¿Quién es aquí el idiota, Milei? 

Discriminación institucionalizada: así justifica el Estado el recorte de pensiones

La administración de Javier Milei ha demostrado, una vez más, que su concepto de modernización es, en realidad, un viaje directo al pasado. La Resolución 187/2025, emitida por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), utilizó terminología obsoleta y discriminatoria para clasificar a las personas con discapacidad intelectual. «Idiota», «imbécil» y «retardado» no son insultos lanzados en un chat de WhatsApp, sino palabras que el Estado argentino estampó en un documento oficial para justificar el endurecimiento de las condiciones de acceso a las pensiones no contributivas.

Esta decisión, que parece sacada de los manuales médicos del siglo XIX, no es un simple «error» como intenta ahora vender el Gobierno. Es parte de un ajuste brutal que afecta a los sectores más vulnerables, disfrazado de auditorías y criterios técnicos. El objetivo es claro: recortar al menos 200.000 pensiones en 2025. Para ello, es necesario endurecer las condiciones de acceso, y qué mejor manera de hacerlo que desempolvando conceptos que la ciencia y los derechos humanos habían sepultado hace décadas.

DE LA VIOLENCIA LINGÜÍSTICA AL RECORTE DE DERECHOS

El responsable de este despropósito es Diego Spagnuolo, abogado sin experiencia en discapacidad, pero con un currículum impecable en lo que realmente importa para acceder a un cargo en el gobierno de Milei: haber sido su abogado personal. Spagnuolo, al frente de la ANDIS, recupera una terminología que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de la ONU ya había enterrado hace más de dos décadas.

La resolución clasifica a las personas según su coeficiente intelectual con términos que, además de discriminatorios, son anacrónicos:

• «Idiota» (CI 0-30): No atraviesa la etapa glósica, no lee ni escribe, no conoce el dinero.
• «Imbécil» (CI 30-50): No lee ni escribe, atiende sus necesidades elementales, puede realizar tareas rudimentarias.
• «Débil mental profundo» (CI 50-60): Solo firma, tiene vocabulario simple, no maneja el dinero, puede realizar tareas rudimentarias.

Esta clasificación recuerda a la de manuales psiquiátricos de principios del siglo XX y refuerza una visión capacitista y excluyente que justifica la negación de derechos. El lenguaje no es inocente. Llamar «idiota» a una persona con discapacidad intelectual no es un término técnico, es una forma de violencia institucional.

No sorprende que este retroceso venga acompañado de otras medidas en la misma línea. En 2023, Milei y su ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, restablecieron el decreto 432/97 del menemismo, endureciendo los criterios para acceder a una pensión. La estrategia es clara: reducir el «gasto público» a costa de los sectores más vulnerables.

Ante la avalancha de críticas, la Agencia Nacional de Discapacidad anunció que modificará la resolución para adaptar su lenguaje a los estándares internacionales. Sin embargo, esto no cambia el trasfondo del problema: las pensiones siguen en la mira del ajuste. La corrección del lenguaje no revierte la intención política de reducir la cobertura y expulsar a miles de personas del sistema de asistencia.

Las organizaciones de derechos humanos y asociaciones de personas con discapacidad han elevado una queja formal y estudian llevar el caso a la justicia. Pero el daño ya está hecho. No se trata solo de palabras: se trata de una política sistemática de desmantelamiento de derechos.