«Si uno de los nuestros comete una atrocidad, tenemos que actuar», afirma el abogado Michael Mansfield KC
El 22 de abril de 2025, uno de los principales abogados de derechos humanos del Reino Unido, Michael Mansfield KC, ha presentado una denuncia de 240 páginas ante la unidad de crímenes de guerra de Scotland Yard. El documento, elaborado durante seis meses por un equipo jurídico con base en Londres y La Haya, acusa a diez ciudadanos británicos que combatieron con el ejército israelí en Gaza de haber cometido crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad entre octubre de 2023 y mayo de 2024.
No se trata de una simple denuncia simbólica. Se trata de evidencias directas de asesinatos selectivos de civiles, ataques a hospitales y lugares protegidos, profanación de cadáveres y desplazamientos forzosos, tal y como establece el informe. Hay testimonios que relatan cómo un bulldozer pasó por encima de un cuerpo sin vida en el patio de un hospital, donde se cavó una fosa común, mientras otros cadáveres yacían por el suelo entre ruinas de instalaciones médicas.
En palabras de Sean Summerfield, abogado del equipo de Doughty Street Chambers que ha coordinado la elaboración del expediente, hay «evidencias creíbles de que ciudadanos británicos han participado directamente en algunas de esas atrocidades». Según la legislación británica, la Sección 51 del International Criminal Court Act de 2001 establece que todo ciudadano británico puede ser procesado por genocidio, crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra, independientemente de dónde los haya cometido.
Y sin embargo, el silencio institucional es ensordecedor. No se han revelado los nombres de los implicados, algunos de ellos con rango de oficial y nacionalidad doble. Tampoco se han tomado medidas preventivas. Mientras tanto, más de 50.000 personas han sido asesinadas en Gaza, la mayoría civiles, según cifras documentadas por organizaciones palestinas de derechos humanos.
La investigación, respaldada por el Palestinian Centre for Human Rights (PCHR) y el Public Interest Law Centre (PILC), es una respuesta directa a la complicidad occidental. “No podemos detener a los gobiernos extranjeros, pero sí podemos impedir que nuestros ciudadanos participen en crímenes internacionales”, declaró Mansfield. La impunidad no puede seguir siendo la norma cuando las víctimas son palestinas.
La ley internacional exige responsabilidades y el Reino Unido no puede seguir lavándose las manos ante los hechos.
GAZA: ESCENARIO DE ATROCIDADES Y SILENCIOS COMPLICES
Israel continúa negando cualquier acusación de crímenes de guerra, aferrándose al relato de defensa frente al ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, en el que murieron 1.200 personas, también en su mayoría civiles. Pero la dimensión y brutalidad de la represalia israelí trasciende toda proporción y todo marco legal humanitario. El informe señala ataques sistemáticos a zonas residenciales, hospitales, monumentos históricos y lugares religiosos. Habla de una política de exterminio encubierta bajo la retórica de seguridad nacional.
El documento está basado en fuentes abiertas y testimonios presenciales, lo que refuerza su solidez jurídica y evidencia la falta de voluntad política para actuar. “El público se va a escandalizar al saber que hay británicos involucrados directamente en estos crímenes”, afirma Summerfield. Pero ese escándalo tiene que traducirse en justicia, no en notas diplomáticas vacías ni comunicados que lavan la cara del Estado.
Raji Sourani, director del PCHR, lo deja claro: “Esto es ilegal, esto es inhumano y ya basta”. El PILC, por su parte, subraya que esta denuncia pretende dejar claro que estos crímenes no se cometen en nombre del pueblo británico. No es una cuestión de diplomacia. Es una cuestión de derecho penal internacional.
Mientras el Reino Unido se suma a las potencias occidentales que blindan a Israel ante cualquier reproche, sus propios ciudadanos se alistan, combaten y, según el informe, asesinan con uniforme extranjero, pero bajo la protección jurídica de su pasaporte británico. Y eso tiene que acabar.
Decenas de juristas y expertas en derechos humanos han respaldado la denuncia con una carta pública al equipo de crímenes de guerra de Scotland Yard, reclamando que se investigue y se actúe.
La complicidad con el genocidio no puede escudarse en la ciudadanía.
La ley está escrita. Solo falta que alguien la haga cumplir.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
A FONDO: ¿Quién GANA con el CAOS en CEUTA? #Reportaje SR
¿Qué ocurre cuando las personas dejan de ser tratadas como seres humanos y pasan a utilizarse como herramientas políticas? En este nuevo #ReportajeSR de Spanish Revolution, Léa Gugelmann analiza a fondo la…
THUNDERFORGE – El PENTÁGONO se echa en manos de la INTELIGENCIA ARTÍFICIAL #ReportajeS
El Pentágono ha dado un paso sin precedentes: poner la toma de decisiones y la estrategia militar en manos de la inteligencia artificial. Patricia Salvador te cuenta en este #ReportajeSR cómo, a…