Ella agrede, el pueblo lo paga: dos jóvenes acusados de atentado y desórdenes por protestar contra Olona en Granada 

Los estudiantes que se enfrentaron a la ultraderecha pagan las consecuencias mientras Olona es tratada como una víctima

El Juzgado de Instrucción número 2 de Granada ha decretado este martes la libertad provisional para los dos detenidos durante la protesta que tuvo lugar el lunes en la Facultad de Derecho de Granada. La protesta, organizada por el movimiento estudiantil de la ciudad, tenía como objetivo impedir que la exdiputada de Vox, Macarena Olona, participara en un coloquio sobre feminismo y derecho. Una figura política abiertamente vinculada a discursos ultraconservadores y antifeministas, invitada a una universidad pública para blanquear su agenda ideológica bajo el disfraz de la libertad de expresión.

Los dos jóvenes detenidos están ahora bajo medidas cautelares: tienen la obligación de comparecer ante el juzgado, se les ha retirado el pasaporte, se les ha prohibido salir del país y no podrán acercarse a menos de 300 metros de Olona ni de otras tres personas vinculadas al acto. Además, están acusados de atentado, lesiones y desórdenes públicos. La criminalización de la protesta y el castigo ejemplar que ahora enfrentan no es casual: la derecha sabe que el verdadero peligro para su hegemonía está en la organización de las clases populares.

Lo que ocurrió en Granada fue un ejercicio de resistencia estudiantil ante la presencia de un discurso que promueve la xenofobia, la misoginia y el odio. Según testigos presenciales, alrededor de 30 estudiantes encapuchados se concentraron en la Facultad de Derecho una hora antes del inicio del acto para impedir la entrada de Olona. Lo que siguió fue una intervención policial desproporcionada, con agentes desalojando a los manifestantes de forma violenta, causando varias heridas entre las personas concentradas. La protesta terminó con la detención de dos jóvenes, mientras que Olona logró entrar al acto trepando por encima de los estudiantes.

La imagen de Olona subiendo por encima de los cuerpos de los estudiantes encapsula el proyecto político de la extrema derecha: ascender sobre las personas que intentan frenar su discurso de odio. No solo es simbólico, es literal. La respuesta policial y judicial solo confirma una vez más que el Estado no solo protege, sino que refuerza y legitima las posiciones de la ultraderecha.

LA UNIVERSIDAD, CAMPO DE BATALLA IDEOLÓGICO

La protesta fue convocada por el movimiento estudiantil de Granada, que en asamblea decidió impedir que la universidad pública sirviera como plataforma para discursos de odio. La Coordinadora Juvenil Socialista de Granada denunció la “completa vulneración de los derechos políticos de los estudiantes” y señaló que la entrada violenta de la policía al campus provocó varios heridos. La actuación policial fue rápida y contundente: cuando la protesta es contra la ultraderecha, las porras y las detenciones llegan enseguida.

El caso refleja una tendencia preocupante: las universidades, históricamente espacios de debate y resistencia, están siendo ocupadas por discursos ultraconservadores y de extrema derecha. La invitación a Olona a un coloquio sobre feminismo y derecho no fue un acto de pluralidad ideológica ni de libertad de expresión: fue una provocación calculada. Permitir que una exdirigente de Vox —partido que ha atacado abiertamente los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI— hable de feminismo es un insulto a todas las personas que luchan por la igualdad real.

Pero hay algo más grave que la invitación: la complicidad institucional. Las autoridades académicas permitieron que la policía entrara en la facultad para reprimir una protesta legítima y democrática. La criminalización de los estudiantes es la prueba de que las instituciones no son neutrales: cuando las ideas de la extrema derecha entran en el campus, las cargas policiales solo van en una dirección.

Mientras tanto, Olona sigue presentándose como víctima de la intolerancia, cuando es precisamente su proyecto político el que se basa en señalar, reprimir y perseguir a quienes piensan diferente. La reacción judicial, que ha impuesto medidas cautelares duras a los detenidos, contrasta con la impunidad con la que Olona y otros miembros de la ultraderecha promueven sus discursos de odio. La justicia, una vez más, revela a quién protege realmente el Estado.

La universidad pública no puede ser cómplice del ascenso de la extrema derecha. No es libertad de expresión cuando lo que está en juego son los derechos fundamentales.