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Sin medidas de adaptación urgentes, la próxima inundación será sólo otra estadística de fallecidos en los despachos ministeriales.
Las cifras son claras: 2,7 millones de personas en España habitan en zonas de alto riesgo de inundación, lugares donde el agua podría arrasar con viviendas y vidas una vez cada 500 años. Y de esos millones, cerca de medio millón vive en áreas con probabilidad de inundarse cada década. En lugar de medidas preventivas y de una planificación urbana orientada a proteger a las personas, la administración pública prefiere actuar con una pasividad alarmante, dejando a su población en una situación de constante vulnerabilidad.
España cuenta con aproximadamente 25,000 kilómetros de zonas susceptibles a inundaciones, y las cuencas de los ríos Ebro, Júcar y Duero encabezan esta lista de territorios en peligro. Son lugares donde el cambio climático, la desatención y la sobreexplotación de los recursos naturales se combinan para formar un caldo de cultivo de catástrofes evitables. El Consorcio de Compensación de Seguros informó que en 2023, tras las intensas lluvias de septiembre, se pagaron entre 100 y 115 millones de euros en indemnizaciones. Esta cifra no refleja solamente el impacto económico, sino la crisis sistemática de un país que continúa ignorando su propia fragilidad.
La realidad es contundente: el coste de las inundaciones no es sólo económico. La pérdida de vidas es una consecuencia que nadie parece dispuesto a asumir como prioridad. Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica, en las últimas tres décadas las inundaciones han sido responsables de aproximadamente 300 muertes. El silencio institucional frente a estos datos es abrumador, especialmente cuando las soluciones están, en gran medida, al alcance de quienes gobiernan.
CRISIS CLIMÁTICA Y NEGLIGENCIA POLÍTICA
La crisis climática no es una novedad, pero la respuesta de los gobiernos sigue siendo igual de precaria. Estudios del Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC) han recomendado mejorar los mapas de zonas inundables, integrando proyecciones sobre el cambio climático para anticiparse a futuros desastres. Sin embargo, estas propuestas caen en saco roto. Los intereses inmobiliarios y el negocio del suelo prevalecen sobre cualquier recomendación científica o ética, dejando a las personas, como de costumbre, al borde de la próxima tragedia.
La Comisión Europea, en un esfuerzo por reducir el impacto de las inundaciones, lanzó en 2023 una herramienta de evaluación de riesgos en toda la Unión Europea. Sin embargo, este avance tecnológico contrasta con la negligencia que aún se percibe a nivel local. El Ministerio para la Transición Ecológica estima que, de seguir en un escenario climático extremo, el 19 % de las Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación en España sufrirá un impacto altamente significativo, y el 29 % un impacto significativo. Esto significa que casi la mitad de las áreas en riesgo enfrentarán consecuencias devastadoras debido al cambio climático, una advertencia que no parece hacer mella en quienes toman decisiones.
Las construcciones en áreas de alto riesgo continúan, alimentando la especulación inmobiliaria y exponiendo a la población a peligros previsibles. Este desprecio por el bienestar de las personas, muchas veces en aras del beneficio económico, refleja un sistema insensible y que difícilmente podría calificarse de democrático. Mientras tanto, se asignan recursos públicos a indemnizaciones y a paliar los efectos de las inundaciones, una y otra vez, sin atender la raíz del problema.
Sin medidas de adaptación urgentes, la próxima inundación será sólo otra estadística en los despachos ministeriales.
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