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La nueva legislación refuerza el control autoritario sobre la diversidad y autoriza la vigilancia masiva mediante reconocimiento facial
El Parlamento de Hungría aprobó este martes una ley que prohíbe la celebración de la marcha del Orgullo LGTBIQ+, intensificando el ataque sistemático contra los derechos de esta comunidad. La legislación fue impulsada por el partido ultranacionalista Fidesz, liderado por Viktor Orbán, y contó con el respaldo de su socio de coalición, los democristianos. El resultado de la votación fue contundente: 136 votos a favor y solo 27 en contra.
La nueva ley prohíbe cualquier acto que «promueva o exhiba el cambio de sexo o la homosexualidad» en espacios públicos, reforzando el marco represivo que Orbán ha construido en los últimos años. Además de las multas que pueden llegar a 200.000 forintos (unos 500 euros) para quienes participen en eventos prohibidos, la legislación incluye un aspecto aún más preocupante: el uso de tecnología de reconocimiento facial para identificar y vigilar a las personas que asistan a actos relacionados con la comunidad LGTBIQ+.
Esto significa que el Estado húngaro no solo criminaliza la expresión y la visibilidad LGTBIQ+, sino que también institucionaliza la vigilancia masiva. La policía podrá recoger y almacenar datos biométricos de quienes asistan a la marcha o participen en eventos de carácter similar, facilitando el control y la represión de la disidencia.
Organizaciones de derechos humanos y activistas han denunciado que esta nueva ley convierte a Hungría en «un Estado policial» donde la identidad y la orientación sexual son objeto de persecución. El portavoz de Budapest Pride fue tajante: «Esto no es protección infantil, es fascismo.» La organización ha prometido que, pese a la prohibición, la marcha del Orgullo se celebrará el próximo 28 de junio para conmemorar el 30º aniversario del evento.
LA DERIVA AUTORITARIA DE ORBÁN Y EL CHIVO EXPIATORIO LGTBIQ+
La aprobación de esta ley no es un hecho aislado, sino el último paso de una estrategia bien definida de Orbán para consolidar su poder mediante la criminalización de las minorías. Desde que llegó al poder en 2010, Orbán ha tejido un entramado legal que persigue sistemáticamente a la comunidad LGTBIQ+ y restringe las libertades civiles bajo el pretexto de proteger «los valores tradicionales y la familia cristiana».
En 2021, Hungría aprobó la llamada «ley de protección infantil», que prohíbe la difusión de cualquier contenido sobre diversidad sexual en escuelas, medios de comunicación y espacios públicos. Esta ley fue condenada por la Comisión Europea por violar los principios fundamentales de la Unión Europea, pero Orbán la utilizó como bandera política para reforzar su base electoral conservadora.
El gobierno de Orbán también ha prohibido la adopción por parte de parejas del mismo sexo y ha eliminado el reconocimiento legal de las personas trans. Esta combinación de políticas discriminatorias ha convertido a Hungría en uno de los países más hostiles de Europa para las personas LGTBIQ+.
El contexto político y económico explica en parte este endurecimiento represivo. La economía húngara atraviesa una fase de estancamiento, con una inflación disparada y un creciente malestar social por la corrupción y la mala gestión de los fondos europeos. Orbán ha encontrado en la comunidad LGTBIQ+ un chivo expiatorio conveniente para desviar la atención de la crisis económica y movilizar a su base conservadora mediante una campaña de odio institucionalizada.
El autoritarismo de Orbán no es solo una cuestión interna, sino un desafío directo a los valores democráticos europeos. La comisaria europea de Igualdad, Hadja Lahbib, advirtió que la Comisión Europea podría tomar medidas contra Hungría por incumplir los principios de la Unión Europea. Sin embargo, Orbán ha demostrado en repetidas ocasiones que no le preocupan las sanciones de Bruselas, amparado en la protección que le ofrecen otros gobiernos ultraconservadores dentro de la UE.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, fue uno de los primeros líderes europeos en condenar la nueva ley. A través de su cuenta de X, afirmó que «Europa no debe permitirlo». Pero las declaraciones simbólicas no serán suficientes frente a un régimen que ha hecho de la persecución y el autoritarismo su herramienta política más efectiva.
Orbán no solo está atacando los derechos de la comunidad LGTBIQ+, está poniendo a prueba la capacidad de Europa para defender los valores democráticos y la igualdad. Si la Unión Europea no responde con firmeza, Hungría seguirá marcando el camino hacia un modelo de Estado que mezcla nacionalismo, autoritarismo y homofobia como estrategia de consolidación del poder.
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