Israel prohíbe la labor humanitaria de la UNRWA en Gaza, una sentencia al hambre y al abandono definitivo 

Los Gobiernos y entidades internacionales pueden continuar emitiendo comunicados de condena, pero la realidad en Gaza exige acciones contundentes.

La reciente decisión del Parlamento israelí de prohibir las operaciones de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) en Israel y de limitar su capacidad de coordinación en Gaza es una condena directa a la miseria para millones de palestinos y palestinas. Con una aprobación masiva de 92 votos a favor y solo diez en contra, esta legislación se convierte en un ataque directo contra la supervivencia de la población en los territorios ocupados, ya precarizada por décadas de asedio y violencia constante. Privar de asistencia a quienes han sido despojados y desamparados es una política deliberada de hambre y aislamiento. Esta nueva barrera para la ayuda humanitaria no solo limita la capacidad de la UNRWA de proporcionar alimentos, agua y servicios básicos, sino que también imposibilita el contacto de la agencia con funcionarios israelíes, una condición esencial para coordinar cualquier movimiento de asistencia.

La UNRWA es mucho más que una agencia humanitaria: representa la última esperanza para una población acosada, una válvula de escape ante una realidad sofocante. La agencia proporciona no solo alimentos y refugio, sino también educación y atención médica a una población infantil que nunca ha conocido un solo día de paz. Este cerco legislativo ataca a la UNRWA como un símbolo de solidaridad internacional y de resistencia frente al olvido impuesto a millones de personas. La medida desmantela un acuerdo multilateral que tenía como base la resolución de Naciones Unidas de 1949, destinada a ofrecer apoyo a los refugiados y refugiadas palestinas hasta hallar una solución justa y permanente.

ISRAEL DESACREDITA A LA ONU Y JUSTIFICA LA REPRESIÓN

Israel justifica esta ofensiva argumentando que la UNRWA mantiene lazos con Hamás, una acusación que la ONU ya ha desacreditado al concluir que no existen pruebas sólidas para tales afirmaciones. La narrativa del “terrorismo” sirve como pretexto para silenciar y deslegitimar cualquier intento de asistencia humanitaria. Desde octubre de 2023, más de 230 empleados y empleadas de la UNRWA han perdido la vida debido a ataques en Gaza, muchos de ellos en instalaciones claramente identificadas como neutrales. Sin embargo, los centros de la agencia han sido blanco recurrente de bombardeos. La destrucción de estos espacios, que también han servido como refugio para la población civil, representa una amenaza a los pocos servicios de protección y apoyo que quedan en la región.

Al prohibir cualquier contacto entre funcionarios israelíes y la UNRWA, la ley elimina el mecanismo de “desconflicción”, un sistema de coordinación crucial para evitar ataques contra los convoyes de ayuda y otras actividades esenciales. Esta desconexión forzada no solo incrementa los riesgos para las y los trabajadores humanitarios, sino que convierte en rehenes a quienes dependen de esa asistencia. La política israelí reduce a la UNRWA a un objetivo más en su estrategia de aislamiento y exterminio progresivo del pueblo palestino.

El comisionado general de la UNRWA, Philippe Lazzarini, ha señalado que esta medida sienta un “precedente peligroso” para las labores humanitarias en todo el mundo, un argumento que suscriben también diversos países europeos y organismos internacionales. El gobierno israelí, sin embargo, ha dejado clara su postura: cualquier esfuerzo por parte de la ONU de mantener sus funciones en Gaza será considerado una amenaza para la seguridad de Israel. De esta forma, se utiliza el pretexto de la “seguridad” para endurecer el control y la presión sobre una población ya sitiada.

EL CERCO DE GAZA SE AGRAVA CON LA NUEVA LEGISLACIÓN

La medida reciente no solo limita a la UNRWA, sino que refuerza el asedio a Gaza. Desde 1948, miles de personas palestinas fueron expulsadas de sus hogares en un proceso de ocupación sistemática que, hasta hoy, sigue violando derechos fundamentales. Actualmente, seis millones de refugiados y refugiadas palestinas dependen de la asistencia de la UNRWA en Gaza, Cisjordania, Líbano y Siria. La eliminación de sus servicios en Gaza solo profundizará la crisis humanitaria, lo que implica más hambre, más enfermedad y menos oportunidades de sobrevivir en un entorno ya precarizado.

Los efectos de esta ley tendrán consecuencias inmediatas. Desde la educación infantil hasta la distribución de alimentos, pasando por la atención médica y la ayuda psicológica, todos estos servicios se verán paralizados. Para las y los habitantes de Gaza, esto representa la condena a un nuevo nivel de carencias y miserias. En Gaza, el acceso a recursos básicos es ya escaso; esta ley convierte la subsistencia en una tarea aún más imposible.

La comunidad internacional, encabezada por Josep Borrell y respaldada por países como Canadá, Francia, y Alemania, ha expresado su rechazo a esta medida. Sin embargo, las declaraciones de condena de poco sirven para frenar una ofensiva que ya cuenta con un apoyo sólido y continuado dentro de la Knéset. Israel se enorgullece de ignorar la legalidad internacional y de desafiar el sistema multilateral; su declaración de persona non grata al secretario general de la ONU es prueba de una arrogancia que desafía cualquier intento de mediación.

La UNRWA se ha convertido en la línea de vida para millones de personas. Ahora, con esta ley, se priva a la población palestina de la poca estabilidad que le queda. Cada paso dado por Israel contra la UNRWA es un paso más en su agenda de deshumanización y eliminación del pueblo palestino. Cada ley, cada restricción, cada prohibición se convierte en un recordatorio de que el proyecto de ocupación no es solo una cuestión territorial: es una estrategia diseñada para borrar una cultura, un pueblo, y cualquier vestigio de resistencia.

Los Gobiernos y entidades internacionales pueden continuar emitiendo comunicados de condena, pero la realidad en Gaza exige acciones contundentes.