La guerra sucia en Vox estalla en los juzgados mientras se descompone el proyecto de Abascal 

Filtraciones, acusaciones internas y dinero público bajo sospecha: la ultraderecha se enfrenta a su propia crisis estructural

La imagen de disciplina férrea que Vox ha intentado proyectar durante años se desmorona. Lo que durante tiempo se presentó como un bloque compacto frente al resto de fuerzas políticas ha derivado en una lucha interna sin disimulo, con consecuencias judiciales y políticas. Dos altos cargos del entorno directo de Santiago Abascal han sido imputados por revelación de secretos, en un caso que pone negro sobre blanco la degradación interna del partido.

La imputación alcanza a Juan de Dios Dávila y Cristina Navarro, responsables del llamado equipo de cumplimiento normativo. Es decir, el órgano encargado de velar por la legalidad dentro del partido. Quienes debían fiscalizar ahora están siendo investigados, en un giro que ilustra el nivel de descomposición organizativa.

La causa judicial tiene su origen en una filtración: un expediente interno contra Iván Espinosa de los Monteros, exportavoz parlamentario, que acabó publicado el 20 de marzo de 2025 en un medio afín. La Fiscalía ya había archivado previamente las denuncias contenidas en ese documento por falta de indicios delictivos. Aun así, el material fue utilizado para erosionar públicamente a un dirigente crítico.

No es un hecho aislado. La guerra interna en Vox se ha convertido en una estrategia sistemática de desgaste, donde las filtraciones sustituyen al debate político y los expedientes internos se usan como arma.

UNA ORGANIZACIÓN QUE FUNCIONA COMO APARATO DE PODER

La cronología es reveladora. El 22 de enero de 2025, un día después de que Espinosa reapareciera en una entrevista, el partido activó una investigación interna contra él por un supuesto tráfico de influencias. El caso quedó en nada en los tribunales, pero cumplió su función política: desacreditar al disidente.

Este patrón se repite. Las luchas internas no se dirimen con mecanismos democráticos, sino mediante expedientes opacos, filtraciones interesadas y campañas mediáticas. La lógica no es política, es disciplinaria.

Los correos filtrados entre dirigentes del partido, publicados también en medios, muestran un nivel de enfrentamiento que va más allá de la discrepancia ideológica. Se habla de informes internos para forzar ceses, acusaciones personales y hasta referencias a comportamientos violentos. El aparato interno se convierte así en un instrumento de control y castigo.

Mientras tanto, la dirección intenta mantener el relato de unidad. Pepa Millán ha defendido que no hay crisis porque el partido crece electoralmente. Pero los datos empiezan a tensionar ese discurso. En las elecciones recientes en Castilla y León, Vox quedó por debajo del 20% que anticipaban las encuestas. No es un desplome, pero sí una señal.

Y sobre todo, no es compatible con la imagen de cohesión que intentan sostener. Un partido que judicializa sus conflictos internos difícilmente puede presentarse como alternativa estable.

DINERO, PODER Y LA HIPOCRESÍA DE LA ULTRADERECHA

La disputa no es solo política. Es económica. Los sectores críticos han puesto sobre la mesa acusaciones que afectan directamente al núcleo de poder de Abascal. En un manifiesto firmado por 15 exdirigentes, se denuncian retribuciones elevadas en el entorno del líder y la existencia de estructuras paralelas poco transparentes.

El exvicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, fue más allá. Señaló un supuesto tercer sueldo de 60.000 euros, vinculado a servicios de consultoría a través de empresas relacionadas con el partido. El pago habría ido a parar a la cuenta de su entorno familiar. Un partido que hace bandera de la austeridad aparece ahora rodeado de sospechas sobre el uso de fondos públicos.

Las acusaciones no han sido aclaradas de forma convincente. La respuesta de la dirección ha sido política, no explicativa: desacreditar a quienes denuncian. Se les acusa de actuar al servicio del PP o de intereses personales. La crítica interna se convierte automáticamente en traición.

Este funcionamiento no es nuevo en organizaciones jerárquicas cerradas. Pero resulta especialmente significativo en una formación que ha construido su discurso sobre la regeneración y la denuncia de la corrupción. La contradicción es estructural: quienes prometían limpiar las instituciones replican dinámicas de opacidad y control interno.

El caso de Murcia ilustra hasta qué punto las filtraciones se han convertido en herramienta política. Informaciones atribuidas a “fuentes del partido” intentaron vincular a dirigentes críticos con operaciones urbanísticas. Algunas de estas acusaciones han sido desmentidas por administraciones implicadas. Pero el daño reputacional ya estaba hecho.

No se trata solo de una guerra de egos. Es un modelo de funcionamiento. Una organización que utiliza información confidencial como arma política está más cerca de una estructura de poder que de un proyecto democrático.

La imposibilidad práctica de convocar un congreso extraordinario, que requeriría el apoyo del 20% de la afiliación, bloquea cualquier salida interna. Ni siquiera se conoce con claridad el número de afiliados, lo que añade otra capa de opacidad.

Mientras tanto, el partido se enfrenta a futuras citas electorales, especialmente en Andalucía, donde inició su ascenso institucional hace siete años y medio. El lugar donde empezó su expansión puede convertirse también en el escenario donde se evidencie su desgaste.

Cuando una organización necesita tribunales para gestionar sus conflictos internos, lo que está en juego no es solo su liderazgo, sino su propia legitimidad.