15 cooperantes ejecutados a sangre fría: la masacre que Israel quiso enterrar bajo la arena en marzo de 2025 

Una investigación forense minuto a minuto desmonta la versión oficial y documenta ejecuciones a un metro de distancia en el sur de Gaza el 23 de marzo de 2025.

El 23 de marzo de 2025, a las 3:52 de la madrugada, dos ambulancias de la Palestine Red Crescent Society salieron hacia Al-Hashashin, cerca de Rafah, tras un bombardeo israelí. Poco después de las 4:00, una de ellas fue ametrallada. Llevaba las luces de emergencia encendidas. Murieron Mustafa Khafaja y Ezz El-Din Shaat. Un tercer sanitario, Munther Abed, sobrevivió fingiendo estar muerto.

A las 5:09, cuando un convoy de cinco vehículos claramente identificados llegó para auxiliar a sus compañeros, soldados israelíes abrieron fuego desde un terraplén elevado. En los siguientes cinco minutos y 30 segundos se registraron al menos 844 disparos. En total, la reconstrucción documenta 910 tiros. El 93% dirigidos contra ambulancias y personal sanitario. No hubo fuego de respuesta.

El resultado: 15 trabajadores humanitarios asesinados. Ocho de la Media Luna Roja, seis de Defensa Civil y uno de la agencia de la ONU para Palestina. Algunos fueron rematados a entre uno y cuatro metros. Sus cuerpos aparecieron el 30 de marzo en una fosa común, junto a vehículos aplastados por maquinaria pesada.

UNA RECONSTRUCCIÓN QUE DESMONTA LA COARTADA

La investigación conjunta de Forensic Architecture y Earshot, presentada el 24 de febrero de 2026 en Westminster, no se basa en opiniones. Se apoya en vídeos grabados por las propias víctimas, llamadas telefónicas, imágenes satelitales y testimonios de dos supervivientes. Un modelo digital inmersivo permitió situar a los soldados, calcular distancias y analizar ecos de disparos.

La técnica de ecolocalización identificó al menos cinco tiradores simultáneos, aunque los testimonios hablan de entre 12 y 30 soldados en la zona. Las posiciones estaban elevadas, con línea de visión despejada. Las ambulancias tenían luces activadas. Los uniformes eran visibles.

Los soldados dispararon durante más de dos horas sin recibir fuego enemigo. Después avanzaron caminando, disparando, hasta ejecutar a varios cooperantes a quemarropa.

La autopsia, citada por medios internacionales, señala tiros en la cabeza y el pecho. Un médico describió la colocación de los impactos como “indicativa de ejecución”.

La versión del ejército israelí cambió varias veces. Primero negó haber disparado a ambulancias. Después admitió el fuego, alegando vehículos “sospechosos sin luces”. Tras difundirse los vídeos, rectificó de nuevo. El 20 de abril de 2025 publicó una investigación interna: habló de “fallos profesionales” y “mala visibilidad nocturna”. No recomendó acciones penales. Solo una amonestación y una destitución administrativa.

Seis de los quince muertos fueron acusados póstumamente de pertenecer a Hamás, sin aportar pruebas.

ENTERRAR LOS CUERPOS, REESCRIBIR EL RELATO

Tras la matanza, excavadoras israelíes aplastaron los ocho vehículos y cubrieron los cuerpos con arena. Entre las 6:55 y las 7:13, otra llamada captó 42 disparos adicionales y el lanzamiento de un misil Spike LR. Un vehículo de la ONU fue tiroteado a las 6:00. Su conductor murió.

En los días siguientes, el lugar fue transformado. Se levantaron terraplenes de 220 y 410 metros. Después se construyó el llamado “Corredor Morag” y un centro de distribución de ayuda gestionado por la Gaza Humanitarian Foundation, respaldada por Israel y Estados Unidos. El mismo espacio donde yacían los cuerpos pasó a ser escenario de reparto de comida bajo control militar.

Jonathan Whittall, entonces alto cargo de la ONU en Palestina, participó en la exhumación. Describió cómo los sanitarios fueron encontrados con sus uniformes puestos. Katherine Gallagher, del Center for Constitutional Rights, afirmó que el caso presenta “violaciones graves del Estatuto de Roma”.

El derecho internacional humanitario obliga a proteger al personal médico. No a disparar primero y justificar después.

No es un episodio aislado. Organizaciones internacionales han documentado patrones de ataques contra personal sanitario y periodistas en Gaza desde el inicio de la ofensiva. La impunidad institucional alimenta la repetición.

El otro superviviente, Asaad Al-Nasasra, estuvo detenido 37 días en el campo de Sde Teiman, en el desierto del Néguev. Fue liberado el 29 de abril sin cargos.

La masacre ocurrió en plena reanudación de la campaña de bombardeos tras la ruptura del alto el fuego de enero de 2025. Desde entonces, la devastación sistemática ha sido denunciada por expertos en genocidio y por procedimientos abiertos en instancias internacionales.

Aquí no hablamos de un error de identificación en la niebla de la guerra. Hablamos de 844 disparos en cinco minutos contra ambulancias con luces encendidas. Hablamos de cuerpos enterrados en una fosa común y de excavadoras borrando huellas. Hablamos de un informe militar que niega ejecuciones mientras la acústica de los disparos las sitúa a un metro.

La tecnología ha reconstruido lo que la arena quiso ocultar. Y lo que queda no es ambigüedad, sino una pregunta política que atraviesa fronteras: quién arma, quién financia y quién legitima a quienes disparan contra personal sanitario.

Porque cuando la sirena de una ambulancia deja de ser un símbolo de protección y se convierte en objetivo, lo que está en juego no es solo una guerra, sino el significado mismo de humanidad.