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Un procedimiento ilegal que se ha utilizado “desde siempre” y que implica a altos cargos de la Comunidad de Madrid
El caso de las obras fraudulentas en la Formación Profesional (FP) de la Comunidad de Madrid ha destapado un entramado de corrupción estructural que alcanza las más altas esferas del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. La investigación judicial ha confirmado lo que ya se sospechaba: la Consejería de Educación operaba con un sistema de contratación ilegal, troceando contratos y adjudicándolos a dedo para evitar los concursos públicos. El escándalo salpica directamente a Enrique Ossorio, expresidente de la Asamblea y persona clave en el círculo de confianza de Ayuso, y a Rocío Albert, actual consejera de Hacienda y figura de peso en el gobierno regional.
UN SISTEMA DE CONTRATACIÓN IRREGULAR PROMOVIDO DESDE EL GOBIERNO
El epicentro del escándalo está en la contratación de obras millonarias en institutos de secundaria, que fueron deliberadamente troceadas para que cada factura no superara los 40.000 euros, el umbral que obliga a sacar los contratos a concurso público. Alfonso Mateos, subdirector de FP hasta marzo de 2024, ha declarado ante la jueza que esta práctica ha sido “el sistema desde siempre”. Según su testimonio, la Consejería de Educación ordenaba abiertamente que las obras se camuflaran como gastos de funcionamiento para sortear las obligaciones legales de transparencia y competencia.
Mateos ha señalado directamente a Enrique Ossorio, quien ocupaba la Consejería de Educación en el momento de los hechos y que actualmente preside la Asamblea de Madrid. El exsubdirector ha explicado que la orden era clara: mantener bajo el presupuesto ordinario de los centros educativos, desviando el gasto a partidas de funcionamiento y justificándolo con facturas troceadas.
El caso más flagrante es el del pabellón sanitario del instituto Ciudad Escolar, presupuestado en 2,5 millones de euros sin contrato y adjudicado a dedo. Pero hay más. El esquema se replicó en al menos una decena de institutos, incluyendo el IES San Blas, Ignacio Ellacuría, Isaac Peral y Antonio Machado. Las fuentes educativas consultadas advierten de que estas obras descubiertas podrían ser solo la punta del iceberg.
La declaración de Mateos confirma lo que ya adelantó la Fiscalía hace un año: el fraude estaba institucionalizado. El propio consejero debía firmar las autorizaciones para las obras, lo que implica directamente a Enrique Ossorio y a otros altos cargos. La jueza ha constatado que las órdenes para fraccionar las facturas y evitar la fiscalización pública procedían de las instancias más altas del Gobierno de Ayuso.
UN SILENCIO COMPLICE Y UNA CADENA DE RESPONSABILIDADES
La respuesta del Gobierno de Madrid ha sido rápida y previsible: encontrar chivos expiatorios y negar cualquier implicación política directa. La Consejería de Educación, ahora en manos de Emilio Viciana, ha colocado a Mateos y a dos directores de centros educativos como cabezas de turco. Sin embargo, los directores han declarado que no tenían capacidad de decisión y que simplemente seguían órdenes.
La investigación también ha puesto en el punto de mira a Rocío Albert, actual consejera de Hacienda y mano derecha de Ayuso en la gestión económica de la Comunidad. Albert fue una pieza clave en el funcionamiento de este sistema cuando era número dos de Ossorio en Educación. Su implicación evidencia que el escándalo no es una serie de errores administrativos aislados, sino una estructura de corrupción consolidada y aceptada.
Las pruebas son abrumadoras. Correos internos, órdenes directas y contratos aprobados sin concurso forman parte de la documentación que ya está en manos de la Fiscalía. El intento de la Comunidad de Madrid de personarse como acusación en el proceso ha sido bloqueado por la jueza, que ha considerado que el Gobierno regional no puede aparecer como parte perjudicada cuando el fraude se ejecutó desde dentro de sus propias instituciones.
El silencio de Ayuso sobre el caso es tan atronador como revelador. La presidenta madrileña ha optado por la estrategia clásica del Partido Popular: proteger a los suyos, minimizar la gravedad del escándalo y culpar a los escalones más bajos de la cadena. Pero los testimonios de Mateos y de los directores de instituto dejan claro que el sistema estaba diseñado y supervisado desde las altas esferas de la Consejería y que la responsabilidad política alcanza directamente al núcleo de poder de Ayuso.
El escándalo de la FP no solo ha destapado un esquema de corrupción en la contratación pública, sino que ha evidenciado una práctica habitual de desvío de fondos públicos y manipulación administrativa en el sistema educativo madrileño. Lo que está en juego no es solo la legalidad de las obras, sino la credibilidad de un gobierno que ha normalizado la corrupción como forma de gestión.
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