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Mientras monta espectáculos frente a las cámaras y se vende como víctima política, los juzgados acumulan notificaciones fallidas, acusaciones de estafa y huidas dignas de un personaje de sainete ultra.
Hay personajes que llevan años intentando disfrazar el acoso de periodismo y la provocación de libertad de expresión. Vito Quiles es uno de ellos. Un agitador profesional construido a golpe de micrófono invasivo, vídeos para redes y victimismo permanente. Pero detrás de la performance ultra empieza a aparecer algo bastante menos épico: un tipo que lleva años intentando esquivar a la Justicia como quien evita pagar el billete del tren. Literalmente.
Porque ya no hablamos solo de ruido político. Hablamos de autos judiciales, citaciones ignoradas, órdenes internas para no recoger comunicaciones de juzgados y procedimientos abiertos que se eternizan porque el protagonista juega al escondite mientras posa de perseguido político. Todo muy patriótico hasta que llaman a la puerta con una notificación judicial.
ElPlural.com publicó este martes un documento que retrata bastante bien el nivel del personaje. Según esa información, Quiles habría dado instrucciones dentro de EDATV, el altavoz ultra dirigido por Javier Negre, para que no se aceptara ninguna comunicación judicial que llegara a su nombre. No responder. No recoger. No firmar. La estrategia del adolescente pillado copiando llevada al extremo político-mediático.
Y no parece un hecho aislado. Más bien una costumbre.
DEL MICRÓFONO AL ESCONDRITE JUDICIAL
Los métodos atribuidos a Quiles para evitar a la Justicia son variados. Algunos incluso rozan el esperpento. Uno de los episodios más surrealistas ocurrió en junio de 2024, cuando abandonó apresuradamente el Congreso de los Diputados después de que trascendiera que una jueza de Sevilla había ordenado su búsqueda y detención.
La realidad era bastante menos cinematográfica que el relato victimista difundido por el ecosistema ultra. La magistrada no pretendía detenerlo para encerrarlo en ninguna mazmorra ideológica. Lo que quería era localizarlo para entregarle una citación judicial. Nada más. Pero ni siquiera eso estaba siendo fácil.
El procedimiento nacía de la querella presentada en octubre de 2022 por el secretario general de Rubén Sánchez, que denunció a Quiles por injurias y calumnias. Según la información publicada, los intentos de notificación habían resultado infructuosos una y otra vez. Nadie encontraba al agitador cuando tocaba responder ante un juzgado. Curioso para alguien que vive pegado a una cámara y retransmite cada minuto de su vida política en redes sociales.
La causa siguió avanzando lentamente. Muy lentamente. Hasta abril de 2026 no llegó el auto de procesamiento. Y la petición de pena no es precisamente simbólica: nueve años de prisión por tres delitos continuados de calumnias, multas por valor de 24.000 euros por injurias y una indemnización de 60.000 euros.
Ese es el contraste que retrata bastante bien el fenómeno ultra-mediático español. Mucho discurso sobre valentía y libertad hasta que aparece una citación judicial. Ahí desaparece el personaje combativo y aparece alguien que, presuntamente, evita recoger cartas como si fueran multas de la comunidad de vecinos.
Porque el problema ya no es solo político o mediático. Empieza a ser estructural. La ultraderecha digital española ha construido durante años un ecosistema donde el acoso se monetiza, la mentira se viraliza y cualquier consecuencia judicial se presenta automáticamente como censura. Da igual el contenido de la causa. Da igual lo que digan los autos. Todo forma parte de una supuesta persecución contra quienes “dicen la verdad”. La coartada perfecta.
EL “POLIZÓN” QUE HACÍA TRAMPAS EN EL AVE
Luego está el otro caso. El más ridículo y quizá el más revelador.
La jueza de Alicante que investiga a Quiles como presunto autor de un delito de estafa también ha tenido enormes dificultades para notificarle la apertura del procedimiento. La investigación gira alrededor de hasta 17 ocasiones en las que Renfe constató que el agitador habría viajado entre Alicante y Madrid utilizando billetes más baratos para trayectos cortos. Es decir, pagando menos para recorrer más distancia. Según la causa, incluso llegó a colarse una vez en la sala Executive de un AVE.
La imagen resulta casi perfecta como metáfora política. Un personaje construido alrededor del discurso patriótico y del orden que, presuntamente, lleva años haciendo trampas para no pagar el tren. El mismo ecosistema que criminaliza constantemente a personas migrantes, personas pobres o jóvenes de barrios obreros por cualquier mínima infracción, convertido ahora en un manual de picaresca cutre en primera clase.
Y aquí aparece otro detalle significativo. Según publicó ElPlural.com, Quiles dejó de comprar billetes a Cuenca y Albacete después de ser descubierto como supuesto “polizón” del AVE. O sea, ni siquiera hablamos de un error puntual. Hablamos de un patrón.
Un patrón que encaja bastante bien con la lógica de cierta ultraderecha mediática contemporánea: vivir del espectáculo, victimizarse cuando llegan consecuencias y convertir cualquier intento de rendición de cuentas en un ataque político. Lo hacen constantemente. Con los juzgados. Con periodistas. Con organizaciones sociales. Con cualquiera que les contradiga.
Mientras tanto, las causas avanzan a trompicones porque localizar a un tertuliano ultra hiperactivo en redes parece más complicado que encontrar a un mafioso escondido en los Balcanes.
España lleva años soportando esta mutación del agitador digital convertido en supuesto “reportero perseguido”. Gente que graba a diputados y diputadas durante horas, que hostiga a periodistas, que lanza acusaciones gravísimas y que luego actúa como si recoger una notificación judicial fuera una forma de represión política.
No es rebeldía. No es disidencia. Es el viejo truco del matón que presume mucho hasta que alguien le pide responsabilidades.
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