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«Si uno de los nuestros comete una atrocidad, tenemos que actuar», afirma el abogado Michael Mansfield KC
El 22 de abril de 2025, uno de los principales abogados de derechos humanos del Reino Unido, Michael Mansfield KC, ha presentado una denuncia de 240 páginas ante la unidad de crímenes de guerra de Scotland Yard. El documento, elaborado durante seis meses por un equipo jurídico con base en Londres y La Haya, acusa a diez ciudadanos británicos que combatieron con el ejército israelí en Gaza de haber cometido crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad entre octubre de 2023 y mayo de 2024.
No se trata de una simple denuncia simbólica. Se trata de evidencias directas de asesinatos selectivos de civiles, ataques a hospitales y lugares protegidos, profanación de cadáveres y desplazamientos forzosos, tal y como establece el informe. Hay testimonios que relatan cómo un bulldozer pasó por encima de un cuerpo sin vida en el patio de un hospital, donde se cavó una fosa común, mientras otros cadáveres yacían por el suelo entre ruinas de instalaciones médicas.
En palabras de Sean Summerfield, abogado del equipo de Doughty Street Chambers que ha coordinado la elaboración del expediente, hay «evidencias creíbles de que ciudadanos británicos han participado directamente en algunas de esas atrocidades». Según la legislación británica, la Sección 51 del International Criminal Court Act de 2001 establece que todo ciudadano británico puede ser procesado por genocidio, crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra, independientemente de dónde los haya cometido.
Y sin embargo, el silencio institucional es ensordecedor. No se han revelado los nombres de los implicados, algunos de ellos con rango de oficial y nacionalidad doble. Tampoco se han tomado medidas preventivas. Mientras tanto, más de 50.000 personas han sido asesinadas en Gaza, la mayoría civiles, según cifras documentadas por organizaciones palestinas de derechos humanos.
La investigación, respaldada por el Palestinian Centre for Human Rights (PCHR) y el Public Interest Law Centre (PILC), es una respuesta directa a la complicidad occidental. “No podemos detener a los gobiernos extranjeros, pero sí podemos impedir que nuestros ciudadanos participen en crímenes internacionales”, declaró Mansfield. La impunidad no puede seguir siendo la norma cuando las víctimas son palestinas.
La ley internacional exige responsabilidades y el Reino Unido no puede seguir lavándose las manos ante los hechos.
GAZA: ESCENARIO DE ATROCIDADES Y SILENCIOS COMPLICES
Israel continúa negando cualquier acusación de crímenes de guerra, aferrándose al relato de defensa frente al ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, en el que murieron 1.200 personas, también en su mayoría civiles. Pero la dimensión y brutalidad de la represalia israelí trasciende toda proporción y todo marco legal humanitario. El informe señala ataques sistemáticos a zonas residenciales, hospitales, monumentos históricos y lugares religiosos. Habla de una política de exterminio encubierta bajo la retórica de seguridad nacional.
El documento está basado en fuentes abiertas y testimonios presenciales, lo que refuerza su solidez jurídica y evidencia la falta de voluntad política para actuar. “El público se va a escandalizar al saber que hay británicos involucrados directamente en estos crímenes”, afirma Summerfield. Pero ese escándalo tiene que traducirse en justicia, no en notas diplomáticas vacías ni comunicados que lavan la cara del Estado.
Raji Sourani, director del PCHR, lo deja claro: “Esto es ilegal, esto es inhumano y ya basta”. El PILC, por su parte, subraya que esta denuncia pretende dejar claro que estos crímenes no se cometen en nombre del pueblo británico. No es una cuestión de diplomacia. Es una cuestión de derecho penal internacional.
Mientras el Reino Unido se suma a las potencias occidentales que blindan a Israel ante cualquier reproche, sus propios ciudadanos se alistan, combaten y, según el informe, asesinan con uniforme extranjero, pero bajo la protección jurídica de su pasaporte británico. Y eso tiene que acabar.
Decenas de juristas y expertas en derechos humanos han respaldado la denuncia con una carta pública al equipo de crímenes de guerra de Scotland Yard, reclamando que se investigue y se actúe.
La complicidad con el genocidio no puede escudarse en la ciudadanía.
La ley está escrita. Solo falta que alguien la haga cumplir.
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González Amador y el negocio privado junto al poder público que Ayuso no podrá justificar jamás
Entre 2021 y 2023, Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ganó una media de casi 1,5 millones de euros al año. No está mal para un “ciudadano cualquiera”. Tampoco está mal que esos fueran, precisamente, los primeros años de su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Casualidades. Siempre casualidades. En Madrid parece que la suerte empresarial cae del cielo, pero solo en ciertos áticos, ciertos despachos y ciertas sociedades con nombres pulidos.
González Amador había creado su consultora en 2016. Al año siguiente empezó a hacer auditorías para Quirónprevención. Entonces sus facturaciones estaban por debajo de los 400.000 euros. Después vino el salto. Y no un salto pequeño. Un salto de esos que en cualquier democracia mínimamente higiénica obligaría a abrir ventanas, expedientes y preguntas públicas. Porque Quirón recibe cada año alrededor de 1.000 millones de euros por su cooperación hospitalaria en la Comunidad de Madrid. Ahí está la línea de puntos. No hace falta ser detective. Basta con no querer mirar hacia otro lado.
¿Ha cruzado Peinado la última línea?
El juez Juan Carlos Peinado ha vuelto a hacer lo que mejor define esta instrucción: estirar el caso hasta convertirlo en un espectáculo político con toga. El 20 de junio, el magistrado envió a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le impuso medidas cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional y comparecencia quincenal en el juzgado. Hasta ahí, el repertorio habitual de una causa que lleva demasiado tiempo oliendo más a obsesión que a justicia.
Pero esta vez Peinado fue más lejos. Mucho más lejos. En su auto llegó a sugerir que los agentes encargados de escoltar a Begoña Gómez podrían, “bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos”, colaborar en una hipotética fuga. Es decir, el juez no solo dibuja a la investigada como alguien que podría escapar. Dibuja también a policías nacionales como posibles cómplices. Sin una prueba concreta encima de la mesa. Sin individualizar conductas. Sin indicios determinados. Una sombra lanzada sobre servidores públicos porque sí. Porque encaja en el relato.
Israel mata al cámara Ahmed Wishah y vuelve a llamar “terrorista” al periodista muerto
El cámara de Al Jazeera Ahmed Wishah fue asesinado el 20 de junio en un ataque aéreo israelí contra una vivienda del campo de refugiados de Bureij, en el centro de Gaza. No murió en una abstracción bélica. No cayó en “daños colaterales”. Fue alcanzado por un bombardeo en una casa de un campo de refugiados, uno de esos lugares donde la palabra refugio ya suena a burla cruel cuando la maquinaria militar israelí decide que no hay techo, calle, hospital, escuela, convoy, tienda de campaña ni cámara que merezca seguir en pie.
Según Al Jazeera, en el ataque murieron dos personas y al menos otra persona palestina resultó herida. La cadena fue directa: condenó el “asesinato deliberado” de Ahmed Wishah, trabajador de Al Jazeera Mubasher, y recordó que es el 12º trabajador de la red asesinado en Gaza desde que comenzó la guerra genocida de Israel en octubre de 2023. Doce trabajadores de un mismo medio muertos. Doce. Luego vendrán los portavoces con su jerga de expediente, sus frases prefabricadas y sus acusaciones sin pruebas. Pero el dato queda ahí, como una losa sobre la conciencia de un mundo que mira demasiado y actúa demasiado poco.
Vídeo | Estrenamos este domingo la segunda parte del reportaje “Palestina y la historia que quieren borrar”
Spanish Revolution estrena este domingo a las 15:00 la segunda parte de “Palestina y la historia que quieren borrar”, el reportaje dirigido y presentado por Patricia Salvador dentro de #ReportajesSR, el proyecto audiovisual dirigido por Patricia Salvador y Lea Guggelman.
Bajo el título “La Nakba eterna”, esta nueva entrega continúa el recorrido iniciado en el primer capítulo, donde se abordaba la Nakba para desmontar la mentira de que la historia de Palestina comienza el 7 de octubre.
Vídeo | El turismo que saquea las ciudades mientras sonríe para la foto
El turismo urbano ya no puede seguir vendiéndose como una postal amable, una maleta con ruedas y una pareja haciéndose fotos frente a una fachada histórica. En demasiadas ciudades se ha convertido en otra cosa. En una forma educada de saqueo. Entra sonriendo, paga tres noches, deja propina si toca, sube una historia a Instagram y se marcha. Lo que queda detrás no sale en la foto: alquileres imposibles, vecinas expulsadas, comercios de barrio sustituidos por locales sin alma y calles que ya no pertenecen a quienes las habitan.
No es turismo. Es extracción.