A Valencia se viene robando de casa 

El PP valenciano multiplica los contratos cruzados entre viejos socios mientras Mompó se postula como sucesor de Mazón

CONTRATOS CRUZADOS Y AMIGUISMOS EN LA DIPUTACIÓN

Vicente Mompó, presidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Gavarda, ha adjudicado 110.000 euros en contratos públicos al administrador de su antigua empresa, la misma que tuvo que abandonar en 2020 por incompatibilidad con su cargo. No renunció a las acciones, solo a la firma de los papeles. El negocio siguió su curso y, curiosamente, prosperó gracias a adjudicaciones firmadas por él mismo.

Advanced Facility Services SL, la empresa beneficiaria, recibió una decena de contratos municipales y provinciales entre 2022 y 2025. Entre ellos, un contrato de 40.000 euros para la eliminación de cañaverales invasores en el cauce del río Júcar, financiado con fondos de la Diputación. Otros trabajos incluyeron actividades deportivas, servicios de socorrismo o mantenimiento de caminos rurales.

El vínculo no es anecdótico. El administrador de esa empresa, David R. B., fue también el gestor de la antigua firma del propio Mompó, Gestió i Serveis Mompó Aledo SL, hasta su liquidación en 2021. En aquel tiempo, Antifraude ya investigaba al dirigente popular por cobrar dedicación exclusiva mientras gestionaba su empresa privada. La investigación concluyó que debía devolver parte de su sueldo público, pero Mompó se libró gracias a un informe firmado por la secretaria-interventora de su ayuntamiento, María Escamilla Faus. Años después, Escamilla fue premiada: Mompó la contrató como jefa de personal de la Diputación.

La red de favores tiene un aire doméstico. Todos los contratos, las empresas y las firmas orbitan la comarca de la Ribera Alta, donde los pequeños municipios tienden a contratar “a quien conocen”. Pero aquí el círculo se cierra con precisión: el político, su antiguo administrador y la funcionaria que lo exculpó están ahora en el corazón del poder provincial, repartiéndose adjudicaciones, informes y cargos.

En la documentación de contratación figura siempre el mismo patrón: procedimientos menores, tramitaciones urgentes y subvenciones públicas de la propia Diputación. En muchos casos, los fondos autonómicos destinados a políticas sociales, medioambientales o educativas acaban engordando los contratos de la misma empresa. Lo que se presenta como gestión “eficiente” es, en realidad, un modelo de autocontratación encubierta con apariencia legal y espíritu clientelar.

EL PLAN DEL PP: MOMPÓ COMO SUCESOR DE MAZÓN

Mientras el barro político se acumula, el PP valenciano traza una operación de sucesión. Con Carlos Mazón cada vez más cuestionado por su papel en la gestión de la DANA y las luchas internas, Génova busca recambio. Y el nombre de Mompó se impone entre los suyos, pese a que su currículum administrativo se parece más a un manual de incompatibilidades que a un expediente de transparencia.

El pasado fin de semana, en la llamada “conspiración de Benidorm”, los presidentes provinciales de Castelló y Alicante, junto al secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, proclamaron a Mompó como su candidato natural para 2027. El movimiento pretendía bloquear las aspiraciones de la alcaldesa de València, María José Catalá, pero sentó mal en Génova. En plena guerra por el control del partido, Mompó aparece como la cara de un PP que sigue entendiendo el poder como propiedad privada.

El dirigente de Gavarda se presenta como gestor eficaz de pueblos pequeños, pero su gestión revela otro patrón: las fronteras entre lo público y lo privado se diluyen en una práctica constante de favoritismo. En 2024 adjudicó cuatro contratos menores a la empresa de su antiguo socio para tareas de poda, escoletas y mantenimiento municipal. En 2025 volvió a firmar con la misma mercantil los servicios de Pascua y prevención de incendios.

El detalle no es menor: cada adjudicación es una pieza más de un sistema donde las instituciones públicas se utilizan como una extensión de la empresa familiar o del partido, y donde el dinero de la ciudadanía se convierte en una herramienta para construir lealtades políticas.

En esta trama local de contratos y promesas, el PP valenciano sigue cavando su propia fosa moral. Los mismos dirigentes que prometieron regeneración tras los casos Gürtel, Taula o Zaplana reproducen la lógica del enchufe, disfrazada ahora de burocracia transparente.

El caso Mompó no es una excepción: es la confirmación de un patrón estructural, donde los recursos públicos se gestionan “de casa”, como quien encarga obras al primo o al cuñado. Y mientras se reparten adjudicaciones entre viejos conocidos, los pueblos de la Ribera siguen sin servicios suficientes, las depuradoras se quedan sin mantenimiento y los fondos europeos se pierden entre informes amañados.

A València se viene robando de casa, con la naturalidad de quien ya ni se molesta en disimular.