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Mientras presume de libertad, Isabel Díaz Ayuso convierte la objeción de conciencia en arma política y bloquea el derecho al aborto que su propio Gobierno sí garantizó para la eutanasia.
DOS DERECHOS, DOS VARAS DE MEDIR
Ayuso ha decidido incumplir la ley. Así, sin matices. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha anunciado que no creará el registro de objetores de conciencia previsto en la ley del aborto de 2023, una norma estatal que obliga a todas las autonomías a hacerlo para garantizar el acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo. Lo dijo con la frialdad con la que se despoja de un derecho: “Váyanse a abortar a otro lado”.
Esa frase, pronunciada en sede parlamentaria, condensa la estrategia del Gobierno madrileño: convertir los derechos reproductivos en territorio de confrontación ideológica. No es un lapsus. Es una posición política. Porque mientras se niega a cumplir la ley que protege a las mujeres, Ayuso mantiene en vigor un registro casi idéntico para quienes se oponen a practicar eutanasias.
Ese registro fue creado en 2021 por su propio Ejecutivo, en cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2021 de regulación de la eutanasia. El decreto madrileño establecía un listado administrativo, confidencial y digital de profesionales que no quisieran participar en el procedimiento. Su finalidad: “garantizar la adecuada gestión de la prestación de ayuda para morir”. Exactamente lo mismo que busca el registro de objetores del aborto.
El contraste es abrumador. Cuando se trató del derecho a morir dignamente, Ayuso cumplió la ley sin ruido. Cuando se trata del derecho a decidir sobre el propio cuerpo, el discurso cambia. Entonces aparece el victimismo, la propaganda del “señalamiento” y la falsa defensa de la libertad. Pero el resultado es el mismo: miles de mujeres obligadas a desplazarse fuera de su comunidad para ejercer un derecho que el Estado ya reconoció.
LA “LIBERTAD” SEGÚN AYUSO
La presidenta repite que no hará “listas negras” de médicos. Pero el registro de objetores no es eso. No es público, no se filtra, no estigmatiza. Es una herramienta técnica para que el sistema sepa con quién puede contar para garantizar la atención. Así lo acordó el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en diciembre de 2024, dejando claro que su objetivo es doble: proteger la objeción individual y evitar que la objeción colectiva bloquee un derecho fundamental.
Ayuso, sin embargo, prefiere el enfrentamiento. Prefiere construir una narrativa de persecución al “médico provida” que no existe. Prefiere alimentar el relato ultra de Vox antes que cumplir con la ley que aprobó un Parlamento democrático. En nombre de la libertad, pisotea el derecho a decidir. En nombre de la conciencia, restringe la autonomía de las mujeres.
Desde la oposición, tanto el PSOE-M como Más Madrid lo han dicho sin rodeos: “Ayuso es una hipócrita”. Lorena Morales, diputada socialista, le recordó que la Comunidad sí dispone de un registro en el caso de la eutanasia. Desde Más Madrid, lo resumen con precisión: “Solo vive para hacerle oposición a la ministra de Sanidad. Si Mónica García dijese que hay que bajar impuestos a los ricos, Ayuso los subiría. No hay coherencia ni se la espera”.
Mientras tanto, los datos hablan: solo una de cada cinco interrupciones voluntarias del embarazo se realiza en centros públicos. El resto, derivadas o externalizadas. La objeción masiva de médicos en hospitales madrileños, amparada por la falta de registro, mantiene el aborto como un servicio de segunda dentro del sistema público.
En 2025, la Comunidad de Madrid sigue funcionando como si la autonomía corporal de las mujeres fuera un privilegio negociable. Y mientras su presidenta posa en actos sobre “salud mental infanto-juvenil”, ignora que la salud sexual y reproductiva también es salud.
Porque no hay libertad donde hay veto. Ni conciencia donde se impone el dogma.
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