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Empresas manchadas por la corrupción resurgen entre los escombros de la DANA
La devastadora DANA del 29 de octubre de 2024 no solo arrasó infraestructuras esenciales en la provincia de Valencia, sino que también trajo a escena un viejo fantasma: las empresas vinculadas a casos de corrupción. Millones de euros están siendo adjudicados, sin licitación pública, a compañías involucradas en tramas como Gürtel o Taula. Estas tramas marcaron una época oscura de financiación ilegal del Partido Popular, pero no lastraron la capacidad de las empresas implicadas para seguir contratando con las Administraciones.
Entre las adjudicaciones destacadas está CHM Obras e Infraestructuras, sucesora de Hormigones Martínez, cuyo historial está vinculado directamente a Gürtel. Esta empresa ha recibido un contrato de 11,5 millones de euros para reparar la carretera CV-36 y un viaducto en el Barranco del Poyo. También ha conseguido encargos del Ministerio de Transportes, dirigido por Óscar Puente, valorados en tres millones de euros, y de la Entidad de Saneamiento por 2,2 millones para reparar una depuradora en Utiel.
No es un caso aislado. Facsa y Becsa, ambas implicadas en escándalos de corrupción, han sido beneficiadas con contratos para reparar infraestructuras en la presa de Buseo y el río Mijares, sumando más de 5 millones de euros. Estas empresas, al igual que otras como Sociedad de Agricultores de la Vega (SAV), lograron esquivar inhabilitaciones debido a acuerdos judiciales o la prescripción de delitos.
EMERGENCIAS COMO ESCUDO DE IMPUNIDAD
Los contratos de emergencia permiten a las administraciones actuar con rapidez frente a catástrofes naturales. Sin embargo, la falta de transparencia y la discrecionalidad en las adjudicaciones convierten este mecanismo en un terreno fértil para prácticas cuestionables. Joan Llinares, exdirector de la Agencia Valenciana Antifraude, advierte que las emergencias no deben ser excusa para evitar los controles básicos: “Estos procedimientos, incluso verbales, abren la puerta a la arbitrariedad y deben ser sometidos a un escrutinio riguroso”.
La sentencia de Gürtel en 2018 probó la financiación ilegal del PP valenciano entre 2006 y 2008. Sin embargo, ninguna de las condenas incluyó inhabilitación para contratar con el sector público. Los empresarios condenados por delitos electorales y falsedad documental, como los hermanos Martínez Berna o Enrique Gimeno, lograron acuerdos con la Fiscalía que los libraron de prisión y dejaron intactas las operaciones de sus empresas.
Esta permisividad encuentra su origen en un marco legislativo débil. La Ley de Contratos del Sector Público de 2000, vigente cuando ocurrieron los hechos, contemplaba la inhabilitación como pena accesoria, pero únicamente si era expresamente dictada en sentencia. La reforma de 2017 endureció las sanciones para personas jurídicas, pero llegó tarde para quienes ya habían confesado. Así, el sistema no solo falló en castigar, sino que perpetuó un modelo en el que las empresas corruptas continúan lucrándose.
LA FALTA DE RESPONSABILIDAD POLÍTICA
La connivencia entre política y empresas no es exclusiva del pasado. La actual Generalitat Valenciana, liderada por Carlos Mazón, sigue contratando con estas compañías, igual que lo hicieron anteriores gobiernos del Botànic. Los argumentos se repiten: disponibilidad inmediata de maquinaria y equipos, vinculación histórica con el tejido empresarial valenciano. Pero la pregunta sigue en el aire: ¿es ética esta elección?
La reconstrucción tras la DANA, valorada en más de 2.200 millones de euros según el propio Pedro Sánchez, no solo debería centrarse en reparar infraestructuras. También debe ser una oportunidad para revisar las prácticas de contratación pública. Mientras tanto, el presente sigue hipotecado por un pasado de impunidad.
Cuando las instituciones confían en quienes han traicionado a la ciudadanía, el mensaje es claro: la corrupción no solo se perdona, también se recompensa.
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