El último baile de Rodrigo Rato 

Rato representa el fin de una era donde la política y los negocios se entrelazaban sin control, amparados por estructuras opacas y conexiones internacionales.

Rodrigo Rato, exministro de Economía y una de las figuras más icónicas del Partido Popular, se enfrenta este viernes al veredicto de la última causa judicial que le queda. Este juicio, que ha tardado más de siete meses en resolverse tras 56 sesiones en la Audiencia Provincial de Madrid, podría poner punto final a una década de procesos judiciales que han arruinado su legado político y económico. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado 63 años de prisión por delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares, en un caso que busca esclarecer el origen de una fortuna que, según las autoridades, incluye un incremento patrimonial injustificado de más de 15,6 millones de euros entre 2005 y 2015.

El caso Rato se destapó en 2015, cuando agentes registraron su vivienda en el lujoso barrio de Salamanca, en Madrid. La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) había alertado sobre movimientos sospechosos tras la amnistía fiscal de 2012, aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy, de la que Rato fue beneficiario. La operación reveló cuentas en Bahamas y Suiza, vinculadas a ingresos opacos que, según el exbanquero, provenían de una herencia y operaciones financieras legítimas.

El epicentro de las acusaciones recae en Kradonara, una sociedad instrumental a través de la cual Rato habría facturado supuestos trabajos de asesoría y recibido comisiones ilegales. Estas actividades, según el Ministerio Público, eran un mecanismo para evadir impuestos y lavar dinero. Rato, por su parte, ha insistido en que todas las transacciones eran legales y que Kradonara estaba respaldada por un equipo operativo real.

CORRUPCIÓN Y POLÍTICA: UNA SOMBRA QUE NO SE DISIPA

La figura de Rodrigo Rato no puede desligarse de su trayectoria como responsable económico del Gobierno de Aznar, ni de su breve y turbulenta etapa como director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI). Su implicación en el escándalo de las tarjetas black de Caja Madrid, que lo llevó a prisión en 2018, fue solo el preludio de un entramado de causas judiciales que han destapado las entrañas de las élites económicas y políticas españolas.

El caso Bankia es otro punto clave en el historial de Rato. Aunque fue absuelto en 2020 por la Audiencia Nacional de los cargos de estafa y falsedad contable en la salida a Bolsa de la entidad, las dudas sobre su gestión han marcado un antes y un después en la percepción pública. El fallo del Supremo, que ratificó la absolución en 2022, no ha logrado limpiar del todo su imagen. Este último juicio por blanqueo y corrupción podría devolverlo a prisión, dependiendo de la severidad de la sentencia y de posibles apelaciones al Tribunal Supremo.

La Fiscalía también ha señalado a su entorno cercano como cómplice en la trama. Desde su secretaria personal hasta sus asesores fiscales, todas y todos se han visto salpicados por las maniobras que, presuntamente, facilitaban el ocultamiento de su fortuna. Sin embargo, el tribunal deberá decidir si las pruebas obtenidas en los registros —cuestionadas por la defensa por carecer de autorización judicial— son válidas para sustentar una condena.

Rato representa el fin de una era donde la política y los negocios se entrelazaban sin control, amparados por estructuras opacas y conexiones internacionales. En su figura convergen el “milagro económico” del PP y las promesas incumplidas de regeneración institucional.

LA JUSTICIA COMO REFLEJO DE UNA SOCIEDAD DESIGUAL

La posibilidad de que Rato vuelva a prisión pone en evidencia las contradicciones de un sistema judicial que actúa con celeridad en ciertos casos, pero que ha tardado casi una década en cerrar el círculo sobre las actividades ilícitas de una de las figuras más poderosas del país. Mientras tanto, la ciudadanía asiste con escepticismo a la resolución de estos macrojuicios, percibiendo que las condenas a los poderosos raramente se ejecutan con la misma dureza que las que afectan a las clases trabajadoras.

Rodrigo Rato no es un caso aislado. Es el reflejo de un sistema que, durante años, ha permitido que las élites políticas y económicas se enriquezcan a costa del erario público, utilizando paraísos fiscales y amnistías diseñadas a medida. Su juicio no solo es un acto de rendición de cuentas, sino una prueba de fuego para un país que reclama, con urgencia, un cambio real en las estructuras de poder.