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La Consejería de Agricultura ya ha confirmado la retirada de 4,5 toneladas de peces y otra fauna marina asfixiada.
Ante el aumento de la turbidez (por crecimiento de fitoplancton) y la mortandad de peces observada en el Mar Menor en estos últimos días, entidades ecologistas están reclaman al Gobierno Regional que asuma sus competencias para aplicar medidas eficaces en el origen: el Campo de Cartagena.
La aparición de peces muertos en el Mar Menor comenzó en las playas de la zona sur, ha llegado a la zona norte, y suma siete días con todo tipo de especies marinas muertas en la orilla a causa de una bolsa anóxica (falta de oxígeno).
La Consejería de Agricultura ha confirmado la retirada de 4,5 toneladas de ejemplares asfixiados, de forma que ya se superan las 3 toneladas del anterior episodio de anoxia ocurrido en 2019.
Desde la Consejería de Agricultura aseguran que la causa de este terrible episodio de mortandad de especies marinas a lo largo de la albufera es «una bolsa anóxica, tal y como se ha detectado en las mediciones que se han ido haciendo con el paso de los días».
Algo más complejo que una simple bolsa
Pero lo cierto es que es necesario ahondar en el problema: al Mar Menor le falta oxígeno por el crecimiento descontrolado de algas. «Tenemos muy claro que es un proceso de anoxia típico de un proceso de eutrofización», asegura Juan Manuel Ruíz, Investigador Centro Oceanográfico de Murcia. Exceso de nutrientes, que vienen en su mayoría de la agricultura intensiva de regadío del Campo de Cartagena.
Los ecologistas se muestran sorprendidos por la actitud del Gobierno Regional, cuyo Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, parece estar alineado con el sector agroindustrial, defendiendo sus intereses con más empeño que el interés general, al que su cargo obliga a proteger.
Luengo parece incapaz de hacer cumplir la legalidad: ni siquiera han retirado un solo metro de regadíos ilegales y no se está ejerciendo una labor de control del uso de fertilizantes. Ecologistas en Acción señala que «para la ciencia no existen dudas del origen agroindustrial de los fosfatos y nitratos que llegan a la laguna desde hace varias décadas».
Negacionistas de la contaminación
Por su parte, López Miras, presidente de la Región de Murcia, pone en duda la certeza científica del origen agroindustrial de la crisis eutrófica, y amenaza con denunciar a la Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Negacionismo institucional.
Después de 2 años, el Gobierno de Miras sigue sin poner en marcha el «Plan de Gestión Integral de los espacios protegidos del Mar Menor y la franja litoral mediterránea de la Región de Murcia», ni la «Estrategia de Gestión de Zonas Costeras en el Mar Menor y su entorno».
Lo que sí ha hecho el Gobierno Regional es derogar la Ley 1/2018 1 que establecía limitaciones y exigía medidas concretas al sector agroindustrial, ha reducido a mínimos la plantilla de la Dirección General de Medio Ambiente, y ha aprovechado la crisis sanitaria de la COVID-19 para modificar, vía decretazo, varias leyes, reduciendo las garantías ambientales y vendiendo el interés general al beneficio privado.
Ecologistas en Acción pide al Gobierno regional que «se ponga a trabajar de una vez en el ejercicio de sus propias competencias (que son la mayoría) y aporten soluciones realmente eficaces en el origen, para salvar el Mar Menor y el futuro de las poblaciones ribereñas.»
No es lo único: de dónde venimos
En 1973, el ensanche y dragado del Canal del Estacio para permitir el paso de embarcaciones del Mar Mediterráneo al Mar Menor, y más concretamente al puerto deportivo Tomás Maestre, alteró radicalmente sus aguas. Se le dio una profundidad de 4 m en su zona central y una anchura de 39 m.
La masiva entrada de agua del Mediterráneo ocasionó un importante desastre ecológico. Tanto la salinidad del agua del Mar Menor como la temperatura del agua en verano experimentaron un descenso lo que dio lugar a la entrada de especies que no habían vivido nunca en la laguna y la desaparición de otras.
En 1979, los empresarios que crearon este problema se comprometieron con el Estado a reparar el daño causado devolviendo en lo posible la zona a su estado natural , pero nunca se hizo. En 1987, el PSOE reparó parcialmente la situación al aprobar una ley de protección del Mar Menor, pero el PP logró tumbarla en 2001. De PP a PP llegamos al día de hoy y el Mar Menor sigue siendo un mal mayor del que nadie se hace cargo.
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