Kitchen: los audios que retratan la guerra sucia del PP y que el público no pudo escuchar 

Una operación policial pagada con dinero público para proteger al partido en el Gobierno no es un escándalo más: es una forma de saqueo institucional.

LA CAJA B, LOS DISCOS DUROS Y EL ESTADO AL SERVICIO DEL PP

El juicio del caso Kitchen ha dejado una imagen difícil de maquillar: un comisario clave, Enrique García Castaño, alias El Gordo, ausente por sus graves secuelas de salud, pero presente a través de sus declaraciones durante la instrucción. Y lo que dijo no fue menor. Confesó la existencia de la operación, reconoció su participación y señaló que el objetivo era recuperar los “discos duros” vinculados a la caja B del PP. No hablamos de una sospecha vaga. Hablamos de una operación presuntamente impulsada desde la cúpula del Ministerio del Interior en 2013 para quitar de en medio pruebas que podían comprometer al partido que gobernaba España.

El tribunal ha escuchado nueve horas de declaraciones de García Castaño, repartidas en siete comparecencias ante el juez Manuel García Castellón entre enero de 2019 y diciembre de 2020. El juicio empezó el 6 de abril, pero estas sesiones no han podido seguirse por YouTube. La razón oficial: en los audios grabados por Villarejo y en otras grabaciones aparecían datos que afectaban a la privacidad de terceras personas. La vista, eso sí, era pública. Quien pudiera desplazarse a la Audiencia Nacional, en San Fernando de Henares, podía entrar. Quien dependiera de la retransmisión, no. Y así, durante casi dos semanas, la ciudadanía se quedó sin escuchar una parte esencial del juicio.

La escena tiene algo de metáfora podrida. Un caso sobre cloacas, espionaje y fondos reservados termina con audios decisivos fuera del alcance del público general. No porque el juicio sea secreto. No porque no importe. Al contrario. Porque importa demasiado.

García Castaño declaró el 26 de marzo de 2019 que Eugenio Pino, entonces director adjunto operativo de la Policía, le encargó vigilancias sobre la familia Bárcenas porque las de Asuntos Internos no estaban funcionando. Después, según su testimonio, acabó hablando con Francisco Martínez, número dos de Interior. Ahí aparece la frase nuclear: la preocupación por unos discos duros donde estaría “toda la contabilidad en A y en B”. Donaciones, pagos, dinero opaco, control interno del saqueo. La contabilidad del partido que daba lecciones de patriotismo mientras, según la primera sentencia de Gürtel en 2018, había mantenido una financiación irregular durante al menos dos décadas.

Esto no es una anécdota de policías descontrolados. Es mucho peor. Es el aparato del Estado convertido en servicio privado de un partido. Mientras las y los ciudadanos pagaban impuestos, mientras se recortaban derechos, mientras se exigía austeridad a la clase trabajadora, una parte del Estado presuntamente funcionaba como brigada de limpieza de las vergüenzas del PP.

BILLETES DE 500, CHÓFERES COMPRADOS Y UNA “LIBRETITA” QUE HABÍA QUE PARAR

Uno de los audios más demoledores apunta directamente a María Dolores de Cospedal. La frase es conocida: “Lo de la libretita sería mejor poderlo parar”. Según la información publicada, Cospedal dio instrucciones a Villarejo para evitar la publicación de los papeles de Bárcenas, la contabilidad secreta del PP. Ella declaró en abierto que nunca había hablado por teléfono con Villarejo. Los audios conocidos por la prensa dicen otra cosa. Y aquí el problema ya no es solo judicial. Es político. Es democrático. Es moral.

La Operación Kitchen nace de la documentación intervenida a Villarejo tras su detención en noviembre de 2017. Entre ese material aparece una grabación en la que el comisario entrega la mensualidad de fondos reservados a Sergio Ríos Esgueva, chófer de la familia Bárcenas. Durante dos años, según la investigación, cobró dinero público. En una ocasión recibió 2.000 euros en billetes de 500 euros. Villarejo le soltó una frase que resume toda una época: “No te he podido conseguir más que billetes de 500”. Qué delicadeza. Qué problema logístico tan fino: no era fácil encontrar cambio para pagar una operación destinada a beneficiar al partido que gobernaba.

Ese dinero no salió de una caja mágica. Salió del Estado. Salió de fondos reservados. Salió de recursos públicos que deberían proteger a la ciudadanía, no a una organización política acorralada por su propia contabilidad clandestina. La corrupción aquí no consiste solo en robar; consiste en usar las instituciones para impedir que se sepa lo robado.

El testimonio de García Castaño también habla de sustracción de información de los teléfonos de Bárcenas facilitados por el chófer y del allanamiento de un local de Rosalía Iglesias donde supuestamente estaba un pendrive con grabaciones del extesorero a Mariano Rajoy y Javier Arenas sobre la caja B. García Castaño sostuvo que allí no había nada. Bárcenas declaró que guardó una memoria portátil en un arcón y que, dos meses después de salir de prisión, fue a buscarla y ya no estaba. Otra casualidad. Otra desaparición conveniente. Otro agujero negro justo donde debía haber pruebas.

Y luego está la conversación posterior entre García Castaño y Villarejo, cuando los implicados empiezan a cubrirse. Villarejo le anima a presionar a Francisco Martínez con tirar de la manta. Hablan de material del PP, de papeles que comprometían al presidente, de audios que podrían apuntar incluso a Rajoy. García Castaño dice que apenas tenía “cuatro cosas de Bárcenas” y suelta otra frase reveladora: “Menos mal que fui listo y no se me ocurrió dárselo a nadie”. En las cloacas, hasta la prudencia suena a chantaje.

La guinda es el ingreso del chófer en la Policía con 42 años, uno de los aspectos de malversación investigados. En una grabación, Villarejo plantea la maniobra al secretario de Estado de Seguridad con brutal claridad: “Si lo metemos a policía, lo tenemos pescado”. Traducido al castellano político: si le damos un futuro dentro del Cuerpo, se calla. Si se calla, el PP respira. Si el PP respira, el Estado se pudre un poco más.

Esto es Kitchen: policías, fondos reservados, audios, chóferes, billetes de 500 euros y un partido intentando que su caja B no terminara de hundirlo. Y todavía habrá quien lo llame pasado. No. El pasado no pasa cuando las cloacas siguen oliendo desde dentro del Estado.