La extrema derecha ha dejado de ser “una amenaza externa”. Ahora es el centro gravitacional del debate.
Países Bajos vuelve a votar. Otra vez. Como si el país pudiera seguir girando, eternamente, alrededor de la misma pregunta: ¿hasta dónde estamos dispuestos a normalizar el odio? Porque más allá de porcentajes, pactos imposibles y coaliciones que nacen rotas, la verdadera historia de estas elecciones es la consolidación de Geert Wilders como eje del debate político. No porque vaya a gobernar —nadie quiere gobernar con él—, sino porque todo el mundo está gobernando según lo que él dice.
Esa es la derrota. Y esa es la rendición.
La ultraderecha ya ganó antes de contarse los votos
Wilders rompió el Gobierno el pasado junio porque no consiguió imponer su plan antiinmigración de diez puntos: cerrar centros de acogida, expulsar a refugiados sirios, desplegar al Ejército en la frontera, convertir Países Bajos en una fortaleza étnica y cultural. Una propuesta que hace solo diez años habría sido considerada un delirio fascistoide. Hoy se discute como una opción legítima de política pública.
El PVV sigue siendo favorito para obtener el mayor número de escaños, incluso tras su incapacidad para sostener un Gobierno durante 11 míseros meses. Ha fallado en gobernar, pero ha triunfado en algo más importante: cambiar el lenguaje, el marco y hasta la brújula moral de la política neerlandesa.
Sus enemigos ya hablan en sus términos.
Sus rivales ya prometen limitar la migración.
Sus adversarios ya compiten por quién expulsa más y más rápido.
El centro se ha movido. Y no hacia la izquierda.
La alianza entre los Verdes y el Partido Laborista (GL/PvdA) —la supuesta barrera de contención progresista— incluye en su programa un límite anual de inmigración. No proponen derechos, sino gestión técnica del cierre. No prometen refugio, sino cuotas.
El partido liberal-progresista D66 promete diez nuevas ciudades. Pero no para solucionar la desigualdad desde lo público, sino como producto urbanístico, como mapa urbanizable del mismo modelo que generó la crisis de vivienda estructural del país.
El CDA, antaño pilar del sistema democrático europeo, ahora promete “política normal y civilizada”, eufemismo para recuperar orden, estabilidad, identidad. Es decir: gestionar mejor el miedo, no superarlo.
Y el VVD, el partido tradicional de la derecha, está en caída libre porque su líder ha llevado la formación “demasiado a la derecha”. Demasiado. Es decir: tan lejos en el lenguaje de la exclusión que ni siquiera ha conseguido diferenciarse del original.
La pregunta ya no es quién vencerá.
La pregunta es quién se parece más a Wilders sin llamarse Wilders.
País fracturado, política fractal
En Países Bajos, el Parlamento tiene 150 escaños y rara vez un partido supera el 20% de los votos. El país está acostumbrado a coaliciones amplias, lentas, frías, negociadas con bisturí. Pero ahora esa fragmentación no es democracia plural: es incapacidad para construir un horizonte compartido.
Migración, vivienda y coste de vida son los tres ejes electorales. Pero ninguno se está discutiendo desde los derechos o la igualdad, sino desde el miedo, la competencia y el sálvese quien pueda. Se habla de inmigración como amenaza, no como realidad social. Se habla de vivienda como mercado, no como derecho. Se habla del coste de la vida como fenómeno meteorológico, no como consecuencia del capitalismo financiero y la privatización.
Y en ese vacío, la extrema derecha ofrece algo que la política neoliberal destruyó: pertenencia. Identidad. Identificación. Un enemigo claro. Una frontera mental y emocional.
La pregunta final
Puede que el nuevo Gobierno neerlandés sea moderado.
Puede que se forme una coalición centrista.
Puede incluso que Wilders quede otra vez fuera del poder.
Pero el resultado ya está escrito: el centro ha aceptado jugar en su tablero.
La extrema derecha ha dejado de ser “una amenaza externa”.
Ahora es el centro gravitacional del debate.
La batalla ya no va de quién gobierna, sino de quién define lo posible.
Y hoy, en Países Bajos, lo posible está cada vez más cerca del abismo.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
A FONDO: ¿Quién GANA con el CAOS en CEUTA? #Reportaje SR
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El Pentágono ha dado un paso sin precedentes: poner la toma de decisiones y la estrategia militar en manos de la inteligencia artificial. Patricia Salvador te cuenta en este #ReportajeSR cómo, a…