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Otra vez el poder político jugando con las instituciones como si fueran su cortijo privado.
La historia tiene algo obsceno. No solo por la filtración de datos personales del novio de Isabel Díaz Ayuso. También por la imagen que deja una vez más: instituciones públicas convertidas en campos de batalla partidista, organismos funcionando con agujeros enormes de seguridad y responsables políticos incapaces de asumir nada mientras la ciudadanía contempla el espectáculo desde fuera. Como siempre. Pagando la fiesta.
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha sancionado al Ayuntamiento de Madrid por la “revelación, transmisión y difusión” de información sensible relacionada con Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña. Los datos acabaron publicados en medios de comunicación y procedían de expedientes urbanísticos abiertos en 2022 por las obras realizadas en el piso de Chamberí donde convive con Ayuso.
No hablamos de una filtración menor. Según la resolución, entre los datos difundidos figuraban el nombre completo, DNI, dirección postal, teléfono, correo electrónico personal y detalles internos del inmueble: distribución, entradas y salidas, superficie y presupuesto de la reforma. Información privada. Información sensible. Información que solo manejaba el Ayuntamiento.
Y aun así, nadie parece escandalizarse demasiado ya. Porque España lleva años acostumbrándose a que las instituciones fallen siempre hacia el mismo lado.
UN AYUNTAMIENTO QUE FILTRA Y UNA ADMINISTRACIÓN QUE SE AUTOABSUELVE
El origen del conflicto se remonta a julio de 2022, cuando González Amador compró el inmueble por 850.000 euros. Pagó 350.000 euros de entrada y financió el resto mediante una hipoteca de 500.000 euros. Poco después comenzaron unas reformas que provocaron problemas vecinales, vertidos de aguas fecales al restaurante del bajo, ocupación de vía pública y derribos internos.
En mayo de 2024 trascendió que el Ayuntamiento analizaba la legalidad de las obras. Un mes después, González Amador denunció al consistorio ante la AEPD. Ayuso respaldó públicamente la ofensiva asegurando que “un ciudadano tiene derecho a defenderse si una institución revela datos personales”.
Curioso concepto de ciudadanía selectiva. Porque cuando las filtraciones afectan a determinadas personas, el aparato político-mediático habla de derechos fundamentales. Cuando afectan a activistas, sindicalistas, manifestantes o personas migrantes, el discurso cambia rápidamente y aparece la palabra “seguridad”.
La investigación de la Agencia detectó hasta doce noticias publicadas con información procedente de dos aplicaciones municipales distintas. Una era de acceso público para consultar expedientes urbanísticos. La otra estaba reservada a personal autorizado del Ayuntamiento.
El problema no era pequeño. Era estructural.
La propia resolución describe cómo el Ayuntamiento trató de esquivar responsabilidades alegando que no existía una “brecha de seguridad” porque no tenían constancia de accesos ilegítimos. Una defensa burocrática bastante miserable: si el agua entra por todas partes pero nadie vio romperse la tubería, entonces la casa no se inunda. Ese nivel.
Mientras tanto, las medidas adoptadas fueron improvisadas y tardías: desconectar temporalmente la aplicación pública, anonimizar parcialmente datos sensibles y bloquear el acceso a la persona que había consultado repetidamente la base interna.
La AEPD acabó concluyendo que el Ayuntamiento había vulnerado hasta tres artículos del Reglamento General de Protección de Datos. Pero aquí llega otra de esas maravillas del sistema español: cuando quien incumple es una administración pública, la sanción queda prácticamente en un apercibimiento. Nada de multas millonarias. Nada de responsabilidades políticas reales. Solo recomendaciones y plazos.
Porque el poder rara vez se castiga a sí mismo.
EL PISO, EL ÁTICO Y LA IMPUNIDAD COMO PAISAJE
Hay otro detalle demoledor. La sanción de la AEPD fue dictada el 19 de noviembre de 2025, apenas un día antes de hacerse pública la sentencia del Tribunal Supremo contra el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por revelación de secretos en otra causa relacionada precisamente con González Amador y su fraude fiscal.
El empresario sigue acusado de dos delitos de fraude fiscal por 350.951 euros y otro de falsificación documental. La Fiscalía solicita para él tres años y nueve meses de cárcel.
Pero la maquinaria mediática lleva meses funcionando a pleno rendimiento para convertirle poco menos que en víctima institucional.
Mientras tanto, la pareja Ayuso-Amador continúa disfrutando no solo del piso reformado, sino también del ático de lujo del mismo edificio, adquirido por 950.000 euros a través de la sociedad Babia Capital SL. Según declaró el propio González Amador, pagaba 5.000 euros mensuales por el alquiler con opción a compra hasta ejecutar finalmente la operación.
Todo dentro de la normalidad madrileña. Esa donde los escándalos inmobiliarios conviven perfectamente con discursos sobre “libertad”, “mérito” y “esfuerzo”.
La resolución de la Agencia deja además una frase importante. Recuerda que el acceso a información urbanística debe respetar el principio de transparencia, sí, pero que esa transparencia “no es ilimitada” y debe armonizarse con el derecho fundamental a la protección de datos personales. Porque publicar indiscriminadamente cualquier información privada no es fiscalización democrática. Es otra cosa.
El problema es que en Madrid hace tiempo que las instituciones parecen funcionar bajo una lógica distinta. Una donde los organismos públicos se cruzan filtraciones, guerras internas y operaciones políticas mientras los servicios básicos se deterioran y las responsabilidades desaparecen bajo capas infinitas de propaganda.
Y otra vez aparece la misma sensación incómoda: en España las leyes parecen mucho más duras para quien protesta que para quien tiene áticos, sociedades y teléfonos directos al poder.
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