El Rasputín de Ayuso y el derrumbe educativo en Madrid 

Cuando el poder en la sombra cae, lo que queda es el vacío de gestión y la universidad al borde del colapso

La salida de Emilio Viciana el 17 de febrero no ha sido un simple relevo en la Consejería de Educación. Ha sido una detonación política en el corazón del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. En cuestión de horas dimitieron dos directores generales y tres diputados autonómicos. No por discrepancias técnicas. No por una reforma educativa meditada. Por lealtad a un hombre que ni siquiera figuraba oficialmente en el organigrama.

Ese hombre es Antonio Castillo Algarra, director del Ballet Español de la Comunidad de Madrid y señalado por distintos medios como el verdadero poder en la sombra de la Consejería. Desde los Teatros del Canal, sin despacho institucional, se movían papeles, se definían estrategias y se trazaban líneas ideológicas. La educación pública de la región más rica del Estado estaba bajo la tutela de un operador sin cargo formal pero con mando efectivo.

El cese de Viciana activó una cadena de renuncias. Dejaron su acta Pablo Posse, portavoz de Educación; Mónica Lavín, responsable de Política Social; y Carlota Pasarón, portavoz de Juventud. También abandonaron sus puestos la directora general de Secundaria y FP, María Luz Rodríguez de Llera Tejeda, y el responsable de Universidades, Nicolás Javier Casas Calvo. El argumento oficial habla de “razones personales”. El contexto apunta a un ajuste de cuentas interno.

UNIVERSIDADES ASFIXIADAS Y PODERES EN LA SOMBRA

El trasfondo no es menor. La ley de universidades que debía aprobar Viciana fracasó. No solo no logró el consenso mínimo. Provocó tres protestas públicas de los seis rectores, una huelga que paralizó los campus en noviembre de 2025 y un rechazo transversal de profesorado, alumnado y personal técnico.

Los rectores ya habían advertido en junio de 2024 que apenas tenían fondos para “abrir los centros”. Denunciaron que en 2024 recibían menos financiación que en 2009. Madrid, la comunidad con mayor PIB del Estado, es también la que peor financia a sus universidades públicas. La propia administración regional tuvo que conceder un crédito de emergencia a la Universidad Complutense de Madrid para que pudiera pagar nóminas.

La ley propuesta obligaba a las universidades a captar hasta el 30% de su financiación en el mercado, incentivaba la creación de fondos de inversión internos y establecía un régimen sancionador con multas de hasta 100.000 euros por escraches o protestas en campus. Introducía además una figura de control económico externo que la comunidad académica calificó de “asalto” a la autonomía universitaria.

No era una reforma para reforzar lo público. Era un giro hacia la mercantilización.

Cuando Ayuso viajó a Florida, según fuentes internas, escuchó de rectores que el texto estaba redactado por alguien que “no entendía nada de universidades”. Poco después colocó como viceconsejera a Mercedes Zarzalejo, persona de máxima confianza. A las reuniones comenzó a acudir también el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín. La intervención estaba en marcha. Viciana quedó políticamente amortizado.

El relevo se ejecutó el 17 de febrero de 2026. Al día siguiente, el entramado leal a Castillo Algarra se desmoronó públicamente. Quienes conocían el grupo interno, apodado “los Pocholos”, describen escenas de desconcierto y lágrimas en los pasillos de la Asamblea. Juventud sin experiencia, perfiles ultraconservadores, fidelidad personal antes que proyecto educativo.

CULTURA DE CAMARILLA Y GUERRAS IDEOLÓGICAS

La influencia del llamado “Rasputín” no se limitaba a la ley universitaria. Se le atribuye la inspiración de la derogación de la ley trans aprobada en la etapa de Cristina Cifuentes, el relanzamiento de la fiesta de la Hispanidad y reinterpretaciones revisionistas sobre figuras como Ramiro de Maeztu. Una agenda cultural convertida en ariete ideológico mientras las universidades públicas agonizaban financieramente.

La crisis actual es la mayor que ha vivido el Ejecutivo madrileño desde la llegada de Ayuso al poder. No porque haya caído un consejero. Sino porque ha quedado expuesto el método. Gobernar mediante lealtades personales, círculos cerrados y operadores sin responsabilidad formal.

Mientras tanto, la comunidad universitaria sigue esperando financiación estable. El personal docente continúa denunciando precariedad. Las y los estudiantes pagan matrículas crecientes. Las enfermeras y enfermeros formados en la pública sostienen hospitales infrafinanciados. Y el debate institucional gira en torno a guerras culturales y luchas de poder internas.

Ayuso ha nombrado a Zarzalejo como nueva consejera en plena pugna. Sin trayectoria educativa, pero con acreditada combatividad política. La incógnita no es solo si podrá sacar adelante una nueva ley. Es si el modelo cambiará o simplemente mutará de manos.

Porque lo ocurrido estos días no es una anécdota palaciega. Es el síntoma de un sistema que subordina la educación pública a estrategias partidistas y a intereses de camarilla.

Y cuando la educación se convierte en teatro de poder, el precio lo paga siempre la mayoría.