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Washington reactiva una vieja herida para justificar otra escalada contra la isla mientras el bloqueo sigue asfixiando a millones de personas.
La Administración de Donald Trump ha decidido volver a tensar la cuerda con Cuba. Y lo hace recurriendo a un episodio ocurrido hace 30 años. Estados Unidos presentó este miércoles cargos contra el expresidente cubano Raúl Castro por el derribo de dos avionetas en 1996, una decisión que la propia Casa Blanca vende como un nuevo paso en su estrategia de presión contra la isla caribeña.
La noticia no llega aislada. Llega después de meses de amenazas, sanciones y declaraciones cada vez más agresivas desde Washington. También después de que Trump advirtiera en marzo que Cuba “es la siguiente” tras Venezuela. Una frase que ya no suena a simple provocación electoral. Suena a doctrina.
Los cargos están relacionados con el derribo de aeronaves operadas por un grupo de exiliados cubanos en 1996. Según adelantó Reuters la semana pasada, el Departamento de Justicia llevaba tiempo preparando la acusación. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba no respondió inicialmente a las preguntas de la agencia.
Pero el contexto importa. Mucho. Porque no estamos hablando solo de un procedimiento judicial. Estamos viendo cómo la mayor potencia militar del planeta utiliza su aparato judicial como herramienta de presión geopolítica. Y eso cambia las reglas.
UNA ACUSACIÓN JUDICIAL EN MEDIO DE UNA ESTRATEGIA DE CAMBIO DE RÉGIMEN
Trump no escondió el mensaje político detrás de la operación. Ni siquiera intentó disfrazarlo. En un comunicado difundido este miércoles afirmó que Estados Unidos “no tolerará que un Estado díscolo albergue operaciones militares, de inteligencia y terroristas extranjeras hostiles a tan solo 145 kilómetros de territorio estadounidense”.
La frase parece salida de otra época. Guerra Fría reciclada. Retórica imperial envuelta en lenguaje de seguridad nacional. Lo llamativo es que llega mientras Washington mantiene sobre Cuba una política de castigo económico brutal que dura décadas y que se ha endurecido todavía más durante los últimos años.
Estados Unidos no necesita invadir un país para destrozarlo. A veces basta con impedirle respirar.
El bloqueo económico —o embargo, según el lenguaje diplomático estadounidense— ha provocado un deterioro feroz de las condiciones de vida en la isla. Washington amenaza con sanciones a países que suministren combustible a Cuba. Resultado: apagones constantes, crisis energética, escasez de alimentos y medicinas y una situación social límite.
Y entonces aparece Marco Rubio ofreciendo “ayuda humanitaria” de 100 millones de dólares. El mismo Gobierno que aprieta el cuello aparece después ofreciendo agua.
Rubio, cuyos padres emigraron desde Cuba, dirigió este miércoles un mensaje en español al pueblo cubano prometiendo una “nueva relación” entre ambos países. Dijo que los alimentos y las medicinas deberían distribuirse a través de la Iglesia Católica u organizaciones “de confianza”. La frase tampoco es inocente. Implica deslegitimar al Estado cubano incluso en la gestión de la ayuda.
El canciller cubano Bruno Rodríguez respondió acusando a Rubio de ser “el vocero de intereses corruptos y revanchistas”. Y cuesta no entender el motivo. Porque hablar de ayuda mientras se mantiene un cerco económico que agrava la escasez tiene algo de chantaje político vestido de solidaridad televisiva.
DEL CASO MADURO A RAÚL CASTRO: LA JUSTICIA COMO ARMA GEOPOLÍTICA
Lo realmente inquietante no es solo la acusación contra Raúl Castro. Es el precedente reciente. La Administración Trump ya utilizó cargos por narcotráfico contra Nicolás Maduro como justificación política para la operación militar estadounidense del 3 de enero en Caracas. Una incursión en la que Maduro fue secuestrado y trasladado a Nueva York para responder ante la justicia estadounidense.
Sí. Secuestrado. Por un ejército extranjero.
Ese precedente cambia completamente la lectura de lo que está ocurriendo ahora. Porque cuando Washington presenta cargos contra dirigentes extranjeros ya no parece simplemente una acción judicial. Parece el primer capítulo de otra cosa.
Raúl Castro, nacido en 1931, fue una de las figuras centrales de la Revolución cubana junto a Fidel Castro. Participó en la guerrilla que derrocó a Fulgencio Batista —dictador respaldado por Estados Unidos— y posteriormente dirigió el Ministerio de Defensa antes de asumir la presidencia en 2008 tras la enfermedad de su hermano.
Renunció al cargo en 2018, aunque sigue siendo una figura influyente dentro del aparato político cubano. Y ahora Washington decide convertirlo en objetivo judicial en medio de una campaña explícita de “cambio de régimen”.
No hace falta compartir el modelo político cubano para detectar la hipocresía. Estados Unidos habla de democracia mientras utiliza sanciones económicas masivas que golpean a población civil. Habla de derechos humanos mientras convierte fiscales y tribunales en herramientas de presión internacional. Habla de estabilidad mientras amenaza abiertamente a un país situado a apenas 145 kilómetros de sus costas.
Miguel Díaz-Canel respondió el lunes asegurando que Cuba no representa una amenaza para Estados Unidos. Y advirtió de que cualquier acción militar estadounidense provocaría un “baño de sangre”.
La tensión vuelve a crecer en el Caribe. Otra vez. Con el mismo guion de siempre: presión económica, demonización política, amenazas y utilización estratégica de la justicia. Cambian las caras. Cambian los presidentes. Pero el mecanismo sigue intacto.
El imperio no necesita admitir que busca derrocar gobiernos cuando puede hacerlo lentamente, entre sanciones, tribunales y hambre.
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