De À Punt a Telemadrid, pasando por la TVG o Canal Sur: televisiones al servicio de la mentira 

La captura partidista de las autonómicas ya no es una sospecha, es un método.

À PUNT Y LA DANA: CUANDO UN SERVICIO PÚBLICO APAGA LA REALIDAD

El 25 de octubre de 2025, Valencia vivió una movilización histórica: más de 50.000 personas tomaron las calles en el primer aniversario de la DANA que dejó 229 fallecidas y fallecidos. Mientras tanto, la radiotelevisión pública valenciana decidió programar una corrida de toros grabada en 1997. El apagón informativo fue deliberado y rompió el principio básico de cualquier medio público: informar de lo que importa a su comunidad cuando importa. La BBC y otros medios nacionales e internacionales cubrieron en directo la marcha; À Punt no. El Consejo del Audiovisual de la Comunitat Valenciana ha abierto diligencias por posible “mala praxis” al considerar que pudo incumplirse la misión de servicio público esencial y la obligación de garantizar una información veraz y de proximidad. No es un mal día, es una renuncia a la función pública.

No fue solo la ciudadanía indignada. Las y los trabajadores de À Punt exigieron dimisiones por el “grave daño reputacional” causado al impedir un especial informativo de la duodécima manifestación por la DANA. Comités de empresa, periodistas y personal técnico denunciaron que la dirección desactivó el dispositivo de cobertura pese a la relevancia evidente del acontecimiento. Cuando quienes sostienen la antena denuncian censura interna, la alerta democrática es máxima.

El caso À Punt, además, llega tras semanas de polémica por la negativa a entregar voluntariamente a la jueza de la DANA un vídeo del CECOPI que afecta a una exconsellera del PP, material que otras televisiones sí difundieron. La opacidad encaja demasiado bien con el blindaje del poder.

MANUAL DE CAPTURA: TELEMADRID, TVG Y CANAL SUR

El patrón no es local, es sistémico. Telemadrid fue intervenida políticamente mediante una reforma exprés en la Asamblea el 8 y 9 de julio de 2021. Con el voto del PP y la abstención de Vox, se alteró el sistema de elección de la dirección y del Consejo de Administración para facilitar el relevo de la cúpula. La oposición lo dijo claro: objetivo, “control político”. Desde entonces, la tentación de usar la parrilla como altavoz del Gobierno autonómico se convirtió en rutina. Cambias la ley, cambias la línea.

En Galiza, la TVG sufre huelgas, denuncias de externalización y acusaciones de manipulación. El 26 de septiembre de 2024, plantillas y sindicatos pararon contra la privatización encubierta y alertaron de un modelo que “dilapida recursos y facilita la manipulación informativa”. En junio de 2025 se evidenció otro síntoma: desplome de audiencias en plena crisis de credibilidad. Cuando la televisión pública se pone al servicio del partido, se vacía de gente y de sentido.

En Andalucía, Canal Sur ha cruzado umbrales preocupantes. El Consejo Profesional de la RTVA, órgano que vela por la independencia, ha dimitido en bloque denunciando manipulación informativa, bloqueo de su renovación durante seis meses y relegación de noticias de alto interés público, como los errores en los cribados de cáncer de mama. Si se desactiva el contrapeso profesional, lo que queda es propaganda con grafismo corporativo.

El hilo conductor es siempre el mismo: capturar el timón normativo o directivo, desarmar los contrapesos internos, externalizar lo que conviene a productoras amigas y castigar la disidencia profesional. Se trocea la independencia en pliegos, se dosifica la crítica en escaletas y se entierra la noticia que incomoda bajo una alfombra de contenidos amables. La pluralidad se convierte en decorado.

Las y los espectadores pierden algo más que un informativo equilibrado. Pierden su derecho constitucional a recibir información veraz y de proximidad, especialmente en emergencias o acontecimientos de interés general. El 25 de octubre de 2025 era de esos días en los que una tele pública se examina ante su gente. À Punt suspendió a sabiendas. Telemadrid reescribió su ley para que el examen lo redacte el Gobierno. La TVG domesticó la parrilla a golpe de externalización y castigo a quien protesta. Canal Sur abdicó de su propio código deontológico mientras el órgano de independencia arrojaba la toalla. Es un mapa de poder, no de casualidades.

La coartada es siempre la misma: eficiencia, modernización, pluralidad. La realidad es otra: instrumentalización, precarización y miedo. Cuando las direcciones nombradas a dedo deciden qué existe y qué no existe para la audiencia, la democracia se encoge. Las y los periodistas quedan entre la conciencia profesional y la represalia disciplinaria; la ciudadanía, entre la desinformación y la impotencia. Eso no es servicio público, es un abuso de infraestructura colectiva para blindar al partido de turno.

Las cifras y las fechas cantan: 8–9 de julio de 2021 en Madrid para cambiar la ley; 26 de septiembre de 2024 para la huelga en la TVG; junio de 2025 para el desplome de audiencias en Galiza; 1 y 29 de octubre de 2025 para la rebelión y dimisión del Consejo Profesional en Canal Sur; 25 de octubre de 2025 para el apagón informativo de À Punt; 30 de octubre de 2025 para la apertura de investigación del regulador valenciano. La cronología es el retrato robot del método.

Esto no va de siglas, va de democracia informativa. Un medio público no es del Gobierno, es de la gente que lo financia. Si las y los jueces y los reguladores audiovisuales no frenan la deriva con sanciones ejemplares y garantías reales de independencia, las redacciones quedarán como decorados y la ciudadanía como figuración. No es un error técnico ni un resbalón de programación. Es el uso partidista de un bien común para fabricar silencio.