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Un repaso crudo a décadas de complicidades que la justicia dejó pasar
En 1979, mientras las y los promotores de Manhattan suplicaban a las autoridades que liberaran el sector del hormigón del yugo mafioso, Donald Trump sellaba su futuro rascacielos con la mezcla más cara y comprometida: el hormigón premezclado de S&A Concrete, empresa dominada por Anthony “Fat Tony” Salerno y Paul Castellano. Elegir ese material lo ataba “a la merced de una legión de mafiosos del hormigón”, advirtió el periodista Wayne Barrett, dejando claro que la obra avanzaba porque los Genovese y los Gambino controlaban tanto la fábrica como el sindicato del vertido.
Las cifras hablan por sí solas: un contrato de 8 millones de dólares en la Trump Plaza y toneladas de silencio estatal pese a los avisos del FBI. Cuando un contratista denunció que matones sindicales le pusieron un cuchillo en la garganta para exigir empleos fantasma, la obra siguió sin incidentes. La paz laboral comprada a punta de sobrecostes se convirtió en la piedra angular del “modelo Trump”.
La misma táctica se reprodujo en la demolición de los grandes almacenes Bonwit Teller. Hasta 200 polacas y polacos sin papeles—la llamada “brigada polaca”—trabajaron sin casco, sin convenio y por 4 dólares la hora, mientras el Local 95, controlado por los Genovese, miraba hacia otro lado. Un juez federal determinó en 1991 que aquello fue una “conspiración para defraudar” a las y los trabajadores. Trump lo negó todo, pero terminó pagando 325 000 dólares para sellar el caso.
DINERO FÁCIL, VIOLENCIA LATENTE Y UNA LICENCIA QUE NUNCA SE REVOCÓ
Cuando Trump cruzó el Hudson rumbo a Atlantic City, exigió que la investigación de antecedentes para obtener su licencia de casino se recortara a seis meses. El fiscal general de Nueva Jersey aceptó por miedo a perder la inversión y, con ella, los 400 millones de dólares en beneficios fiscales prometidos a la ciudad. Aquella prisa institucional ignoró dos pesquisas federales activas y el trato preferente dado al líder de los Teamsters, John Cody, quien bloqueaba camiones de hormigón a quienes no pagaban peaje mafioso. Mientras Cody cumplía condena, su amiga compraba tres apartamentos bajo el lujoso tríplex del magnate. Cualquier otra propietaria o propietario de casino habría perdido la licencia por un vínculo así; Trump salió indemne.
Ya con las puertas del juego abiertas, el empresario contrató al piloto Joseph Weichselbaum, narcotraficante confeso, para manejar sus helicópteros VIP. En 1986, Trump avaló ante el tribunal a aquel delincuente “orgulloso de su comunidad” y hasta le alquiló un piso de 7 000 dólares mensuales en la Torre Trump. La División de Control del Juego calló de nuevo: la maquinaria reguladora se negó a investigar al dueño que acababa de bendecir.
El desfile de nombres continuó. Felix Sater, hijo de un presunto capo ruso y convicto por fraude bursátil mafioso de 40 millones de dólares, pasó de inquilino en la Bayrock Group a “asesor senior” con despacho en la Torre Trump y carta blanca para impulsar la fallida Trump Tower Moscow de 2015. La frontera entre asesoría y cooptación se desdibujó con cada correo en el que prometía “poner a Putin en el programa”.
Detrás de cada operación se repite una ecuación tan antigua como el capitalismo desbocado: dinero opaco + trabajo precarizado = poder político. Las y los fiscales que conocían el engranaje prefirieron mirar a otro lado, las legisladoras y los legisladores evitaron preguntas incómodas y una prensa complaciente tardó décadas en conectar los hilos.
Las y los obreros que levantaron rascacielos bajo amenazas, las y los votantes que nunca supieron la historia completa y las y los rivales que confiaron en la justicia institucional fueron, también, víctimas de una cadena de favores que normalizó la violencia económica. Hoy sabemos que los lazos con la mafia no fueron anécdota, sino método.
El dinero compra silencios, pero la historia no olvida.
Fuentes:
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González Amador y el negocio privado junto al poder público que Ayuso no podrá justificar jamás
Entre 2021 y 2023, Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ganó una media de casi 1,5 millones de euros al año. No está mal para un “ciudadano cualquiera”. Tampoco está mal que esos fueran, precisamente, los primeros años de su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Casualidades. Siempre casualidades. En Madrid parece que la suerte empresarial cae del cielo, pero solo en ciertos áticos, ciertos despachos y ciertas sociedades con nombres pulidos.
González Amador había creado su consultora en 2016. Al año siguiente empezó a hacer auditorías para Quirónprevención. Entonces sus facturaciones estaban por debajo de los 400.000 euros. Después vino el salto. Y no un salto pequeño. Un salto de esos que en cualquier democracia mínimamente higiénica obligaría a abrir ventanas, expedientes y preguntas públicas. Porque Quirón recibe cada año alrededor de 1.000 millones de euros por su cooperación hospitalaria en la Comunidad de Madrid. Ahí está la línea de puntos. No hace falta ser detective. Basta con no querer mirar hacia otro lado.
¿Ha cruzado Peinado la última línea?
El juez Juan Carlos Peinado ha vuelto a hacer lo que mejor define esta instrucción: estirar el caso hasta convertirlo en un espectáculo político con toga. El 20 de junio, el magistrado envió a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le impuso medidas cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional y comparecencia quincenal en el juzgado. Hasta ahí, el repertorio habitual de una causa que lleva demasiado tiempo oliendo más a obsesión que a justicia.
Pero esta vez Peinado fue más lejos. Mucho más lejos. En su auto llegó a sugerir que los agentes encargados de escoltar a Begoña Gómez podrían, “bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos”, colaborar en una hipotética fuga. Es decir, el juez no solo dibuja a la investigada como alguien que podría escapar. Dibuja también a policías nacionales como posibles cómplices. Sin una prueba concreta encima de la mesa. Sin individualizar conductas. Sin indicios determinados. Una sombra lanzada sobre servidores públicos porque sí. Porque encaja en el relato.
Israel mata al cámara Ahmed Wishah y vuelve a llamar “terrorista” al periodista muerto
El cámara de Al Jazeera Ahmed Wishah fue asesinado el 20 de junio en un ataque aéreo israelí contra una vivienda del campo de refugiados de Bureij, en el centro de Gaza. No murió en una abstracción bélica. No cayó en “daños colaterales”. Fue alcanzado por un bombardeo en una casa de un campo de refugiados, uno de esos lugares donde la palabra refugio ya suena a burla cruel cuando la maquinaria militar israelí decide que no hay techo, calle, hospital, escuela, convoy, tienda de campaña ni cámara que merezca seguir en pie.
Según Al Jazeera, en el ataque murieron dos personas y al menos otra persona palestina resultó herida. La cadena fue directa: condenó el “asesinato deliberado” de Ahmed Wishah, trabajador de Al Jazeera Mubasher, y recordó que es el 12º trabajador de la red asesinado en Gaza desde que comenzó la guerra genocida de Israel en octubre de 2023. Doce trabajadores de un mismo medio muertos. Doce. Luego vendrán los portavoces con su jerga de expediente, sus frases prefabricadas y sus acusaciones sin pruebas. Pero el dato queda ahí, como una losa sobre la conciencia de un mundo que mira demasiado y actúa demasiado poco.
Vídeo | Estrenamos este domingo la segunda parte del reportaje “Palestina y la historia que quieren borrar”
Spanish Revolution estrena este domingo a las 15:00 la segunda parte de “Palestina y la historia que quieren borrar”, el reportaje dirigido y presentado por Patricia Salvador dentro de #ReportajesSR, el proyecto audiovisual dirigido por Patricia Salvador y Lea Guggelman.
Bajo el título “La Nakba eterna”, esta nueva entrega continúa el recorrido iniciado en el primer capítulo, donde se abordaba la Nakba para desmontar la mentira de que la historia de Palestina comienza el 7 de octubre.
Vídeo | El turismo que saquea las ciudades mientras sonríe para la foto
El turismo urbano ya no puede seguir vendiéndose como una postal amable, una maleta con ruedas y una pareja haciéndose fotos frente a una fachada histórica. En demasiadas ciudades se ha convertido en otra cosa. En una forma educada de saqueo. Entra sonriendo, paga tres noches, deja propina si toca, sube una historia a Instagram y se marcha. Lo que queda detrás no sale en la foto: alquileres imposibles, vecinas expulsadas, comercios de barrio sustituidos por locales sin alma y calles que ya no pertenecen a quienes las habitan.
No es turismo. Es extracción.
Era de preveer,la procedencia de du fortuna,sus actos lo delatan…