La administración española destinó más de 6.200.000 euros públicos en la financiación de los cotos privados de caza más conocidos del país. Concretamente, 6.237.609,41€ entre los años 2019 y 2022.
Son los resultados arrojados por un reciente estudio que hemos elaborado desde PACMA como parte de nuestra campaña contra la caza y contra el uso de recursos públicos para favorecerla, que se prolonga a lo largo del año, pero sobre todo en esta época, coincidiendo con el fin de la temporada cinegética.
La finca de Valdepuercas (Cáceres), de 18.000 hectáreas, es el coto de caza privado más grande de España. Pertenece al empresario siderúrgico José María Aristrain, y recibió, en cuatro años, un total de 51 subvenciones de la Dirección General de Política Agraria Comunitaria (PAC), la Dirección General de Agricultura y Ganadería del Gobierno de Extremadura y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por valor de 467.990€.
Sin embargo, esta cifra no es comparable a los más de 2.460.000€ que, en el mismo periodo de tiempo, recibieron los hermanos Rafael y José María Finat en concepto de 85 ayudas y subvenciones diferentes para el funcionamiento de su finca de caza «El Castañar», ubicada en la ciudad de Toledo. En esta ocasión, el dinero manaba de las direcciones generales de Agricultura y Ganadería y de Políticas Medioambientales además del propio Ministerio de Agricultura.
Cuatro de las diez fincas de caza privadas más conocidas y aclamadas se encuentran en Castilla La Mancha; segunda comunidad autónoma con mayor número de cotos de caza del país (5.814, solo superada por los 7.532 de Andalucía) y con un 87% de su territorio destinado a este fin, alberga, además de «El Castañar», otras tres renombradas fincas como: «La Garganta», «El Lobillo» y «El Castaño», en Ciudad Real. Oscilan entre las 9.600 y las 15.000 hectáreas, y todas ellas pertenecen a acaudalas familias de empresarios y aristócratas, en su mayoría españoles.
La finca «La Garganta», de 15.000 hectáreas y propiedad heredada del joven duque de Westminster, Hugh Grosvenor (uno de los hombres más ricos de Inglaterra), es uno de los lugares de caza favoritos de las casas reales europeas. Recibió, en cuatro años, más de 1.400.000€ de los fondos públicos divididos en un total de 75 subvenciones entre las que destacan una de 169.500€ de la Dirección General de Agricultura y Ganadería del Gobierno de Castilla La Mancha, y otra de 178.900€ apenas un año más tarde.
Por su parte, las fincas «El Lobillo» y «El Castaño», propiedades de unas 10.000 hectáreas cada una y pertenecientes al empresario y terrateniente Juan Abelló y a la familia Botín respectivamente, recibieron, entre 2019 y 2022, 753.000€ y 242.200€ en un total de 81 subvenciones divididas entre ambas.
En nuestro estudio también aparece el nombre de una de las familias ganaderas más acaudaladas de Andalucía: los Mora-Figueroa Domecq, conocidos principalmente por ser uno de los principales proveedores de toros para su uso en actividades taurinas en España. Son propietarios de la finca «Las Lomas», de 12.000 hectáreas y ubicada en la provincia de Cádiz. Las ayudas públicas recibidas, en este caso, son significativamente inferiores a las anteriores: 102.000€ provenientes, principalmente, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en los últimos 4 años.
El dueño de la Banca March y presidente de la Corporación Financiera Alba, Carlos March Delgado, es propietario de las 10.000 hectáreas que componen la Finca Los Altarejos, en Sevilla. A pesar de la fortuna que concentra el terrateniente, la administración española le concedió, en cuatro años, 38 ayudas y subvenciones por valor de más de 580.000€.
Por último, muy concurridas por célebres cazadores pero inferiores en número de hectáreas, se encuentran fincas como «El Tochar» (9.000 ha), en Valencia; «Los Alarcones» (8.900 ha), en Jaén y «La Azagala» (7.000 ha) en Cáceres, que recibieron, por orden, 85.600€, 29.500€ y 197.000€ públicos solo entre 2019 y 2022. Esta última, La Azagala, es propiedad de Alfonso Álvarez de Toledo, marqués de Valdueza, y las otras dos, de los empresarios y terratenientes Jesús Franco y Samuel Flores.
Subscribe 
El PSOE cierra filas: el 23-F sigue enterrado bajo el silencio oficial
La desclasificación de los documentos del golpe de Estado vuelve a ser frenada, dejando en evidencia las grietas de una democracia tutelada.
El cerco se estrecha:Francia y Países Bajos aplicarán órdenes de arresto del TPI contra Netanyahu
Más de 120 países limitan la movilidad del primer ministro israelí y su exministro de Defensa.
La Justicia desestima la querella contra Aemet y la CHJ mientras investiga cinco denuncias contra Mazón
Los hechos demuestran que el problema no radica en los pronósticos climáticos ni en la gestión hidráulica, sino en la falta de acción política ante una emergencia anunciada
Vídeo | Broncano lo ha vuelto a hacer
Ahora solo queda que Isabel Rodríguez escuche lo que dicta la Constitución.
