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La Fiscalía Anticorrupción investiga comisiones millonarias obtenidas por dos empresarios que intermediaron en la compra de material sanitario con el Ayuntamiento de Madrid.
En marzo de 2020, durante el peor momento de la pandemia el Ayuntamiento de Madrid realizó diversos contratos millonarios que ahora investiga la Fiscalía Anticorrupción.
Anticorrupción mantiene abiertas desde finales de 2020 unas diligencias de investigación para seguir el rastro de dos contratos que suman 11 millones de euros, que según expone elDiario.es, fueron a parar a dos intermediarios que facilitaron la llegada de mascarillas y test de anticuerpos procedentes de China para proteger al personal que trabajaba en las emergencias del Ayuntamiento de Madrid.
Hasta ahora los investigadores sospechan que la comisión obtenida por Luis Medina Santana ronda el millón de euros, mientras que otro empresario amigo suyo, Alberto Luceño Cerón, logró embolsarse cinco millones en la misma operación, según han revelado a elDiario.es fuentes próximas a la investigación.
La unidad especializada rastrea indicios de falsedad documental, delito fiscal y blanqueo de capitales en la actuación de ambos, según las mismas fuentes.
Como intermediarios se alude a que fueron cruciales dos personas Luis Medina Abascal, hijo del duque de feria, que habría contactado con el cargo del Ayuntamiento que se encargaba de las compras en tres o cuatro ocasiones de forma telefónica para hablarle de un amigo suyo empresario, especializado en importar material textil de Asia, e informar del material que podría venderle al Consistorio.
A esas llamadas se habría reducido, según la investigación, la actuación del hijo menor del duque de feria y de Naty Abascal para embolsarse un millón de euros de dinero público «en un momento en que los muertos se contaban a diario por centenares», contextualiza el rotativo.
Según ese relato, esas primeras llamadas dieron entrada en el Ayuntamiento a Alberto Luceño Cerón, amigo de Luis Medina, y lo pusieron en contacto con la persona que coordinaba las compras de material en el Gobierno de Almeida y que se tramitaron a través de la empresa pública funeraria de Madrid.
Entre las adjudicaciones que se investigan, la primera asciende a 6,2 millones de euros y estaba destinada a comprar mascarillas FFP2 y KN95; un segundo lote de 4,6 millones de euros estaba compuesto por guantes de nitrilo; y un tercero, de 3,9 millones sirvió para adquirir test de autodiagnóstico.
La investigación para tratar de determinar el destino de los seis millones de euros de estos contratos públicos arrancó en otoño de 2020. Con posterioridad a la apertura de las diligencias de investigación de la Fiscalía, los tres contratos llamaron la atención del Tribunal de Cuentas.
La Fiscalía Anticorrupción se ha topado hasta ahora en diferentes administraciones con contratos que presentaban ganancias desorbitadas por la escasez mundial de material, que encarecía enormemente el producto, y que se beneficiaban de las concesiones a dedo.
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