El controvertido artículo 24, una nueva ley de seguridad, prevé limitar la grabación y difusión de imágenes de los agentes de policías y gendarmes.
Según las cifras del Ministerio del Interior, 133.000 personas salieron este sábado en Francia a protestar contra la ley de Seguridad Global que promueve el Gobierno de Emmanuel Macron. «¿Quién nos protege del estado policial?» «¿Policía difuminada, justicia cegada?» Bajo estos eslóganes, los manifestantes se han dado cita en París, Burdeos, Toulouse, Lille, y otras tantas ciudades francesas, para participar en las «marchas por la libertad» .
La Marcha por las Libertades había sido convocada por el comité Stop la Ley de Seguridad Global, compuesto de sindicatos, asociaciones de periodistas y organizaciones de derechos humanos, entre otros. La protesta más masiva tuvo lugar en París, donde algunos incidentes violentos ensombrecieron el final de la marcha que, pese a todo, fue mayoritariamente pacífica.
Los organizadores cifraron la asistencia en medio millón de personas. Solo en París, marcharon al menos 46.000, de acuerdo con las cifras oficiales. Otras manifestaciones con fuerte participación fueron las de ciudades como Alrededor de medio centenar de personas fueron detenidas en la capital francesa por enfrentarse a los agentes e incendiar vehículos, mobiliario urbano y hasta algunos locales comerciales, entre ellos una oficina del Banco de Francia.
«Es importante que luchemos por nuestras libertades. Si la ley se aprueba, será un paso atrás. El foco no debería estar en la protección de los policías», ha apuntado Iana, una estudiante de 17 años presente en la manifestación.
Una controvertida ley de seguridad
El controvertido artículo 24 de Macron prevé limitar la grabación y difusión de imágenes de los agentes de policías y gendarmes. Esta misma disposición fue la única abolida por el Tribunal Constitucional en España en su sentencia sobre la conocida como «Ley Mordaza», considerando que se trataría de una «censura» por parte del Estado.
El texto está siendo criticado con firmeza por la prensa y las organizaciones de defensa de los derechos humanos que consideran la eventual legislación como un ataque a la libertad de expresión y al derecho a informar.
El artículo más controvertido de la ley es el 24, que prevé penas de hasta un año de prisión y 45.000 euros de multa por difundir imágenes de policías o gendarmes con la intención de dañarles.
El primer ministro, Jean Castex, propuso esta semana que una comisión independiente se encargara de examinar y reescribir el controvertido artículo, pero tuvo que dar marcha atrás y dejarlo de nuevo exclusivamente en manos del Parlamento ante las críticas recibidas por parte de ambas cámaras.
Días de represión y violencia contra los migrantes
Los franceses han vivido los últimos días una sucesión de casos de violencia policial destapados por grabaciones de cámaras que han dado más argumentos que nunca contra quienes afirman que la nueva ley de seguridad favorecerá la impunidad policial.
El pasado lunes, la policía desmanteló el lunes un campamento de inmigrantes plaza de la República de París haciendo uso de un importante exceso de violencia, las imágenes de la intervención indignaron a todos. Por si fuera poco, una investigación periodística documentó otra operación policial en la que tres agentes se ensañan sin ningún motivo contra Michel Zecler, un productor de música negro, la semana pasada.
La Inspección General de la Policía Nacional (IGPN), conocida como «la policía de los policías», investiga actualmente ambas intervenciones. Incluso Emmanuel Macrón condenó el suceso: “Las imágenes que todos hemos visto de la agresión contra Michel Zecler son inaceptables, son vergonzosas para todos nosotros. Francia nunca debe permitir la violencia o la brutalidad, no importa de quién o de dónde venga. Francia nunca debe dejar que el odio o el racismo prosperen”, escribió el mandatario.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
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