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El caso exige investigación hasta el fondo, pero también exige no confundir un auto judicial con una condena anticipada.
LO QUE ESTÁ PROBADO
José Luis Rodríguez Zapatero está imputado desde el 19 de mayo en la Audiencia Nacional por presuntos delitos vinculados al rescate de Plus Ultra: tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental. El eje del caso es la ayuda pública de 53 millones de euros concedida a la aerolínea durante la pandemia. Eso está probado. No es opinión. Es procedimiento judicial abierto.
También está probado que el auto del juez José Luis Calama tiene 88 páginas y coloca a Zapatero en el centro de una presunta red de influencias. Habla de reuniones, mensajes, contratos, pagos y sociedades. Habla, sobre todo, de dinero. Mucho dinero. La empresa de las hijas del expresidente, Whathefav, recibió 242.423,50 euros de Análisis Relevante, sociedad vinculada a Julio Martínez Martínez, aunque el propio auto maneja otra cifra cercana: 239.755 euros. Esa diferencia ya dice algo. No exonera. Pero obliga a leer con lupa.
También aparecen pagos a Zapatero de 418.000 euros, aunque en otro punto se elevan a 490.780 euros. Whathefav ingresó 561.440 euros entre 2020 y 2025 de Inteligencia Prospectiva, sociedad de los hermanos venezolanos Amaro Chacón. La Oficina Nacional de Investigación del Fraude sostiene que esa sociedad movió más de 2,6 millones de euros en cuatro años pese a carecer de actividad real. Eso es grave. Muy grave.
Está probado, igualmente, que hubo un contrato del 19 de enero de 2021 por el que Idella, empresa de Julio Martínez, podía cobrar un 1% más IVA si Plus Ultra lograba el rescate. Traducido: unos 640.000 euros. Y está probado que existieron mensajes de directivos de Plus Ultra hablando del “pana Zapatero”, del “Grupo Zapatero” y de tener a alguien “detrás”. Esa clase de lenguaje no condena a nadie por sí solo, pero huele a cloaca empresarial. A capitalismo de pasillo. A puertas giratorias con perfume de consultoría.
LO QUE NO ESTÁ PROBADO
Lo que no está probado, al menos en lo que recoge el auto conocido, es que Zapatero diera una orden concreta a la SEPI para conceder el rescate. No aparece una prueba directa que conecte una gestión suya con la decisión final de otorgar los 53 millones. Y eso importa. Porque una cosa es que haya indicios de intermediación, pagos sospechosos y contactos turbios. Otra, muy distinta, es afirmar ya que dirigía una organización criminal como si la sentencia estuviera escrita.
El auto menciona una reunión de Zapatero con José Luis Escrivá en septiembre de 2020, cuando Plus Ultra tramitaba la ayuda y mantenía una deuda de casi medio millón con la Seguridad Social. Pero no acredita que allí se hablara del rescate. El entorno de Escrivá sostiene que la cita la pidió el entonces ministro dentro de una ronda de contactos tras la primera desescalada. Puede ser verdad. Puede no serlo. Lo que no se puede hacer es convertir una reunión sin contenido probado en una prueba completa de tráfico de influencias.
Tampoco está probado, con lo aportado públicamente, que Zapatero ordenara crear una sociedad en Dubái para ocultar dinero. El juez deduce esa posible instrucción de una comida del 26 de enero de 2021 en el restaurante Portonovo y de un correo posterior enviado por Tomás Guerrero a Julio Martínez con documentación para constituir una sociedad en Emiratos. Es un indicio. Pero es una inferencia. Y una inferencia no es una prueba cerrada.
Lo mismo ocurre con la supuesta expansión internacional de la trama. Venezuela aparece con más cuerpo: contactos, permisos de vuelo y una persona registrada como “Z”. China, en cambio, aparece casi como sombra. Una carta de intenciones enviada a la oficina de Zapatero, menciones a compradores de petróleo y poco más. Ni operación cerrada. Ni mediación acreditada. Ni beneficio concreto probado.
La derecha ya ha dictado sentencia. Como siempre. Feijóo pidió dimisiones, Vox olió sangre y parte del ecosistema mediático convirtió una imputación en condena. Sánchez respondió el 20 de mayo cerrando filas con Zapatero y descartando adelantar elecciones: dijo que habrá comicios en 2027.
Pero aquí la izquierda no puede refugiarse en el “todo es lawfare” como manta automática. Hay dinero raro, sociedades opacas, consultorías que parecen cajas negras y una aerolínea rescatada con dinero público mientras alrededor se movían comisiones, favores y contactos de alto nivel. Eso debe investigarse hasta el fondo. Sin miedo. Sin disciplina de partido. Sin convertir la presunción de inocencia en impunidad preventiva.
Lo probado basta para exigir explicaciones durísimas. Lo no probado impide dictar condenas de tertulia.
Y esa es la línea que separa el periodismo de la carnicería: investigar el poder, no sustituir al juez con espuma en la boca.
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