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Un gobierno que llama “terroristas” a quienes protestan es un gobierno que ha elegido el lado de la violencia.
REPRESIÓN Y MUERTE EN IMBABURA
El 30 de septiembre de 2025 marca una semana de protestas contra la eliminación del subsidio al diésel en Ecuador y ya hay un saldo de sangre: Efraín Fueres, trabajador de 46 años, asesinado por tres disparos en Cotacachi. La Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE) ha sido clara: se trata de un crimen de Estado. Sus palabras no admiten matices: “no hay perdón ni olvido para los crímenes del Estado”.
El video que circula en redes sociales muestra cómo, tras caer herido, compañeros intentaron socorrer a Fueres. La respuesta fue brutal: un grupo de soldados los golpeó y les apuntó con fusiles. La escena se volvió símbolo de un aparato represivo que responde con fuego y botas al derecho a protestar.
La represión no ha sido un hecho aislado. Casi 100 personas han sido detenidas en diferentes provincias. Además, el 28 de septiembre se conoció el despliegue de un convoy militar de 100 vehículos desde Quito hacia Imbabura, acompañado de cortes de internet y telefonía en varias localidades. La censura digital se convierte en herramienta para silenciar denuncias y aislar comunidades.
La ONU ya ha levantado la voz. Gina Romero, relatora especial, advirtió que el uso de las Fuerzas Armadas en contextos de protesta viola estándares internacionales. “Protestar es un derecho, no puede costar vidas”, dijo con contundencia. Lo mismo hizo INREDH, recordando que los pueblos indígenas tienen protección especial en la Constitución y en tratados internacionales.
Mientras tanto, el gobierno de Daniel Noboa insiste en hablar de “terrorismo” y “emboscadas”. Zaira Rovira, ministra de Gobierno, afirmó que lo ocurrido en Cotacachi fue un ataque criminal. Es el viejo manual: criminalizar la protesta para legitimar la violencia.
EL TERRORISMO COMO EXCUSA
El libreto ya está escrito: quien protesta es terrorista. El discurso oficial busca equiparar a comunidades indígenas y trabajadores con narcotráfico y crimen organizado, para luego justificar despliegues militares y la represión indiscriminada.
Sofía Torres, de Yasunidos, lo explica sin rodeos: el gobierno lleva meses construyendo un relato donde toda oposición es tratada como “enemiga de la nación”. Los ministerios repiten que hay vínculos con economías criminales, pero nunca presentan pruebas. Mientras tanto, las organizaciones sociales demuestran lo contrario: dirigentes perseguidos, cuentas bancarias congeladas y causas judiciales abiertas sin fundamentos.
Lo grave es que Noboa presenta la cifra de detenidos como logros, como si fueran medallas que demostrarán su fortaleza ante Washington, el FMI y los mercados que le aplauden por retirar subsidios a costa del hambre popular.
La violencia estatal no es nueva. En 2019 y 2022, la CONAIE ya había puesto contra las cuerdas a Lenin Moreno y a Guillermo Lasso. La diferencia de 2025 es que las movilizaciones no tienen su epicentro en Quito, sino en Imbabura y Cotopaxi, donde se han trasladado incluso la presidencia y la vicepresidencia. Desde allí crece un movimiento plural que agrupa a trabajadores, pueblos indígenas, feministas, ecologistas, docentes, sanitarias y sanitarios, artistas y comunicadores.
Lejos de apagarse, el fuego se expande. Cada día más comunidades se suman, desafiando las amenazas y la persecución. La estrategia gubernamental de criminalización parece tener el efecto contrario: alimentar la indignación.
En el centro de todo queda una verdad imposible de maquillar: Noboa ha elegido gobernar con balas en vez de con diálogo.
La historia de Ecuador ya enseñó que los pueblos no olvidan. Hoy lo repiten desde las carreteras y plazas: si un gobierno convierte la protesta en terrorismo, lo único que demuestra es su propio miedo a la democracia.
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