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Un repaso crudo a décadas de complicidades que la justicia dejó pasar
En 1979, mientras las y los promotores de Manhattan suplicaban a las autoridades que liberaran el sector del hormigón del yugo mafioso, Donald Trump sellaba su futuro rascacielos con la mezcla más cara y comprometida: el hormigón premezclado de S&A Concrete, empresa dominada por Anthony “Fat Tony” Salerno y Paul Castellano. Elegir ese material lo ataba “a la merced de una legión de mafiosos del hormigón”, advirtió el periodista Wayne Barrett, dejando claro que la obra avanzaba porque los Genovese y los Gambino controlaban tanto la fábrica como el sindicato del vertido.
Las cifras hablan por sí solas: un contrato de 8 millones de dólares en la Trump Plaza y toneladas de silencio estatal pese a los avisos del FBI. Cuando un contratista denunció que matones sindicales le pusieron un cuchillo en la garganta para exigir empleos fantasma, la obra siguió sin incidentes. La paz laboral comprada a punta de sobrecostes se convirtió en la piedra angular del “modelo Trump”.
La misma táctica se reprodujo en la demolición de los grandes almacenes Bonwit Teller. Hasta 200 polacas y polacos sin papeles—la llamada “brigada polaca”—trabajaron sin casco, sin convenio y por 4 dólares la hora, mientras el Local 95, controlado por los Genovese, miraba hacia otro lado. Un juez federal determinó en 1991 que aquello fue una “conspiración para defraudar” a las y los trabajadores. Trump lo negó todo, pero terminó pagando 325 000 dólares para sellar el caso.
DINERO FÁCIL, VIOLENCIA LATENTE Y UNA LICENCIA QUE NUNCA SE REVOCÓ
Cuando Trump cruzó el Hudson rumbo a Atlantic City, exigió que la investigación de antecedentes para obtener su licencia de casino se recortara a seis meses. El fiscal general de Nueva Jersey aceptó por miedo a perder la inversión y, con ella, los 400 millones de dólares en beneficios fiscales prometidos a la ciudad. Aquella prisa institucional ignoró dos pesquisas federales activas y el trato preferente dado al líder de los Teamsters, John Cody, quien bloqueaba camiones de hormigón a quienes no pagaban peaje mafioso. Mientras Cody cumplía condena, su amiga compraba tres apartamentos bajo el lujoso tríplex del magnate. Cualquier otra propietaria o propietario de casino habría perdido la licencia por un vínculo así; Trump salió indemne.
Ya con las puertas del juego abiertas, el empresario contrató al piloto Joseph Weichselbaum, narcotraficante confeso, para manejar sus helicópteros VIP. En 1986, Trump avaló ante el tribunal a aquel delincuente “orgulloso de su comunidad” y hasta le alquiló un piso de 7 000 dólares mensuales en la Torre Trump. La División de Control del Juego calló de nuevo: la maquinaria reguladora se negó a investigar al dueño que acababa de bendecir.
El desfile de nombres continuó. Felix Sater, hijo de un presunto capo ruso y convicto por fraude bursátil mafioso de 40 millones de dólares, pasó de inquilino en la Bayrock Group a “asesor senior” con despacho en la Torre Trump y carta blanca para impulsar la fallida Trump Tower Moscow de 2015. La frontera entre asesoría y cooptación se desdibujó con cada correo en el que prometía “poner a Putin en el programa”.
Detrás de cada operación se repite una ecuación tan antigua como el capitalismo desbocado: dinero opaco + trabajo precarizado = poder político. Las y los fiscales que conocían el engranaje prefirieron mirar a otro lado, las legisladoras y los legisladores evitaron preguntas incómodas y una prensa complaciente tardó décadas en conectar los hilos.
Las y los obreros que levantaron rascacielos bajo amenazas, las y los votantes que nunca supieron la historia completa y las y los rivales que confiaron en la justicia institucional fueron, también, víctimas de una cadena de favores que normalizó la violencia económica. Hoy sabemos que los lazos con la mafia no fueron anécdota, sino método.
El dinero compra silencios, pero la historia no olvida.
Fuentes:
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Netanyahu ya no disimula: Gaza se ocupa por porcentajes
Netanyahu ya no disimula. Gaza se está ocupando por porcentajes: primero el 52%, luego el 60%, ahora ordena avanzar hasta el 70% y, cuando el público le pide el 100%, responde con una broma: “vayamos en orden”.
Eso no es seguridad. Es desposesión administrada. Es convertir un alto el fuego en una coartada para encerrar a 2,1 millones de personas en cada vez menos territorio, mientras el mundo finge sorpresa ante una estrategia que lleva meses desplegándose delante de todos.
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Contra el racismo institucional: Ayuso intentó vender colapso y el Supremo le contestó con una palabra incómoda, pruebas
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El truco es viejo y miserable: primero deterioran lo público y luego culpan a quienes llegan buscando derechos, trabajo y una vida posible. No era gestión. Era racismo institucional con membrete oficial.
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