Bolivia estalla contra Rodrigo Paz tras seis meses de restauración neoliberal 

El presidente que prometió “capitalismo para todos” enfrenta ya una rebelión popular de mineros, campesinos, maestros, transportistas y organizaciones indígenas que denuncian entrega de recursos, ajuste económico, represión y subordinación a intereses extranjeros.

SEIS MESES PARA ROMPER UNA PROMESA

Rodrigo Paz llegó al poder con una frase simple, eficaz y profundamente tramposa: “capitalismo para todos”. Sonaba moderno. Sonaba conciliador. Sonaba a salida razonable después de años de desgaste político, guerra interna en el MAS y cansancio social. A muchos sectores urbanos y populares les pareció una alternativa posible. No venía envuelto (al menos no de forma tan evidente) en el racismo clásico de la derecha boliviana. No parecía el rostro más brutal de la restauración. Parecía otra cosa.

Seis meses después, Bolivia vuelve a las calles.

Mineros, campesinos, maestros, transportistas, juntas vecinales, cocaleros y organizaciones indígenas que en octubre votaron por Paz hoy marchan contra él y exigen su renuncia. No es una protesta testimonial. No es una pataleta sectorial. Es una fractura política abierta. La marcha por la vida para salvar Bolivia ha llevado a miles de personas hacia La Paz, con bloqueos, movilizaciones y un mensaje cada vez más claro: el gobierno no ha traído estabilidad. Ha traído ajuste, entrega y desprecio.

El conflicto empezó con demandas concretas: aumentos salariales para maestros, gasolina de mejor calidad, rechazo a la Ley 1720 de reclasificación de tierras y denuncia del encarecimiento de la vida. Pero el malestar saltó rápido de lo económico a lo político. Porque cuando un gobierno promete reconciliación y acaba gobernando para empresarios, transnacionales y embajadas, la gente entiende muy rápido la estafa. Y Bolivia tiene memoria. Mucha memoria.

La Ley 1720, promulgada el 8 de abril y derogada el 13 de mayo por la presión social, fue leída por organizaciones campesinas e indígenas como un primer paso para desmantelar conquistas históricas de la reforma agraria. Permitía que pequeñas propiedades pudieran reconvertirse en medianas, abriendo la puerta a su uso como garantía crediticia. Traducido: lo que el gobierno vendía como acceso al crédito podía convertirse en una autopista hacia el endeudamiento, el embargo y la concentración de la tierra en manos del agronegocio. La libertad, otra vez, como envoltorio bonito de una cadena.

La economía hizo el resto. El gobierno eliminó subvenciones a combustibles, liberó exportaciones e importaciones, redujo aranceles y volvió a mirar al Fondo Monetario Internacional. Paz pidió un préstamo de unos 3.300 millones de dólares y aplicó una receta vieja, aburrida y cruel: ajuste para abajo, privilegios para arriba. Según el FMI, la inflación podría situarse en el 20,7% este año, con una posible contracción económica del 3%. Inflación y caída de la actividad. La peor combinación para quienes viven de su trabajo.

En enero, el gobierno ya había tenido que retirar el decreto 5.503 tras grandes protestas. Aquel paquete de 121 artículos incluía subidas del 86% para la gasolina especial, del 163% para el diésel y del 129% para la gasolina premium. Una motosierra con acento boliviano. Mientras tanto, se derogaban impuestos que pagaban los sectores más acomodados: grandes fortunas, transacciones financieras, promociones empresariales y juego. Para el pueblo, sacrificio. Para las élites, alfombra roja.

LA RESTAURACIÓN DEL ESTADO DE LOS DE ARRIBA

Lo que está ocurriendo en Bolivia no puede entenderse solo como una crisis económica. Es una restauración. Económica, política y simbólica. Durante dos décadas, con todos sus errores, tensiones y contradicciones, el proceso de cambio abrió espacios de poder para organizaciones campesinas, indígenas y populares. Ese mundo, que antes era tratado como decorado folclórico por las élites, pasó a tener capacidad de intervención en la vida política nacional.

Rodrigo Paz intenta devolver el Estado a sus dueños de siempre.

Y ahí está la raíz del incendio. No se trata solo del precio del combustible. No se trata solo de la canasta familiar. No se trata solo de una ley de tierras. Se trata de quién manda en Bolivia. Se trata de si las comunidades, los sindicatos y las organizaciones populares van a aceptar volver al rincón de donde las élites nunca quisieron que salieran. La respuesta, por ahora, está en las calles.

El gobierno ha respondido con la vieja receta de siempre: criminalizar la protesta. Todo es “evismo”. Todo es “subversión”. Todo es “desestabilización”. Da igual que la Central Obrera Boliviana exista desde 1952. Da igual que los ponchos rojos tengan una historia comunitaria propia. Da igual que los maestros reclamen salarios, que los transportistas denuncien gasolina basura o que las comunidades campesinas defiendan la tierra. Para el poder, si protestan, son “evistas”. Y si son “evistas”, ya está todo dicho. Ya pueden ser reprimidos.

La prensa alineada ha hecho su parte. Titulares que hablan de “fallecimientos” cuando la Defensoría del Pueblo confirmó muertos. Portadas que convierten a las Fuerzas Armadas en víctimas mientras invisibilizan a manifestantes heridos. Medios que presentan a la Iglesia Católica y al alcalde de Santa Cruz como voces del diálogo y a las organizaciones populares como responsables del caos. La gramática de la impunidad funciona así: los de abajo “amenazan”, los de arriba “piden diálogo”; los de abajo “elevan la tensión”, los de arriba “restablecen el orden”.

Es obsceno, pero no es nuevo.

Ya pasó en 2019, cuando Jeanine Áñez fue presentada como “presidenta interina” mientras militares, Biblia y racismo caminaban juntos por el palacio. Ya pasó en Ecuador, cuando los medios evitaron nombrar a responsables de muertes durante protestas. Ya pasó en media América Latina. Cuando el Estado mata, la prensa suele encontrar una palabra suave. Cuando el pueblo se defiende, encuentra una palabra dura.

ESTADOS UNIDOS, ISRAEL Y EL NUEVO MAPA DE LA ENTREGA

La crisis boliviana tampoco puede separarse del tablero regional. En apenas seis meses, Rodrigo Paz ha tomado decisiones demasiado alineadas con intereses externos como para despacharlas como casualidades: regreso de la DEA a Bolivia, restablecimiento de relaciones con Israel, acuerdos sobre litio con Estados Unidos y expansión de Starlink. Todo rápido. Todo en la misma dirección. Todo profundamente impopular entre sectores que votaron creyendo que Paz representaba una salida nacional y moderada.

Las filtraciones conocidas como Honduras Gate, retomadas por medios bolivianos, apuntan a una red regional de operadores políticos vinculada a Estados Unidos e Israel para influir en procesos electorales y reorientar gobiernos latinoamericanos hacia intereses extranjeros. En ese esquema aparece Numen Parscale, consultora fundada por Fernando Cerimedo, estratega digital argentino ligado al bolsonarismo y a Javier Milei, junto a Brad Parscale, exjefe de campaña de Donald Trump. Según el vicepresidente boliviano Edmond Lara, Cerimedo sería asesor personal de Rodrigo Paz.

El patrón que describen esas filtraciones es brutalmente sencillo: una maquinaria de marketing político ayuda a ganar elecciones y luego el gobierno ganador adopta decisiones estratégicas favorables a intereses extranjeros. No solo venden campañas. Venden orientación geopolítica. Tecnología estadounidense-israelí, apertura a la DEA, privatizaciones encubiertas, zonas especiales, concesiones de soberanía, diplomacia alineada y recursos naturales puestos sobre la mesa.

Bolivia, con su litio, sus hidrocarburos, su tierra y su peso simbólico en América Latina, no es un país cualquiera en ese tablero. Es un laboratorio. Un país donde la restauración neoliberal llega disfrazada de moderación, donde la entrega se presenta como modernización y donde la soberanía se cambia por promesas de inversión que casi nunca derraman nada hacia abajo. El derrame ya lo conocemos. Siempre cae hacia arriba.

No sorprende que Estados Unidos haya salido a respaldar al gobierno de Paz hablando de “acciones destinadas a desestabilizar” a un gobierno elegido democráticamente. No sorprende que gobiernos como los de Argentina, Ecuador, El Salvador, Paraguay o Perú hayan firmado comunicados en la misma línea. No sorprende que Israel también expresara apoyo y “preocupación humanitaria”. Israel preocupándose por la estabilidad democrática y la situación humanitaria. Hay ironías que ya ni necesitan remate.

Mientras tanto, Gustavo Petro habló de una insurrección popular frente a la soberbia geopolítica y se ofreció a mediar si era invitado. El gobierno boliviano rechazó sus declaraciones y pidió respeto al principio de no injerencia. Curioso. Mucho “no injerencia” hacia Colombia y mucha puerta abierta hacia Washington.

EL PUEBLO QUE NO QUIERE VOLVER A SER SIRVIENTE

Una de las frases más duras escuchadas en la movilización vino de un dirigente minero: “¿Qué futuro les espera a nuestros hijos? No les espera ningún futuro sino ser sus sirvientes”. Ahí está todo. No es solo un reclamo contra un presidente. Es una denuncia de clase. Es la memoria de un país donde las élites siempre soñaron con un pueblo obediente, barato y callado.

Bolivia tiene una larga historia de insurrecciones populares. En 2000, en 2003 y en otros momentos clave, fueron las calles, los bloqueos, las comunidades y los sindicatos quienes rompieron el ciclo neoliberal. No fueron los carteles electorales con sonrisas de campaña. Fue la presión popular. Fue el miedo de las élites. Fue la certeza de que gobernar contra el pueblo podía tener coste.

La pregunta ahora es hasta dónde llegará esta crisis. Susana Bejarano, politóloga y periodista boliviana, plantea una lectura importante: quizá el gobierno de Rodrigo Paz no caiga, porque para eso tendrían que confluir más factores regionales y sociales. Pero queda tocado. Muy tocado. Porque perdió la confianza de quienes debieron ser sus bases. Porque gobernó con el ala que hizo campaña contra él. Porque intentó usar a las organizaciones populares como escalera electoral y luego las trató como amenaza.

Ese es el error de los restauradores: creen que la historia puede borrarse con decretos, titulares y policías. Creen que los pueblos olvidan rápido. Creen que la palabra “diálogo” basta mientras se entregan recursos, se encarece la vida y se militariza el conflicto. Pero Bolivia no es un Excel del FMI. Bolivia no es una consultora electoral. Bolivia no es una finca del agro cruceño ni un contrato de inversión estratégica blindado durante 15 años.

Bolivia es también sus mineros, sus campesinas, sus maestros, sus barrios, sus cocaleros, sus comunidades indígenas, sus mujeres organizadas y sus ponchos rojos. Todo eso que las élites llaman amenaza cuando deja de obedecer.

Rodrigo Paz prometió “capitalismo para todos”. En seis meses, muchos bolivianos han entendido la traducción real: ajuste para la mayoría, privilegios para los ricos y soberanía servida en bandeja a los poderes de siempre.

Y cuando un pueblo descubre que lo han usado para devolver el país a sus dueños de siempre, la calle deja de ser protesta y empieza a ser memoria organizada.