Esto no es otra broma: multazo de 179 millones a las aerolíneas 

Rubén Sánchez – En Ocasiones Veo Fraudes

Pues ya están aquí. Las primeras multas de la historia a grandes empresas autoras de fraudes masivos por infracciones muy graves de la legislación de defensa de los consumidores. Las primeras de verdad, porque todas las que se han aplicado en las últimas cuatro décadas no han sido más que una broma. Una broma pesada a los consumidores víctimas de esos fraudes.

179 millones de euros a cinco aerolíneas por el recargo ilegal que cobran a los pasajeros por viajar con equipaje de mano y otras irregularidades. Multas que ha firmado el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, desestimando los recursos que habían presentado las compañías a las resoluciones sancionadoras dictadas hace unos meses por la Secretaría General de Consumo y Juego. 179 millones de euros de los que a Ryanair le toca pagar un 60%, nada menos que 108 millones de euros. A Vueling le han caido 39 millones y a EasyJet 29 millones de euros. También hay multas más pequeñas, para dos aerolíneas con un volumen de negocio mucho más reducido: Norwegian, 1,6 millones, y Volotea, 1,2 millones.

Hasta hace unos días, las sanciones firmes más elevadas que habían aplicado las autoridades de consumo se reducían a 3 millones de euros. Multas impuestas por Andalucía a Unicaja por la cláusula suelo de las hipotecas y por la Comunidad de Madrid a Movistar por el redondeo al alza por el que siempre cobraba el primer minuto completo de cada conversación. Multas consecuencia de denuncias de FACUA, pero que representaban cantidades irrisorias si se comparaban con el beneficio ilícito obtenido por las empresas con sus irregularidades. Por ejemplo, el redondeo en las llamadas representaba beneficios extra de más de mil millones de euros al año para las compañías de móvil. Y con las cláusulas suelo, la banca ganó decenas de miles de millones de euros de forma fraudulenta.

Las que acabamos de conocer contra las aerolíneas son, por fin, sanciones reales, proporcionales a los ingresos obtenidos de manera fraudulenta. Para que se produjeran hacía falta que el Ministerio de Consumo se dotase de competencias para poder aplicar multas. Una reivindicación histórica de FACUA que recogió el anterior ministro, Alberto Garzón, impulsando una modificación de la ley general para la defensa de los consumidores que desde 2022 da al ministerio la capacidad sancionadora.

Y para que se produjeran estas multas también hacía falta tener al frente de Consumo a gente con la voluntad de defender a los consumidores de los fraudes masivos. La apertura expediente sancionador a las aerolíneas fue consecuencia de las denuncias que FACUA venía planteando desde 2018 ante distintos organismos y que, finalmente, el ministerio se tomó en serio. Para ello fue fundamental el papel que desempeñó el ahora diputado de Sumar Félix Alonso mientras estuvo al frente de la Dirección General de Consumo de Baleares. Alonso había expedientado a varias compañías como consecuencia de nuestras denuncias, pero decidió paralizar los expedientes para convencer al ministerio de que los asumiese con el fin de que las multas fueran mucho más elevadas de las que su departamento podría haber aplicado.

Voluntad política. Esa es la clave. Cuando hay políticos dispuestos a cambiar las cosas para bien, se producen avances históricos. Y hoy tenemos que celebrar uno de ellos. Ojalá pronto haya más sanciones de envergadura en el Ministerio de Consumo. Y ojalá los políticos que están al frente a las administraciones de protección a los consumidores de las comunidades autónomas empiecen a tomarse en serio cuál es el papel que deben desempeñar. Ya está bien de mirar hacia otro lado cuando las empresas cometen fraudes o de aplicarles por ellos sanciones de risa. Porque no tiene ninguna gracia que las dejen seguir robándonos con impunidad.

Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes.

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Editorial del episodio 57 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes