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Un país que destruye empresas y también disidencias
UN RÉGIMEN DOMICILIARIO QUE SE CIERRA COMO UNA TRAMPA
La decisión llegó 48 horas después de una escena que el poder económico preferiría borrar: nueve economistas jóvenes entrando en San José 1111, la casa donde Cristina Fernández de Kirchner cumple detención domiciliaria desde junio de 2025, tras una condena a seis años por la causa Vialidad.
El encuentro duró lo que dura una charla de trabajo. Pero para el Gobierno de Javier Milei y para la constelación judicial que lo acompaña fue una provocación intolerable. No tanto por las visitas sino por lo que allí se discutió: un programa económico alternativo al que está pulverizando salarios, empresas y derechos en Argentina.
El juez federal Jorge Gorini, integrante del tribunal que firmó aquella condena, dictó ahora un endurecimiento del régimen de visitas: solo dos encuentros semanales, máximo de dos horas y no más de tres personas a la vez. Una ingeniería del aislamiento. Una arquitectura del silencio.
El argumento de Gorini roza lo absurdo: afirma que las nueve personas no estaban autorizadas a entrar de forma “simultánea”, pese a que cada una había sido previamente autorizada por el tribunal. La irregularidad, según él, es que hablaran juntas.
Como si el problema fuera el número de sillas en la sala y no el contenido político del encuentro.
No es una cuestión de seguridad. Es la vieja técnica de siempre: donde hay disidencia, poner un candado.
En la esquina de Constitución, su casa se ha convertido en un punto de peregrinación política: dirigentes y militantes buscan construir un bloque opositor frente al proyecto liberticida del Gobierno. Esa confluencia popular molesta tanto como sus palabras.
El fallo lo dice sin decirlo: limitar la vida política, no garantizar la custodia. Y así, en nombre de la “seguridad”, lo que se despliega es una sanción añadida al encierro.
La prisión domiciliaria convertida en una cuarentena política no escrita.
KIRCHNER RESPONDE Y MILEI CELEBRA: EL CONFLICTO QUE DEFINE UNA ÉPOCA
Kirchner respondió rápido. Señaló la “confluencia de intereses” entre el Gobierno de Milei, sectores del Poder Judicial y los medios que amplifican el relato oficial. Lo llamó “el bestiario mediático”. Y volvió a recordar algo que en Argentina se quiere tapar desde diciembre de 2023: que el país vive una destrucción acelerada de empresas y empleo bajo políticas de shock permanente.
Su defensa fue directa: todas las personas estaban autorizadas. Como siempre. No recibe a nadie sin autorización judicial previa.
Lo que molesta no es el incumplimiento, sino la imagen de una alternativa económica incubándose en la penumbra del encierro.
Porque mientras el país se desliza hacia un modelo extractivo, dependiente y funcional al capital financiero, Cristina Kirchner habló de algo que el Gobierno teme más que cualquier protesta:
crecimiento productivo, federalismo económico, industria nacional, Estado presente.
Que lo diga desde un balcón vigilado multiplica el efecto.
Que lo diga ante jóvenes economistas rompe el relato oficial de que el peronismo es pasado.
Que lo diga una mujer perseguida vuelve a mostrar la marca del lawfare regional: cuando la urna no los derrota, la justicia se ofrece como atajo.
Argentina ya ha visto este guion. Lo sufrió Lula en Brasil. Lo vivió Rafael Correa en Ecuador. Lo intentaron con Evo en Bolivia. Lo intentan con Daniel Jadue en Chile. La regla es clara: si hay posibilidad de alternativa progresista, la maquinaria judicial-mediática entra en acción.
En este caso, con precisión quirúrgica: restringir contactos, limitar reuniones, aislar el pensamiento.
Es la política convertida en penalización administrativa.
Los medios afines celebraron como si se hubiera neutralizado una amenaza.
Pero ahí reside el error: cuando un país necesita limitar las visitas de una expresidenta para evitar que hable de economía, es que el proyecto oficial carece de estabilidad, de apoyo y de futuro.
Cristina Kirchner no puede recibir más de tres personas a la vez.
Pero Milei no puede recibir ni una sola buena noticia económica.
La democracia argentina está en un punto de quiebre: o acepta que la justicia se utilice como bozal político o reconoce que este camino no es Estado de derecho sino su caricatura.
Porque un país que destruye empresas, derechos y futuro también termina destruyendo sus voces críticas.
Y esa es la línea que separa una crisis económica de un proyecto autoritario.
La verdadera alarma no está en San José 1111.
Está en la Casa Rosada.
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