE LO PÚBLICO

La investigación se centra en la etapa de Granados como consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid y, después, como consejero de Presidencia, Justicia e Interior. Es decir, no hablamos de un cargo periférico ni de una pieza decorativa. Hablamos de alguien colocado en el corazón de la maquinaria institucional madrileña durante años decisivos.

El antiguo instructor del caso, Manuel García Castellón, ya describió en su auto de procesamiento una operativa que resulta especialmente grave: funcionarios investigados habrían tenido capacidad para diseñar los pliegos técnicos de forma que la adjudicación quedara prácticamente encarrilada. No solo podían fijar precio y plazos. También podían seleccionar criterios de valoración, puntuar ofertas, elevar precios de salida, justificar contratos modificados y alargar plazos. Dicho de forma menos burocrática: la competición pública podía nacer muerta si el ganador ya estaba escrito antes de abrir el sobre.

Entre las obras investigadas aparecen actuaciones vinculadas a Metro Sur, concretamente el tramo 1C; a Metro Norte, con el tramo 1A; y al Metro Ligero, con la nueva línea a Boadilla. Infraestructuras públicas. Dinero público. Suelo público. Y alrededor, según la investigación, un sistema presuntamente diseñado para que lo común acabara beneficiando a una trama concreta.

Aquí conviene no perderse en el barro técnico. Arpegio y Mintra no son nombres fríos de sociedades públicas. Son instrumentos creados para gestionar recursos que pertenecen a todas y todos. Cuando esas estructuras se usan presuntamente para favorecer intereses privados, no solo se comete un delito. Se rompe una promesa democrática básica: que lo público no está para enriquecer a quienes viven pegados al poder.

Y mientras esto ocurre, la derecha madrileña suele hablar de libertad. Libertad para bajar impuestos a quienes más tienen. Libertad para privatizar servicios. Libertad para convertir cualquier control público en una molestia ideológica. Pero cuando se abre una causa como esta, la palabra libertad adquiere otra textura: libertad para que algunos se muevan por la administración como si fuera su finca.

La pieza 8 de Púnica vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta incómoda: cuántas veces más habrá que ver desfilar nombres, empresas, contratos, consejerías y millones antes de admitir que no estamos ante manzanas podridas, sino ante un modelo. Un modelo que confunde gestión con negocio. Un modelo que mira el suelo público y ve mercancía. Un modelo que mira el transporte público y ve comisión. Un modelo que mira a la ciudadanía y ve una fuente inagotable de dinero para repartir entre conocidos.

El juicio oral abierto el 26 de mayo no dicta condenas. Eso corresponde a las y los jueces. Pero sí obliga a mirar de frente una etapa de poder en Madrid que dejó demasiadas sombras, demasiadas adjudicaciones bajo sospecha y demasiados nombres repetidos en demasiados sumarios.

La corrupción no fue un accidente del sistema: fue una forma de gobierno con moqueta, firma oficial y dinero público.