Este medio se sostiene gracias a su comunidad. APOYA EL PERIODISMO INDEPENDIENTE .
Más de 120 países limitan la movilidad del primer ministro israelí y su exministro de Defensa.
Francia y Países Bajos han dado un paso histórico al anunciar que respetarán las órdenes de arresto emitidas por el Tribunal Penal Internacional (TPI) contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant. En un movimiento sin precedentes, Bélgica y Jordania han seguido el ejemplo, ampliando la lista de países que ejecutarán estas órdenes. Esto significa que Netanyahu y Gallant no podrán entrar en al menos 124 países, incluidos Alemania, Reino Unido, España, Canadá, Brasil y Sudáfrica. Este veto masivo redefine la inmunidad que durante décadas ha protegido a los líderes de las potencias internacionales.
«La comunidad internacional ha sido cómplice durante demasiado tiempo de la indiferencia frente a los crímenes de guerra». El mensaje enviado desde La Haya es claro: la justicia no debe ser selectiva ni limitada por el poder político o militar de los responsables. Este anuncio coloca en el centro del debate la complicidad de los Estados que ignoran las resoluciones del TPI, con Estados Unidos e Israel como ejemplos emblemáticos.
La decisión de Europa se produce en un contexto de creciente presión por los ataques sostenidos en Gaza, donde más de 15.000 civiles palestinos han muerto solo en 2024, según datos de Naciones Unidas. Las imágenes de hospitales destruidos y familias desplazadas contrastan con los discursos que justifican las operaciones militares como «legítima defensa». En este marco, la orden de arresto contra Netanyahu no es solo un acto simbólico; es un desafío directo a las políticas de ocupación y los asedios sistemáticos.
La implicación de figuras como Macron, quien ha prometido «plena colaboración con la justicia internacional», representa un cambio significativo en la política europea hacia Israel. Francia, como potencia histórica, lanza una señal inequívoca: los derechos humanos no están sujetos a negociación diplomática. Sin embargo, el compromiso será puesto a prueba en los próximos meses, cuando estas decisiones deban traducirse en acciones concretas ante las posibles visitas de Netanyahu a territorio europeo.
LA DOBLE MORAL DE LA JUSTICIA INTERNACIONAL
La aplicación de las órdenes del TPI reabre un debate incómodo: ¿por qué algunos líderes enfrentan restricciones mientras otros disfrutan de total impunidad? Las órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant son una victoria para quienes exigen rendición de cuentas, pero también exponen las contradicciones de un sistema que sigue favoreciendo a quienes detentan el poder económico y militar.
Mientras Europa da un paso adelante, Estados Unidos continúa con su política de boicot al TPI, negándose a reconocer su jurisdicción. Esta postura no solo debilita los esfuerzos globales por garantizar justicia, sino que refuerza la percepción de que la geopolítica sigue dictando quién paga por los crímenes de guerra. Netanyahu, respaldado por un sistema que financia el apartheid israelí con más de 3.800 millones de dólares anuales en ayuda militar estadounidense, encarna la hipocresía de las relaciones internacionales.
Por otro lado, los países que han respaldado las órdenes del TPI enfrentan críticas internas de sectores que ven estas decisiones como un ataque a Israel. Sin embargo, es necesario recordar que el cumplimiento de la justicia internacional no debe confundirse con la adopción de posturas ideológicas o antisemitas. Respetar el derecho internacional no es una elección; es una obligación.
La reacción del gobierno israelí no se ha hecho esperar. Netanyahu ha calificado las órdenes de arresto como una «persecución política», mientras que Gallant las ha tachado de «irrelevantes». Pero las palabras no borran los hechos: las pruebas recopiladas por el TPI señalan directamente a estos líderes como responsables de decisiones que han resultado en crímenes de lesa humanidad.
Sin un compromiso real de todas las naciones, la justicia seguirá siendo un privilegio, no un derecho.
Este periodismo no lo financian bancos ni partidos
Lo sostienen personas como tú. En un contexto de ruido, propaganda y desinformación, hacer periodismo crítico, independiente y sin miedo tiene un coste.
Si este artículo te ha servido, te ha informado o te ha hecho pensar, puedes ayudarnos a seguir publicando.
Cada aportación cuenta. Sin intermediarios. Sin líneas rojas impuestas. Solo periodismo sostenido por su comunidad.
Seguir
Seguir
Seguir
Seguir
Subscribe
Seguir
Expresidentes: la autopista del negocio tras La Moncloa
La puerta giratoria con coche oficial
España tiene una especialidad democrática bastante obscena: pagar oficina, seguridad y medios públicos a quienes dejaron La Moncloa mientras apenas controla qué hacen luego con su agenda, sus contactos y su capacidad de abrir puertas. El Real Decreto 405/1992 regula sus derechos, pero no pone límites serios a sus negocios privados. La Ley 3/2015 solo establece restricciones durante dos años, como si el poder caducara como un yogur y las llamadas importantes dejaran de contestarse al mes 25.
Lo llaman lobby cuando suena fino. Lo llaman experiencia cuando paga bien. Pero muchas veces lo que se vende no es conocimiento: es acceso. España necesita registro obligatorio de lobbies, reuniones trazables, incompatibilidades reales y sanciones que duelan.
El imperio mediático de Vincent Bolloré: la maquinaria ultra que quiere capturar Francia
Bolloré cree que para gobernar hay que derribar la hegemonía cultural de la izquierda. La Nouvelle Droite ya lo intentó antes, pero sin los recursos del magnate. Aquí está la diferencia obscena: la ultraderecha intelectual soñaba con disputar ideas; Bolloré puede comprar las fábricas que las producen.
Francia mira ya a las presidenciales de 2027 con una pregunta incómoda: qué pasa cuando la extrema derecha no necesita ganar primero las urnas porque antes ha ganado televisiones, radios, editoriales, kioscos y salas de cine.
Todo lo que Zapatero tiene que aclarar para limpiar su nombre
El expresidente comparecerá el 2 de junio como investigado en la Audiencia Nacional mientras crecen las dudas sobre Plus Ultra, las comisiones, Dubái y el dinero que acabó en la empresa de sus hijas.
Vídeo | Palantir en España: el contrato opaco que mete a Silicon Valley en el corazón de Defensa
Defensa entregó a una empresa nacida en el ecosistema de la CIA una pieza sensible de la inteligencia militar española, sin publicidad, con una sola oferta y bajo una capa de secreto que huele demasiado a negocio blindado.
Vídeo | Palantir en España: el contrato opaco que mete el tecnofascismo en Defensa
Mientras nos hablan de modernización, eficiencia y seguridad, el Estado español abre la puerta de su inteligencia militar a una de las empresas más vinculadas al negocio global de la vigilancia, la guerra y el poder algorítmico. Te lo contamos en #ReportajesSR. Presentado por Patricia Salvador.