Un pueblo de 39 habitantes frena tres macrogranjas: la resistencia rural que desafía al modelo intensivo 

La victoria de Navardún evidencia que el poder del pueblo aún puede frenar los intereses de las grandes corporaciones.

Navardún, un pequeño pueblo de Zaragoza de solo 39 habitantes, ha conseguido lo que parecía imposible: frenar la construcción de tres macrogranjas porcinas que sumaban un total de 16.400 cabezas de ganado. La lucha ha sido larga y compleja, pero la resistencia vecinal ha demostrado que incluso las comunidades más pequeñas pueden enfrentarse al poder de las grandes empresas y ganar.

El proyecto inicial fue presentado por el promotor Aldamola Gordués S.L., que pretendía instalar dos granjas independientes de 7.200 cabezas cada una, además de una granja adicional de 2.000 cerdos. La alcaldesa de Navardún, Leire Mendive, fue la primera en levantar la voz y liderar el movimiento vecinal para frenar el proyecto. “Que seamos pequeños no significa que nos vayan a ganar”, ha declarado Mendive a ElDiario.es, subrayando la capacidad de organización y la determinación del pueblo.

La clave del éxito ha sido el fallo del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), que ha desestimado las solicitudes de autorización ambiental integrada y de impacto ambiental de los tres proyectos. La razón principal: el incumplimiento de las distancias mínimas establecidas por la normativa estatal. Según la ley, las instalaciones porcinas deben estar a más de 1 km de cualquier núcleo de población, pero las macrogranjas estaban proyectadas a solo 298 metros de Gordués, un pequeño núcleo deshabitado que, pese a no tener población estable, sigue considerándose un núcleo urbano a efectos legales.

El fallo es claro: el proyecto vulnera el Real Decreto 306/2020 sobre explotaciones porcinas intensivas y también infringe la Ley 11/2014 de prevención y protección ambiental de Aragón. El informe de incompatibilidad urbanística emitido por la arquitecta de la Mancomunidad de las Altas Cinco Villas fue clave para que el INAGA rechazara las solicitudes. Tres de tres —dice Mendive—, confirmando que el proyecto es ilegal e inviable.

UNA AMENAZA ECOLÓGICA Y SOCIAL

Más allá de las cuestiones legales, la instalación de las macrogranjas suponía una amenaza directa para el medio ambiente y la salud pública de la zona. La alcaldesa ha advertido de los riesgos que conllevaba este modelo de ganadería intensiva: contaminación de los acuíferos, malos olores, plagas de insectos y una degradación generalizada del entorno rural.

Uno de los puntos más preocupantes ha sido el uso del agua de boca para abastecer las granjas. Navardún, como muchas otras localidades de la zona, sufre una sequía crónica y depende de un sistema hídrico frágil. El hecho de que la empresa pretendiera desviar agua potable hacia las granjas intensivas habría puesto en riesgo el suministro para la población y para la agricultura local. “Esto habría supuesto condenar a los pueblos a la desaparición”, ha señalado Mendive.

El problema de los purines también ha sido determinante en la decisión del INAGA. La empresa promotora había firmado acuerdos con agricultores locales para verter los residuos animales en los campos de cultivo, lo que habría provocado la contaminación de los acuíferos y del río Sella. La acumulación de nitratos en las aguas subterráneas y superficiales habría tenido efectos devastadores para la fauna y flora de la zona.

Pero la amenaza no solo era ambiental. Las macrogranjas generan un impacto directo sobre la vida en las comunidades rurales: malos olores, proliferación de insectos, daños en las infraestructuras locales y una degradación general del entorno que desincentiva la llegada de nuevos habitantes y visitantes. La ganadería intensiva convierte el entorno rural en un espacio hostil para la vida humana. “Esto habría hecho que la gente dejara de venir. Los pueblos habrían muerto”, explica Mendive.

El fallo del INAGA supone una victoria para Navardún, pero también para el conjunto del mundo rural que resiste frente a un modelo económico que prioriza el beneficio empresarial sobre la vida y el medio ambiente. Las macrogranjas no son una solución para el medio rural, sino una sentencia de muerte para la biodiversidad, la economía local y las formas de vida tradicionales. La ganadería intensiva destruye el entorno que explota, y Navardún ha dejado claro que no está dispuesta a pagar ese precio.

EL FUTURO DEL MUNDO RURAL NO PASA POR LAS MACROGRANJAS

Navardún ha demostrado que la resistencia vecinal organizada puede frenar incluso a las grandes corporaciones agroindustriales. La presión ciudadana, la movilización y el respaldo de la legalidad han permitido que un pueblo de menos de cuarenta habitantes doblegue los intereses de una empresa que pretendía imponer un modelo insostenible y depredador.

Este caso deja en evidencia el modelo extractivista que promueve la ganadería industrial: maximizar el beneficio a costa de la salud, el medio ambiente y las comunidades locales. La alcaldesa Mendive ha sido clara: “No estamos en contra de la ganadería extensiva, pero en este caso es intensiva y se debe cumplir con la legalidad para poder establecerse”. La diferencia es evidente: la ganadería extensiva respeta el ciclo natural, promueve la biodiversidad y genera empleo local; la intensiva, en cambio, destruye el entorno y precariza el trabajo rural.

Navardún ha dado una lección al modelo agroindustrial: no se puede pisotear a las comunidades rurales en nombre del beneficio económico. Este pequeño pueblo ha demostrado que la organización popular, la defensa de la legalidad y el respeto por el medio ambiente son herramientas poderosas para frenar los abusos del capital. La resistencia de Navardún marca un camino para otros pueblos: David aún puede vencer a Goliat.