Cobraban 300 euros al mes sin vacaciones ni límite de horas, siempre y cuando cumplieran con los objetivos que había marcado el explotador
Agentes de la Policía Nacional detuvieron en Murcia a siete personas, cinco hombres y dos mujeres, todos de nacionalidad española, y de edades comprendidas entre los 34 y 67 años de edad, por delitos contra los derechos de los trabajadores y favorecimiento de la inmigración ilegal.
La Unidad Contra la Redes de Inmigración y Falsedad Documental (Ucrif) siguió la pista de una empresa que podría estar llevando a cabo la captación de ciudadanos extranjeros en situación irregular para, aprovechando su precaria situación, ofrecerles trabajo en un almacén de una empresa hortofrutícola sita en la zona de Cobatillas (Murcia).
Durante la investigación se llevaron a cabo dos inspecciones en menos de un mes al mismo almacén, donde los trabajadores estaban sometidos a unas condiciones laborales abusivas llegando a niveles de lo que puede considerarse semiesclavitud.
Explotados entre material podrido
La primera de las inspecciones llevadas a cabo tuvo lugar el pasado 8 de julio, en el almacén de la empresa investigada, donde se identificaron a 36 trabajadores, de entre los cuales se detectaron a 20 ciudadanos marroquíes en situación irregular, trabajando bajo unas condiciones higiénicas más que cuestionables, encontrando gran cantidad de producto hortofrutícola trabajado por todo el suelo y la entrada de la nave, algunas en estado de putrefacción desprendiendo un fuerte y desagradable olor.
En la segunda inspección, llevada a cabo el pasado 3 de agosto, se llegaron a identificar a 38 personas, detectando a 18 trabajadores en situación irregular, de los cuales 11 ya habían sido descubiertos trabajando cuando se realizó la primera inspección y la empresa continuaba explotándoles en el mismo almacén.
Tal y como denuncia La Verdad de Murcia, estos trabajadores trabajaban «a destajo, sin vacaciones y autoabasteciéndose de material de trabajo».
Los agentes de la Ucrif concretaron que las víctimas explotadas cobraban según trabajaban, sin derecho a vacaciones y teniendo incluso que comprarse ellos mismos el material de trabajo.
El salario de estos trabajadores explotados rondaba los 300 euros al mes, siempre y cuando cumplieran con los objetivos que había marcado el explotador, siendo incluso en ocasiones engañados los empleados y víctimas justificando que no habían llegado al límite de la cantidad de trabajo realizado.
Clausura y cese de actividades
La Policía Nacional en el marco de la investigación ha solicitado a la autoridad judicial la clausura temporal y cese de actividades de la nave/almacén en el que se realizaban las actividades investigadas.
La operación culminó con 34 arrestos, 27 de ellos por infracción a la ley de extranjería, donde agentes de la Policía Nacional pertenecientes a la Jefatura Superior de Policía de la Región de Murcia han conseguido vincular al máximo responsable de la empresa, al jefe de almacén (con funciones de selección, contratación y despido de personal) y a los encargados de los trabajadores.
Un total de siete detenidos serán acusados por delitos contra los derechos de los trabajadores, favorecimiento a la inmigración ilegal y pertenencia a organización criminal.
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