Argentina, 50 años después: el negacionismo de Milei contra la memoria que resiste 

Medio siglo tras el golpe del 24 de marzo de 1976, el poder intenta reescribir el terror mientras la calle vuelve a gritar “Nunca Más”

Han pasado 50 años desde el golpe militar del 24 de marzo de 1976 en Argentina, pero la disputa por el pasado sigue siendo brutalmente actual. No es una batalla simbólica ni académica. Es una lucha política concreta entre quienes sostienen la memoria y quienes pretenden dinamitarla desde el poder. Y hoy, esa ofensiva tiene nombre propio: Javier Milei.

La advertencia de Naciones Unidas no deja margen para la ambigüedad. Tras más de dos años de gobierno ultraderechista, el organismo habla de un “retroceso alarmante” en las políticas de memoria, verdad y justicia. No se trata de un matiz, sino de un giro estructural. Lo que durante décadas se construyó como consenso democrático básico está siendo erosionado desde dentro del Estado.

Mientras tanto, la sociedad civil responde. Este 24 de marzo, en el aniversario exacto, miles de personas volverán a marchar hacia Plaza de Mayo y en todo el país bajo una consigna que sigue siendo incómoda para el poder: “¿Dónde están los 30.000 desaparecidos?”. No es una pregunta retórica. Es una acusación abierta.

DESMANTELAR LA MEMORIA PARA BLANQUEAR EL TERROR

El Gobierno de Milei no se limita a cuestionar cifras. Niega la existencia de un plan sistemático de desaparición, tortura y robo de bebés. Reduce la cifra de 30.000 desaparecidos a los 8.961 casos documentados en el informe “Nunca Más” de 1984, ignorando deliberadamente el contexto de terror, clandestinidad y destrucción de pruebas que impidió registrar miles de casos.

No es una discusión historiográfica. Es una estrategia política de deslegitimación del dolor colectivo.

El Ejecutivo ha ido más allá. Ha impulsado un discurso de “reconciliación” que equipara víctimas y verdugos, resucitando y deformando la teoría de los dos demonios. En esa narrativa, el terrorismo de Estado deja de ser un crimen estructural para convertirse en una reacción más dentro de un conflicto difuso. Se diluye la responsabilidad del Estado para normalizar lo que fue un aparato organizado de exterminio.

Las consecuencias no son solo discursivas. Según denuncian juristas y organismos de derechos humanos, el Gobierno ha desmantelado programas clave: reducción de financiación a sitios de memoria, debilitamiento del Archivo Nacional por la Memoria y recorte de políticas de reparación. La memoria no se combate solo con palabras, se vacía también con presupuestos.

El negacionismo ha llegado incluso a foros internacionales. En noviembre pasado, representantes del Ejecutivo llevaron esta narrativa a Naciones Unidas tras haber reducido la estructura de derechos humanos a una tercera parte. No es un desliz, es una línea política.

LA JUSTICIA RESISTE, AUNQUE LA QUIERAN VACÍA

Frente a esta ofensiva, hay un dato que incomoda: la justicia sigue hablando. Desde la reapertura de los juicios en 2006, 1.231 personas han sido condenadas por crímenes de lesa humanidad. A día de hoy, continúan abiertos 12 procesos judiciales y hay cerca de un millar de represores bajo investigación.

La verdad judicial existe, está documentada y ha sido probada en tribunales.

Sin embargo, el deterioro también alcanza a este ámbito. 2025 fue el año con más absoluciones desde la reanudación de los juicios. Hubo 20 condenas frente a 12 absoluciones, una tendencia que preocupa a las organizaciones de derechos humanos. A esto se suma un dato revelador: el 83% de las personas condenadas y el 90% de las procesadas cumplen sus penas en arresto domiciliario.

La impunidad no se declara. Se administra.

Solo 19 represores están en cárceles comunes, mientras que 62 permanecen en la unidad 34 de Campo de Mayo, bajo condiciones más flexibles dentro de jurisdicción militar. El castigo existe, pero se diluye en condiciones privilegiadas.

A pesar de todo, hay grietas en el intento de borrar la historia. El Equipo Argentino de Antropología Forense ha identificado recientemente a 12 personas desaparecidas en el centro clandestino de La Perla, en Córdoba. Cada identificación es una derrota para el olvido. Cada cuerpo recuperado devuelve una historia que el poder quiso enterrar.

La ONU ha sido clara al señalar el vaciamiento de instituciones como la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad y la desarticulación de querellas del Estado. También denuncia la degradación de espacios como la ESMA, símbolo del terror. No es solo memoria histórica, son derechos humanos vigentes.

El ataque a los archivos, la paralización de investigaciones y la desclasificación mínima (apenas 26 documentos) forman parte de la misma lógica. Sin datos, sin recursos y sin voluntad política, la verdad se convierte en una tarea heroica de quienes resisten desde fuera del poder.

Pero hay algo que no han conseguido desmontar. Ni los recortes, ni la propaganda, ni la manipulación han logrado borrar la memoria colectiva. Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo siguen en pie. Las calles siguen llenándose cada 24 de marzo. Y la pregunta sigue atravesando generaciones.

Porque cuando un gobierno necesita negar el pasado, lo que está intentando es justificar el presente.