Gran parte del Estado ha sufrido escasez de agua y sequía en los últimos meses.
La deforestación en la Amazonía brasileña ha aumentado casi un 22 por ciento con un área más de 13.000 kilómetros cuadrados arrasada en el lapso de un año, lo que supone la cifra máxima registrada en los últimos 15 años, según un balance del el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) de Brasil.
Los datos han sido recabados a través del satélite del INPE, que constata que entre el 1 de agosto de 2020 y el 31 de julio de 2021 se perdieron 13.235 kilómetros cuadrados, «lo que marca un crecimiento, el tercero consecutivo desde la entrada del Gobierno de Jair Bolsonaro», destaca el Huffington Post.
La relevancia de la cuestión radica en que la Amazonía es un importante depósito de dióxido de carbono, que es equivalente a la de Europa Occidental en tamaño, «pero el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ve en la región sobre todo un potencial económico sin explotar», explica el medio.
En este contexto, Greenpeace ha advertido de que los datos de deforestación publicado este jueves estaban fechados el 27 de octubre, días antes de que comenzara la COP26, por lo que ha acusado al Gobierno brasileño de tratar de mejorar su imagen cuando ya era consciente de que se había batido otro récord de deforestación.
La UE presentó el miércoles una propuesta para restringir las importaciones de bienes con producción vinculada a la deforestación, que podría afectar a Brasil. Por su parte, la Asociación de Productores Agrícolas de Brasil ha emitido un comunicado en el que expresaba su indignación por la propuesta.
El fondo buitre Blackstone, responsable de parte de la deforestación del Amazonas
Según un reciente artículo de The Intercept, dos empresas brasileñas que son parcialmente propiedad de un importante donante del presidente de EE.UU., Donald Trump, y el líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, tienen gran parte de responsabilidad en la continua destrucción de la selva amazónica.
«Una carnicería que se ha convertido en furiosos incendios que han captado la atención mundial», reza el artículo. Estas dos empresas son Hidrovias do Brasil y Pátria Investimentos, ambas propiedad de la compañía de inversión estadounidense Blackstone, cuyo cofundador y CEO es Stephen Schwarzman, un aliado cercano de Trump.
Según se informa en el texto, estas compañías «han arrebatado el control» de varias parcelas de tierra en la selva amazónica, construyendo una polémica carretera hacia su nueva terminal de embarque en Miritituba, dirigida por Hidrovias do Brasil, en el estado brasileño de Pará, para facilitar el cultivo y la exportación de granos y soja.
Hace unos meses, el gobierno del ultraderechista Bolsonaro anunció que Hidrovias do Brasil mejoraría una carretera en el Mato Groso, duplicando su capacidad de envío de granos a 13 millones de toneladas y potenciando la deforestación. «El desarrollo de la carretera en sí causa deforestación, pero lo más importante es que ayuda a hacer posible una transformación más amplia de la Amazonía convirtiendo selva en tierras de cultivo«, asevera el artículo.
«El esfuerzo por transformar a la Amazonía de una selva tropical en una fuente de ingresos para el agronegocio es fundamental para el conflicto, y está relacionado con los incendios que hoy se descontrolan«, insiste la nota.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
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