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«Si uno de los nuestros comete una atrocidad, tenemos que actuar», afirma el abogado Michael Mansfield KC
El 22 de abril de 2025, uno de los principales abogados de derechos humanos del Reino Unido, Michael Mansfield KC, ha presentado una denuncia de 240 páginas ante la unidad de crímenes de guerra de Scotland Yard. El documento, elaborado durante seis meses por un equipo jurídico con base en Londres y La Haya, acusa a diez ciudadanos británicos que combatieron con el ejército israelí en Gaza de haber cometido crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad entre octubre de 2023 y mayo de 2024.
No se trata de una simple denuncia simbólica. Se trata de evidencias directas de asesinatos selectivos de civiles, ataques a hospitales y lugares protegidos, profanación de cadáveres y desplazamientos forzosos, tal y como establece el informe. Hay testimonios que relatan cómo un bulldozer pasó por encima de un cuerpo sin vida en el patio de un hospital, donde se cavó una fosa común, mientras otros cadáveres yacían por el suelo entre ruinas de instalaciones médicas.
En palabras de Sean Summerfield, abogado del equipo de Doughty Street Chambers que ha coordinado la elaboración del expediente, hay «evidencias creíbles de que ciudadanos británicos han participado directamente en algunas de esas atrocidades». Según la legislación británica, la Sección 51 del International Criminal Court Act de 2001 establece que todo ciudadano británico puede ser procesado por genocidio, crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra, independientemente de dónde los haya cometido.
Y sin embargo, el silencio institucional es ensordecedor. No se han revelado los nombres de los implicados, algunos de ellos con rango de oficial y nacionalidad doble. Tampoco se han tomado medidas preventivas. Mientras tanto, más de 50.000 personas han sido asesinadas en Gaza, la mayoría civiles, según cifras documentadas por organizaciones palestinas de derechos humanos.
La investigación, respaldada por el Palestinian Centre for Human Rights (PCHR) y el Public Interest Law Centre (PILC), es una respuesta directa a la complicidad occidental. “No podemos detener a los gobiernos extranjeros, pero sí podemos impedir que nuestros ciudadanos participen en crímenes internacionales”, declaró Mansfield. La impunidad no puede seguir siendo la norma cuando las víctimas son palestinas.
La ley internacional exige responsabilidades y el Reino Unido no puede seguir lavándose las manos ante los hechos.
GAZA: ESCENARIO DE ATROCIDADES Y SILENCIOS COMPLICES
Israel continúa negando cualquier acusación de crímenes de guerra, aferrándose al relato de defensa frente al ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, en el que murieron 1.200 personas, también en su mayoría civiles. Pero la dimensión y brutalidad de la represalia israelí trasciende toda proporción y todo marco legal humanitario. El informe señala ataques sistemáticos a zonas residenciales, hospitales, monumentos históricos y lugares religiosos. Habla de una política de exterminio encubierta bajo la retórica de seguridad nacional.
El documento está basado en fuentes abiertas y testimonios presenciales, lo que refuerza su solidez jurídica y evidencia la falta de voluntad política para actuar. “El público se va a escandalizar al saber que hay británicos involucrados directamente en estos crímenes”, afirma Summerfield. Pero ese escándalo tiene que traducirse en justicia, no en notas diplomáticas vacías ni comunicados que lavan la cara del Estado.
Raji Sourani, director del PCHR, lo deja claro: “Esto es ilegal, esto es inhumano y ya basta”. El PILC, por su parte, subraya que esta denuncia pretende dejar claro que estos crímenes no se cometen en nombre del pueblo británico. No es una cuestión de diplomacia. Es una cuestión de derecho penal internacional.
Mientras el Reino Unido se suma a las potencias occidentales que blindan a Israel ante cualquier reproche, sus propios ciudadanos se alistan, combaten y, según el informe, asesinan con uniforme extranjero, pero bajo la protección jurídica de su pasaporte británico. Y eso tiene que acabar.
Decenas de juristas y expertas en derechos humanos han respaldado la denuncia con una carta pública al equipo de crímenes de guerra de Scotland Yard, reclamando que se investigue y se actúe.
La complicidad con el genocidio no puede escudarse en la ciudadanía.
La ley está escrita. Solo falta que alguien la haga cumplir.
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