Opinión | Bruselas y la consolidación de la xenofobia institucional 

Un paso más hacia la Europa fortaleza: deportaciones masivas y criminalización de las personas migrantes

Por Javier F. Ferrero

El nuevo proyecto de ley presentado por la Comisión Europea para intensificar las deportaciones de personas migrantes no solo revela una deriva autoritaria de Bruselas, sino que consolida el racismo institucional que atraviesa las políticas migratorias europeas. La Directiva de Retorno, presentada el pasado martes 11 de marzo, refuerza el modelo de Europa fortaleza mediante la detención prolongada, la externalización de las fronteras y la implementación de un sistema punitivo que estigmatiza y criminaliza la migración. Lo que Bruselas vende como una estrategia para lograr «retornos más fáciles y predecibles» es, en realidad, un marco legal diseñado para expulsar a las personas migrantes a toda costa, vulnerando de manera sistemática los derechos humanos.

DEPORTACIONES MASIVAS Y CASTIGO SISTEMÁTICO

El proyecto de ley endurece de forma alarmante las condiciones de detención y deportación de las personas migrantes en situación irregular. El periodo máximo de detención administrativa pasará de 18 a 24 meses, y, una vez superado este plazo, la normativa abre la puerta a medidas aún más restrictivas, como la vigilancia electrónica o la imposición de sanciones económicas. Además, las prohibiciones de entrada se amplían de cinco a diez años, con la posibilidad de extenderlas otros cinco o diez años adicionales si las autoridades invocan riesgos de seguridad.

La directiva refuerza la criminalización de las personas migrantes, imponiendo multas y restricciones a quienes no cooperen con las órdenes de retorno. Esto implica que una persona que huye de un conflicto armado, de persecución o de la miseria estructural, además de ser privada de libertad durante meses o incluso años, podría verse condenada a pagar una multa por el simple hecho de intentar sobrevivir. Un castigo doble que convierte la migración en una falta penal.

Pero el verdadero núcleo del proyecto de ley reside en la externalización de las fronteras. La normativa permitirá que las personas migrantes rechazadas sean trasladadas a terceros países fuera de la UE mediante acuerdos bilaterales. Esto significa que una persona podría ser deportada no solo a su país de origen, sino también a países considerados «seguros» por la UE, aunque en la práctica la situación de derechos humanos en esos países sea desastrosa. Túnez, Líbano o Egipto, donde las detenciones arbitrarias, la tortura y la violencia estatal están documentadas por organismos internacionales, son ahora considerados destinos legítimos para las deportaciones.

El carácter punitivo de la nueva legislación queda claro en el discurso de Magnus Brunner, comisario europeo de Asuntos Internos y Migración, cuando afirma que «poner orden en casa» es una prioridad y que las sociedades europeas «no tolerarán» que las personas migrantes permanezcan en territorio comunitario. La migración ya no se aborda como una cuestión humanitaria, sino como una amenaza a la seguridad europea. La narrativa de «retornos seguros y previsibles» es una cortina de humo que encubre un sistema de persecución sistemática, deshumanización y segregación estructural.

CAMPOS DE DEPORTACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN DE LA VIOLENCIA

Uno de los aspectos más preocupantes del proyecto de ley es la posibilidad de establecer centros de deportación fuera de las fronteras comunitarias, una solución que recuerda peligrosamente a los campos de detención de Libia o a los acuerdos de externalización con Turquía y Marruecos. Estos centros podrían convertirse en espacios donde las violaciones de los derechos humanos serían sistemáticas y quedarían fuera de la jurisdicción legal de la UE.

Según organizaciones como la Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Migrantes Indocumentados (PICUM), esta propuesta supone «una vía directa hacia la detención automática y la deportación en cadena hacia países inseguros». La experiencia de acuerdos previos con Libia o Turquía ha demostrado que externalizar la gestión migratoria implica la cesión de competencias a regímenes autoritarios que no respetan los derechos fundamentales. La UE prefiere subcontratar la violencia a terceros países en lugar de asumir su responsabilidad humanitaria.

Sarah Chander, de la Equinox Initiative for Racial Justice, denuncia que este proyecto forma parte de una estrategia mucho más amplia de criminalización de la migración. «La UE está consolidando un régimen penal migratorio completo, donde las personas migrantes son tratadas como delincuentes simplemente por existir», advierte. La ampliación de las prohibiciones de entrada y las medidas punitivas diseñan un marco legal que sitúa a las personas migrantes en una situación de permanente ilegalidad y precariedad. El mensaje es claro: la migración es una amenaza y debe ser gestionada con mano dura.

Lo más grave es que esta normativa se implementará bajo el paraguas del Pacto Europeo de Migración y Asilo, aprobado en abril de 2024 y que entrará en vigor en 2026. Este pacto, presentado como una solución para «regular la migración», en realidad blinda las políticas de exclusión y cierre de fronteras. La directiva de retorno refuerza ese marco, consolidando una Europa donde el derecho de asilo es una excepción y la migración, un delito.

El precedente ya lo conocemos. El acuerdo entre Italia y Albania para deportar personas migrantes y el infame pacto entre Reino Unido y Ruanda han sentado las bases para la consolidación de un sistema de deportación externalizado y deshumanizador. Lo que Bruselas está planteando no es nuevo, pero sí más agresivo, más rápido y más letal.

Henna Virkukunen, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, ha defendido la propuesta afirmando que «lo que queremos es proteger la autonomía de la Unión Europea». El mensaje es transparente: la migración es una amenaza a la soberanía europea y, por lo tanto, debe ser contenida, castigada y expulsada. Europa ha decidido que los derechos humanos son un privilegio para los europeos blancos y una barrera infranqueable para quienes huyen de la guerra, la pobreza y la represión.

Con esta directiva, Bruselas abandona definitivamente el marco de los derechos humanos y entra de lleno en la lógica de la seguridad y la represión. El problema no es que la migración sea «ilegal»; el problema es que Bruselas ha decidido que las vidas de las personas migrantes no importan. Europa está construyendo un régimen de apartheid migratorio, con leyes que legitiman la persecución y la violencia estructural. Y lo está haciendo a plena luz del día.