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El escándalo de las muertes en las residencias madrileñas sigue sin respuesta. Más de cuatro años después, las familias aún buscan justicia mientras el gobierno madrileño se lava las manos. ¿Por qué la atención sanitaria se les negó a las personas mayores en plena pandemia?
RESIDENCIAS ABANDONADAS, SANIDAD INEXISTENTE
El sistema sanitario de Madrid falló estrepitosamente, y el desastre en las residencias fue una tragedia anunciada. Las enfermeras y enfermeros, médicos, personal de las residencias, y sobre todo, las y los mayores, fueron abandonados a su suerte. Los hospitales cerraron sus puertas a miles de personas vulnerables. Mientras tanto, la presidenta Ayuso promovía su «hospital milagro» en IFEMA, dejando sin atención a los ancianos más necesitados en residencias que no estaban preparadas para la pandemia.
El Gobierno de Ayuso no solo sabía lo que ocurría en esas residencias; lo permitió. Cada día, la Consejería de Políticas Sociales y Sanidad intercambiaba información detallada sobre la situación en los geriátricos: los positivos, las necesidades de personal, el material insuficiente, e incluso los fallecidos. Sin embargo, esta información no se tradujo en medidas efectivas para salvar vidas. La asistencia sanitaria nunca llegó.
El plan de medicalización de residencias nunca pasó del papel. Solo 29 médicos y 25 enfermeros fueron enviados para atender a 72 geriátricos, una proporción que rozaba el ridículo: un médico por cada 1.662 residentes. Al mismo tiempo, en IFEMA se destinaban más de 1.400 sanitarios, mientras que los hoteles medicalizados recibían a 351 profesionales. Los mayores quedaron relegados, discriminados.
NEGACIÓN SISTEMÁTICA DEL DERECHO A LA SALUD
Las muertes en las residencias de Madrid no fueron solo el resultado de la pandemia. Fueron el producto de decisiones conscientes y deliberadas que priorizaron unos recursos sobre otros, condenando a los más vulnerables. Los protocolos que evitaron la hospitalización de las personas mayores, conocidos como los «Protocolos de la Vergüenza», bloquearon la derivación a hospitales de personas con deterioro cognitivo o discapacidad. Una clara discriminación por razón de salud y edad.
El 13 de marzo de 2020, un día antes del estado de alarma, ya se estaban implementando estos criterios. Los geriatras de enlace actuaban como barrera entre las residencias y los hospitales, decidiendo, sin suficiente evaluación individual, quién tenía derecho a la vida y quién no. Según la denuncia presentada ante la Fiscalía, los hospitales rechazaban pacientes desde ese mismo día, a pesar de que la crisis sanitaria estaba lejos de su pico. En un acto de brutal insensibilidad, los ancianos más frágiles fueron descartados.
En muchos casos, como en la residencia Amavir de Alcorcón, se negó el traslado de ancianos con síntomas graves simplemente por criterios burocráticos. Este protocolo frío y calculador no solo causó muertes, sino que también prolongó el sufrimiento de quienes, con la atención médica adecuada, podrían haber sobrevivido.
Las derivaciones a los hospitales cayeron en picado. En residencias donde el virus golpeó con especial virulencia, como Ballesol Alcalá o Nuestra Señora del Carmen, los traslados a centros médicos fueron nulos o mínimos durante las dos primeras semanas de vigencia de estos protocolos. Más muertes, menos traslados: una relación directa y trágica.
LA SOMBRA DEL DELITO: DENEGACIÓN DE ASISTENCIA SANITARIA
La macrodenuncia presentada por más de 100 familias apunta a que lo que ocurrió en las residencias madrileñas no fue solo un fallo de gestión, sino un delito continuado de denegación de asistencia sanitaria. El gobierno madrileño tomó decisiones que, conscientemente, marginaron a los mayores y las personas con discapacidad. Lo que en teoría debían ser evaluaciones «individualizadas» para decidir sobre los traslados, en la práctica fueron criterios rígidos y discriminatorios que sellaron el destino de miles de personas.
La Fiscalía tendrá ahora la responsabilidad de investigar si estas decisiones constituyen un delito tipificado en el artículo 511 del Código Penal, que castiga la denegación de asistencia sanitaria por motivos discriminatorios. Pero la realidad ya es evidente: miles de ancianos fueron condenados a morir en soledad, privados de un derecho básico: la atención médica.
El gobierno de Ayuso ha defendido su gestión durante la crisis, asegurando que los Protocolos de la Vergüenza no impidieron derivar pacientes y que las residencias estaban capacitadas para gestionar la pandemia. Pero las nuevas pruebas que se han presentado demuestran lo contrario: la medicalización fue una farsa, los hospitales dejaron de recibir ancianos, y la prioridad fue mantener a los mayores fuera del sistema sanitario público.
Esta denuncia no solo busca justicia para las más de 7.000 personas que murieron sin ser trasladadas a un hospital. Busca responsabilizar a quienes, por acción u omisión, permitieron que esto ocurriera. Ayuso y su equipo sabían lo que estaba pasando. No hicieron nada. Y la negligencia no puede quedar impune.
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