Lo que el PSOE no entiende de la guerra de la vivienda 

Cuando la vivienda decide elecciones, el partido que sigue protegiendo al ladrillo pierde la mayoría social que dice representar.

LA VIVIENDA YA ESTÁ CAMBIANDO EL MAPA POLÍTICO

Zohran Mamdani acaba de ganar la alcaldía de Nueva York con una promesa sencilla y radical a la vez: frenar la subida de los alquileres. En una ciudad donde pagar 3.000 dólares mensuales es la nueva normalidad y los 2.000 son un recuerdo, su propuesta de congelar las rentas reguladas ha conectado con quienes no llegan a fin de mes, incluso con sueldos que en otros países serían un privilegio.

Días antes, en Países Bajos, el D66 de Rob Jetten se imponía con un mensaje parecido: la crisis de vivienda por delante de todo. Jetten resumió la situación con una frase brutal: hoy en su país hasta los cerdos tienen techo garantizado y las y los estudiantes ni siquiera pueden aspirar a un cuarto minúsculo. El resultado político es igual de claro: la ultraderecha de Geert Wilders, que en 2023 había ganado cabalgando sobre la mezcla de vivienda y xenofobia, queda fuera del Gobierno dos años después.

En Irlanda, Catherine Connolly arrasa con un 63% de apoyo y más de 500.000 votos de diferencia defendiendo lo mismo: que vivir con dignidad en ciudades como Dublín no puede ser un lujo. No es casual que la participación sea especialmente alta entre las y los jóvenes precarizados. Esa generación que ya ha entendido lo obvio: sin casa no hay futuro y sin futuro no hay democracia que valga.

No lo dicen solo las urnas. Lo certifican los datos. Desde 2010, el precio medio de compra de vivienda en la Unión Europea ha subido un 55% y los alquileres un 27%. En Alemania, una de cada tres personas inquilinas teme no poder pagar. Según el último Eurobarómetro urbano, el 51% de la población que vive en ciudades coloca la falta de vivienda asequible como problema número uno. Son casi 20 puntos más que quienes señalan el empleo o la calidad de los servicios públicos.

La vivienda se ha convertido en el eje material de la desigualdad contemporánea. No es un tema más en la agenda. Es el filtro que lo atraviesa todo: salarios, familia, salud mental, movilidad, natalidad, participación política.

Balakrishnan Rajagopal, relator especial de la ONU para el derecho a la vivienda, lo resume con una frase que debería estar tatuada en la sede de cada partido socialdemócrata: “La vivienda es hoy el asunto político y social más potente de Europa y de Occidente.” No lo dice un militante de base, lo dice Naciones Unidas.

El politólogo Ben Ansell, de la Universidad de Oxford, pone cifras a la sensación generacional: millones de personas no pueden alcanzar el nivel de vida que tenían sus madres y padres, aunque ahora cobren más. El motivo es claro. El ladrillo se ha tragado esa mejora de ingresos y la ha convertido en hipoteca eterna o alquiler asfixiante.

Durante años, la ultraderecha hizo negocio político con esa frustración. Con un truco simple. Dibujar una flecha falsa: poca vivienda = demasiada inmigración. Con esa ecuación tramposa han ganado poder Le Pen en Francia, AfD en Alemania, Meloni en Italia y Vox en España. Mientras tanto, los gobiernos se refugiaban en el mantra del mercado, en los beneficios de los fondos buitre y en la idea de que el problema era “complejo”. Complejo para quienes gobiernan, muy simple para quienes pagan.

Ahora, en algunos países, algo se ha roto. Cuando en Países Bajos se prohíbe comprar casa solo para especular o se plantea levantar nuevas ciudades como IJstad, con 60.000 viviendas para unas 126.000 personas, no se está “interviniendo el mercado”. Se está reconociendo que lo que había era un expolio legalizado.

Mientras tanto, los estudios comparados de expertos como Martin Vinaes Larsen muestran que hay poca relación estructural entre inmigración y precios de vivienda. Lo que presiona de verdad es el movimiento interno hacia grandes urbes, la concentración de empleo y la obsesión por convertir cada piso en un activo financiero. Lo que encarece el alquiler no son las personas migrantes, son las políticas neoliberales.

EL PSOE, ATRAPADO ENTRE EL LADRILLO Y SUS VOTANTES

Y aquí entra el PSOE. Porque todo esto no va solo de Nueva York, de Ámsterdam o de Dublín. Va de Madrid, de Barcelona y de cada ciudad donde las y los jóvenes siguen viviendo con sus madres y padres pasados los 30 años. Va de quién está sabiendo leer la coyuntura y quién sigue gestionando la vivienda como si fuera un tema sectorial.

Mientras en otros sitios la izquierda y el centro progresista se atreven a señalar el corazón del problema, el PSOE juega a la equidistancia. Un día anuncia una ley de vivienda tímida y limitada, otro día se hace fotos con promotoras, socimis y fondos de inversión. Habla de “equilibrio” entre derechos de las y los inquilinos y “seguridad jurídica” para las y los propietarios, pero evita la palabra clave: especulación.

El PSOE se comporta como si la vivienda fuese un tema técnico y no el campo de batalla central de la lucha de clases en el siglo XXI.

No faltan diagnósticos. Rajagopal lo ha repetido sin matices: estamos ante el resultado de tres décadas de políticas neoliberales que han convertido el derecho a un techo en un negocio. Los datos de Eurostat, del Eurobarómetro y de los observatorios de vivienda de media Europa dicen lo mismo que las asambleas de barrio: este modelo no da más de sí.

Lo que falla es la voluntad política. Para disputar la bandera de la vivienda a la ultraderecha hay que hacer justo lo contrario de lo que hace Vox. No sirve bajar impuestos a grandes tenedoras y grandes tenedores, ni multiplicar incentivos a fondos que prometen “vivienda asequible” con rentas de 1.200 euros al mes. Tampoco sirve aplicar topes descafeinados durante un año y en cuatro barrios.

Hace falta aceptar la premisa que las y los votantes ya han asumido: la vivienda no puede seguir tratándose como mercancía si queremos que siga existiendo como derecho.

Ahí es donde el PSOE se queda sin discurso. Si asume esa premisa, se le viene abajo medio entramado de alianzas con promotoras, constructoras y fondos que viven de convertir el sufrimiento habitacional en dividendo trimestral. Si no la asume, cede a la ultraderecha el relato del cabreo. Abascal puede mentir sobre las causas y culpar a la gente migrante, pero al menos parece hablar del problema material que aprieta en el bolsillo. El PSOE ni eso.

La paradoja es brutal: cuando la vivienda decanta elecciones en Nueva York, Países Bajos e Irlanda, el principal partido que se llama socialista en el Estado español todavía duda entre defender a las y los inquilinos o no molestar demasiado a los fondos buitre que compran paquetes de pisos públicos.

No basta con discursos contra la extrema derecha si luego se aplica su mismo manual económico con una capa de pintura socialdemócrata.

Si el PSOE no rompe con el negocio del ladrillo y no se atreve a decir alto y claro que la vivienda es un derecho que debe estar por encima del beneficio privado, lo harán otras fuerzas políticas o lo harán los propios movimientos de vivienda desde abajo. Y entonces ya no será un problema de comunicación, será un problema de supervivencia política.

Porque cuando la urna se llena de sueldos precarios, alquileres de 1.000 euros, desahucios silenciosos y vidas en pausa hasta los 35 por no poder emanciparse, no vota la ideología abstracta. Vota la llave del piso.

Si el PSOE no entiende eso, lo entenderá cuando descubra que no ha perdido solo un relato, ha perdido el derecho a llamarse de izquierdas.