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El veto a católicos en Jerusalén desnuda la hipocresía de quienes dicen defender la religión mientras sostienen alianzas políticas
Hay silencios que pesan más que cualquier discurso. El ocurrido el 29 de marzo, cuando la policía israelí impidió al cardenal Pierbattista Pizzaballa acceder al Santo Sepulcro en pleno Domingo de Ramos, no es un episodio aislado ni un error administrativo, sino una decisión política. Y, sobre todo, es un espejo incómodo para quienes han hecho de la religión una bandera selectiva.
Mientras líderes internacionales denunciaban lo sucedido, como refleja la reacción institucional del Gobierno español exigiendo respeto a la libertad religiosa, el partido que presume de defender la fe católica optaba por el silencio. No un matiz, no una duda, no una condena. Nada. Un vacío que revela que su defensa de la religión no es ética ni espiritual, sino profundamente instrumental.
Porque aquí no hablamos de una cuestión menor. El Patriarcado Latino calificó el veto como una medida “sin precedentes desde hace siglos”, un hecho que rompe con el delicado equilibrio religioso en Jerusalén. Se impide el acceso a uno de los lugares más sagrados del cristianismo en una de las fechas más importantes del calendario. Y quienes se llenan la boca con la tradición, la identidad y la religión, miran hacia otro lado.
La excusa oficial fue la seguridad, en el contexto de la escalada militar regional. Pero la historia reciente demuestra que las restricciones no son neutrales. Se aplican de forma selectiva, se endurecen en momentos concretos y afectan siempre a los mismos colectivos. Y eso no es seguridad, es control.
RELIGIÓN COMO COARTADA POLÍTICA
El problema no es solo lo que ha ocurrido en Jerusalén. El problema es cómo se utiliza la religión en Europa y, en particular, en España. Vox ha construido buena parte de su discurso sobre la defensa de las raíces cristianas frente a un supuesto enemigo cultural. Pero cuando esa defensa implica cuestionar a un aliado político, desaparece.
No es casualidad. La relación entre Vox y el Gobierno de Benjamin Netanyahu no es coyuntural. Se ha escenificado públicamente, como en el encuentro de 2024 entre Santiago Abascal y el primer ministro israelí en plena ofensiva sobre Gaza. Desde entonces, el alineamiento ha sido constante. Un apoyo sin fisuras, incluso en los momentos de mayor condena internacional por el número de víctimas civiles.
Ese respaldo no es solo ideológico. También tiene dimensiones orgánicas y financieras. Entre 2023 y 2024, la formación reconoció haber recibido más de 13 millones de euros en créditos vinculados a entidades conectadas con gobiernos aliados de Israel. La política exterior se cruza con la financiación, y la coherencia se sacrifica en el altar de los intereses.
El resultado es evidente. Cuando la vulneración de derechos afecta a quienes encajan en su relato, la reacción es inmediata. Cuando no, el silencio se convierte en estrategia. La religión deja de ser un valor universal para convertirse en una herramienta de confrontación selectiva.
UNA REALIDAD QUE DESMONTA EL RELATO
La situación de las comunidades cristianas en Israel y Palestina es mucho más compleja de lo que suele presentarse. Según los datos recopilados por la Custodia de Tierra Santa sobre la población cristiana en Israel, representan apenas una minoría dentro del conjunto de la población. Su presencia histórica contrasta con una realidad cada vez más condicionada por restricciones políticas y tensiones territoriales.
En paralelo, el contexto regional agrava la situación. La escalada militar desde 2023 en Gaza y la extensión del conflicto han generado un entorno donde los derechos civiles, incluidos los religiosos, quedan subordinados a la lógica de guerra. Un análisis de la cobertura internacional sobre las restricciones en Jerusalén refleja cómo estas medidas no son episodios aislados, sino parte de una dinámica más amplia de control sobre el espacio y la población.
En este escenario, la libertad religiosa se convierte en un concepto vacío si no se aplica de forma universal. No puede defenderse solo cuando sirve para reforzar un discurso político. No puede invocarse como símbolo identitario mientras se ignora su vulneración real.
Lo que ocurrió el 29 de marzo no es solo una decisión administrativa ni un incidente puntual. Es la prueba de que los derechos fundamentales se negocian, se priorizan y, en muchos casos, se sacrifican en función de intereses geopolíticos. Y también es la evidencia de que quienes dicen defenderlos no siempre están dispuestos a hacerlo cuando resulta incómodo.
No es fe lo que defienden, es poder disfrazado de fe.
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