El PSOE cierra filas: el 23-F sigue enterrado bajo el silencio oficial 

La desclasificación de los documentos del golpe de Estado vuelve a ser frenada, dejando en evidencia las grietas de una democracia tutelada.

Cuarenta y tres años después del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, el Congreso ha vuelto a cerrar la puerta al acceso público de los documentos que podrían arrojar luz sobre uno de los episodios más oscuros de la democracia española. La moción, impulsada por Podemos, no buscaba más que lo obvio: transparencia, justicia y memoria para una ciudadanía que sigue excluida del relato completo de su historia reciente. Sin embargo, la propuesta fue aplastada con 291 votos en contra, incluidos los del PSOE, que una vez más optó por alinearse con la opacidad.

El rechazo no sorprende, pero indigna. ¿Por qué el partido que presume de progresismo teme tanto a la verdad? La respuesta, aunque incómoda, es clara: en España, la democracia sigue subordinada a los intereses de las élites que la moldearon bajo su control. Este nuevo veto consolida la idea de que los secretos de Estado son más importantes que el derecho colectivo a la verdad. Más aún, lanza un mensaje inequívoco: hay pactos que no se tocan, pactos sellados en la transición y reforzados con el silencio de cada legislatura.

La moción de Podemos, defendida con firmeza por Javier Sánchez Serna, puso sobre la mesa cuestiones que no pueden seguir ignorándose. «La ciudadanía no puede seguir tratada como menor de edad», recordó el diputado. Pero parece que el poder prefiere perpetuar el paternalismo de una democracia que teme al escrutinio. Porque la verdad, para quienes sostienen este sistema de medias tintas, no es un derecho, sino un peligro.

LA TRANSICIÓN COMO CÁRCEL DE LA MEMORIA

La negativa a desclasificar los documentos del 23-F no es un hecho aislado, sino un eslabón más en una cadena de silencios históricos que lastran el presente. La transición, que tantos celebran como modélica, sigue siendo una cárcel para la memoria colectiva. La amnistía, el blindaje de la monarquía y la ausencia de justicia para las víctimas del franquismo han consolidado un modelo donde la impunidad reina sobre la transparencia.

En este contexto, el papel del PSOE resulta especialmente sangrante. Este partido, que no duda en usar la bandera del progreso cuando le conviene, demuestra una vez más su papel como garante del statu quo. El PSOE de 2024, el mismo que reclama justicia en otros contextos, prefiere mirar hacia otro lado cuando se trata de desnudar los pactos de la transición y cuestionar el papel del rey emérito.

El 23-F no fue solo un intento de golpe. Fue también un mensaje de las élites militares, económicas y políticas a una democracia que nacía bajo tutela. Y hoy, casi medio siglo después, seguimos sin saber quién estuvo realmente detrás ni hasta qué punto las instituciones que decían protegernos estuvieron implicadas. La negativa a desclasificar los documentos consolida una versión oficial incompleta, diseñada para proteger a los poderosos, no para informar a la ciudadanía.

Frente a esta realidad, los argumentos de quienes rechazan la desclasificación son insultantes. Alegan que abrir estos archivos podría «poner en peligro la seguridad del Estado». Pero, ¿qué seguridad se protege al ocultar información que pertenece al pasado? Lo que se protege no es la seguridad, sino el miedo de quienes saben que la verdad podría sacudir los cimientos de un régimen que se resiste a ser revisado.