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Un sistema internacional secuestrado permite que un Estado armado hasta los dientes convierta las resoluciones de la ONU en papel mojado.
ATAQUES A QUIENES DEBERÍAN PROTEGER LA PAZ
Las y los cascos azules desplegados en el sur de Líbano llevan tres meses encajando ataques directos del ejército israelí sin que el Consejo de Seguridad haga nada más que tomar nota. El último episodio se produjo el 16 de noviembre, cuando la artillería israelí bombardeó a personal de la misión UNIFIL dentro de territorio libanés. Las y los militares de la ONU lograron ponerse a cubierto y pidieron por los canales de enlace que cesara el fuego, una escena que retrata mejor que cualquier discurso la arquitectura de poder que sostiene esta región: quienes deben vigilar la paz piden permiso para no morir mientras una potencia regional dispara a voluntad.
Israel alegó que se trataba de un error por “mala visibilidad”, una explicación repetida tantas veces que ya funciona como trámite burocrático. Cada ataque se cubre con la misma coartada meteorológica, como si la niebla fomentara sistemáticamente la confusión hacia objetivos marcados, uniformados y en plena comunicación con el mando israelí.
El problema no es solo la versión israelí, sino el marco internacional que la acepta. La resolución 1701 del Consejo de Seguridad, en vigor desde 2006, prohíbe de forma explícita cualquier agresión contra UNIFIL. Su incumplimiento continuado no ha tenido consecuencias. Ni sanciones. Ni advertencias formales. La comunidad internacional actúa como si la impunidad fuese una cláusula adicional del derecho internacional, reservada para los Estados con suficiente poder económico, militar o diplomático para intimidar a la ONU.
UNIFIL recordó en un comunicado que este último ataque es el tercero contra su personal en tres meses y que forma parte de un patrón más amplio que incluye agresiones documentadas en Gaza y otras zonas bajo ocupación. El mensaje es claro: no se ataca por confusión, sino porque se puede. Porque se sabe que no habrá repercusiones significativas. Porque la maquinaria diplomática occidental está diseñada para contener cualquier intento de frenar al aliado estratégico en Oriente Medio.
UN MURO QUE INVADE 4.000 METROS CUADRADOS DE LÍBANO
Mientras la artillería dispara sobre quienes intentan mantener la estabilidad, Israel desarrolla otra táctica igual de reveladora: construir un muro que cruza la Línea Azul, la frontera reconocida por la ONU. Esa línea, fruto de un acuerdo de desescalada, no es un detalle menor: marca el límite entre dos Estados y su vulneración se considera un acto de agresión. Y aun así, Israel ha levantado una estructura de hormigón que invade al menos 4.000 metros cuadrados de territorio libanés, según un informe adjunto que UNIFIL enviará al Consejo de Seguridad junto a la denuncia presentada por el Gobierno de Líbano.
La excusa israelí es idéntica a la que repetía en Gaza: negar primero y construir después. El Gobierno libanés, presidido por Joseph Aoun, ordenó preparar una denuncia urgente. UNIFIL, en un documento demoledor, desmiente por completo la narrativa israelí y confirma que la obra bloquea el acceso de familias a sus propias tierras. No hablamos de una disputa abstracta. Hablamos de campesinas y campesinos que ya no pueden llegar a sus parcelas porque una potencia ocupante ha decidido redibujar la frontera unilateralmente.
“La presencia y la construcción israelí dentro del territorio libanés son una violación directa de la resolución 1701 y de la soberanía de Líbano”, señala el informe de la misión. Y añade un recordatorio que ya parece un mantra sin destinatario: las fuerzas israelíes deben retirarse de todas las zonas al norte de la Línea Azul.
Lo que se despliega ante nuestros ojos es un proceso sistemático de erosión territorial que se repite idéntico en distintos escenarios: Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este, Siria, Líbano. Cada muro es un mensaje geopolítico, una forma de decir que no importa lo que la ONU vote o lo que la comunidad internacional proclame. Si se puede ocupar, se ocupa. Si se puede bombardear, se bombardea. Y el precio lo pagan siempre quienes viven en la frontera: familias desplazadas, agricultoras y agricultores aislados, trabajadores y trabajadoras que no pueden circular, estudiantes que tardan horas en cruzar líneas de control improvisadas.
En el fondo, este caso no va solo de Israel y Líbano. Va del orden internacional posterior a 1945, un sistema que afirma basarse en la legalidad global y que, sin embargo, solo la aplica cuando no toca intereses económicos o militares de las potencias occidentales. La propia UNIFIL reconoce que sus advertencias son sistemáticamente ignoradas. Sus informes se redactan, se envían y acaban archivados en un cajón donde duermen todas las violaciones israelíes que no tuvieron respuesta.
Las organizaciones civiles libanesas llevan años alertando de que cada centímetro arrebatado a la población es un aviso de futuro. Hoy son 4.000 metros cuadrados. Antes fueron unos cuantos olivares. Mañana será un valle entero. A lo que llaman frontera disputada es en realidad una frontera empujada por la fuerza para probar hasta dónde se puede avanzar.
Israel no necesita permiso para vulnerar el derecho internacional. Solo necesita que nadie esté dispuesto a frenarle. En eso consiste la impunidad garantizada.
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