Feijóo pide la dimisión de Pedro Sánchez por no haberle quitado las competencias a un presidente del PP que está gestionado de forma coherente la crisis, según el PP.
El reciente paso de la DANA por Valencia, que ha dejado un saldo devastador de más de 200 víctimas, no solo ha expuesto las carencias en infraestructuras y protocolos de emergencia, sino también el papel de ciertos políticos que prefieren capitalizar la tragedia en lugar de resolverla. Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, ha aprovechado la crisis para pedir que el Gobierno central asuma el mando de la gestión en la Comunidad Valenciana, argumentando que se necesita una “declaración de emergencia nacional.” Lo irónico es que esta solicitud implicaría despojar de sus competencias al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, miembro del mismo PP, cuya gestión Feijóo hasta hace poco defendía sin fisuras.
La incongruencia es evidente. Por un lado, Feijóo exige “colaboración” al Gobierno de Pedro Sánchez, mientras que Mazón, su protegido en la Generalitat, agradece precisamente la “coordinación” con el Ejecutivo central. Es un juego de sombras y espejos, donde lo que importa no es el bienestar de las personas afectadas, sino ver quién se queda con el micrófono más tiempo. La responsabilidad en la gestión de una crisis humanitaria se diluye entre exigencias cruzadas, discursos ambiguos y una negativa rotunda a asumir consecuencias.
La petición de Feijóo de que el Gobierno “colabore” se enmarca en una narrativa donde evita dar detalles concretos de los supuestos errores en la gestión. Sin embargo, al no especificar fallos ni soluciones, su postura suena más a una cortina de humo que a una crítica real. La población exige respuestas y acciones tangibles, no discursos vacíos de autocomplacencia.
VIOLENCIA Y MANIPULACIÓN: UN JUEGO PELIGROSO
La agresión sufrida por Pedro Sánchez durante su visita a la zona afectada ha sido abordada por Feijóo con una cautela interesada. No ha condenado claramente el acto violento, limitándose a señalar que “las expresiones de violencia no nos representan”. Sin embargo, tras esta afirmación de manual, Feijóo se apresura a añadir que no se debe “señalar a los ciudadanos” por expresar su “verdad.” Con estas palabras, deja espacio a la duda sobre si realmente considera condenable la agresión, o si, en el fondo, la justifica como parte del “descontento” ciudadano.
Este tipo de retórica ambigua es un juego peligroso. Al deslindar la violencia de sus autores y diluirla en una supuesta verdad popular, se crea un clima de impunidad y se abre la puerta a la normalización de la agresión como herramienta política. Es el clásico recurso del populismo de derecha, que en lugar de afrontar los problemas reales —en este caso, la gestión de una crisis ambiental y humanitaria— desvía la atención hacia temas emocionales, sin una intención genuina de ofrecer soluciones.
Lo más inquietante de este episodio es cómo el PP, de la mano de Vox, ha decidido caminar por esta senda de confusión y manipulación. Mientras Mazón, sostenido en el poder por el apoyo de la ultraderecha, aprovecha para lanzar dardos al Gobierno central, Feijóo cambia de discurso, aparentemente movido por el cálculo político. La responsabilidad que debería recaer sobre las y los responsables de la Generalitat por la lentitud en la respuesta es trasladada, una vez más, al Ejecutivo central, al que se acusa sin más pruebas que las palabras de un partido decidido a socavar el orden establecido a través de la desinformación y el descrédito sistemático.
La reacción de Feijóo ante la violencia refleja el tipo de liderazgo que propone. Un líder que rehúye condenar la agresión de manera firme, prefiriendo quedar bien con un sector de la ciudadanía que clama venganza en lugar de justicia. El Partido Popular y sus aliados no dudan en situarse al margen de las normas democráticas si eso implica ganar apoyos entre un electorado desencantado.
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